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Ley Que Prohibe El Uso De Celulares En La Escuela En Mexico?

Esto consiste en que, las personas de 12 a 15 años de edad no puedan hacer uso del móvil, después de las 21:00 horas y los jóvenes de 16 a 18 años, se les limite el uso hasta las 22:00 horas ; así mismo, el uso de pantallas debe restringirse a 60 minutos diarios en días de clase y 90 minutos diarios en periodo

¿Cuál es la ley que prohibe el uso de celulares en los colegios?

Colegios pueden regular el uso de teléfonos celulares, pero no prohibirlos

El uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes es un tema que debe ser reglamentado en los manuales de convivencia de los colegios, pero no prohibirlos, pues ellos pueden servir como herramienta en los procesos de desarrollo académico, indicó el Ministerio de Educación.Así las cosas, se deben establecer de manera clara las conductas que podrían afectar la convivencia escolar respecto del uso del teléfono, las sanciones que se impondrán, así como las garantías del debido proceso a las que tienen derecho el estudiante. La Corte Constitucional, en Sentencia T-967 del 2001, señaló que si bien las instituciones educativas tienen la autonomía para establecer las reglas que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad educativa, también deben regular dichas relaciones mediante reglas claras sobre el comportamiento que se espera de sus miembros, así como otorgar las garantías del debido proceso en el ámbito disciplinario.De otra parte, señaló la entidad, de acuerdo con la, por la cual se autoriza el uso de dispositivos móviles en entornos escolares, corresponde a la cartera de educación formular, implementar, seguir y evaluar las orientaciones técnicas para el uso de las herramientas de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) por parte de los menores de edad en entornos escolares, para los niveles de preescolar, básica y media.

No ha sido expedida regulación sobre el tema, pero las áreas técnicas encargadas están adelantando las respectivas mesas de trabajo que permitan su elaboración y posterior expedición. Además, es importante señalar que el uso adecuado de las herramientas tecnológicas es una responsabilidad compartida entre el Estado, los establecimientos educativos y los padres de familia,

¿Qué artículo prohibe el uso de celular?

El decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de dicho ordenamiento, contempla que únicamente se permitirán las llamadas por teléfono celular mediante el uso de tecnologías como manos libres.

¿Por qué se prohibe el uso del celular en el aula?

Una ley pone en jaque el uso de celulares y tablets en los colegios El 23 de noviembre, el representante a la Cámara por Boyacá Rodrigo Rojas se grabó a sí mismo a las afueras del Congreso de la República: en un video de 47 segundos le anunció al país la aprobación del proyecto de ley «Entornos seguros de aprendizaje» con el que pretende regular el uso de dispositivos tecnológicos personales –celulares y tablets– en los salones de clase de escuelas y colegios.

  1. La iniciativa comenzó su camino por los vericuetos legislativos en agosto de 2018.
  2. Sin embargo, la contingencia del covid-19 la archivó, a pesar de contar con el visto bueno en Cámara y Senado.
  3. A principios de junio de 2021, Rojas la radicó de nuevo.
  4. Esta vez fue la vencida: el articulado recibió el respaldo de los legisladores.

Por el momento, falta la firma del presidente Iván Duque para que la norma sea ley. Antes de final de año –piensa Rojas– lo será. Parte de los argumentos a favor de la propuesta fue tomada por el político del trabajo académico «Riesgos y potencialidades del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación», realizado en 2017 por el Grupo de Investigación en Comunicación y Estudios Culturales de Eafit.

Las pesquisas ofrecieron datos interesantes, dicientes: a la sazón el 41 % de los niños en Colombia navegó en exceso por internet mientras el 35 % vio contenido sexualmente explícito y el 20 % recibió mensajes con contenido sexual. Aunque no hay registros recientes, muchos de los entrevistados para esta nota coinciden que se disparó la cantidad de tiempo de los adolescentes en el mundo virtual.

El avance de la tecnología –veloz, imparable– casi nunca coincide con las normas y las convenciones para evitar sus riesgos. «Una docente de la Universidad de Harvard decía que así como debíamos asimilar los avances tecnológicos, también teníamos que avanzar en términos de legislación para prevenir los riesgos que conlleva este avance», responde el representante Rojas al ser preguntado por el origen del proyecto.

Silvana de Pía, rectora del Colegio Bilingüe Leonardo Da Vinci, es tajante: «Para mí, el proyecto se demoró mucho». Y, en seguida, cuenta que Italia hace años reglamentó el uso del celular en los espacios educativos. ¿Prohibir o regular? A primera vista, la tarea de restringir la presencia de los dispositivos móviles en cualquier sitio es ir contra el río del tiempo.

No obstante, algunas instituciones educativas lo han hecho con éxito. En el claustro regentado por de Pía hay una caja en la entrada para depositarlos al inicio de la jornada y recogerlos al final. «No hay necesidad del celular. Es un lujo que entorpece la atención de los muchachos».

Una experiencia similar viven los estudiantes de la institución educativa Tomás Carrasquilla, de Medellín. Andrea Gutiérrez –docente de ciencias naturales en dicho colegio– tampoco cree necesario el celular en las aulas: «En nuestra institución nunca hemos permitido el uso de celulares, desde siempre».

Ambas coinciden en calificarlo de distractor en el proceso educativo. «En la clase no es correcto usar el celular porque los estudiantes no tienen la suficiente madurez y capacidad para manejar los tiempos», dice Gutiérrez. Además de causante de la falta de concentración, lo consideran una barrera para la interacción entre los compañeros.

De alguna manera, ambas chulean la propuesta legislativa. Por su parte, Jaime Pinzón –profesor del Antonio José de Sucre, de Itagüí– lee con luz distinta la incidencia del móvil en el proceso formativo. En lugar de proscribirlo, lo suma a sus metodologías de enseñanza. «El celular permite que los jóvenes puedan consultar, profundizar, participar de manera diferente y eso hace, inclusive, que algunos se motiven».

Eso sí, aclara de inmediato, la compañía del profesor y la claridad en los acuerdos son vitales para no sucumbir a las salidas fáciles de la internet. «Se requiere de mucho control, mucha dirección de grupo en el momento que se utiliza y unos acuerdos muy específicos».

Aún más, no soslaya la responsabilidad de los padres de familia y de la planta docente en el uso desmedido de las redes sociales: «Si el joven se distrae es porque sus intereses están en otro lado. Ya no es problema de la tecnología sino del joven y del docente». La pregunta vital del asunto es la de ¿cómo enseñarles a generaciones crecidas con las narrativas de la web? El futuro inmediato En todo caso, una vez la firma presidencial refrende la ley «Entornos seguros de aprendizaje», el Ministerio de Educación Nacional tendrá seis meses para ajustar los detalles de su puesta en marcha: modificaciones de los manuales de convivencia y lineamiento generales.

Tal cosa no se traducirá en el destierro de los celulares y de las tablets de los pupitres y los patios de recreo. La telefonía móvil –expresa el parágrafo del artículo cuatro del texto legislativo– solo en casos excepcionales y en determinados horarios podrá ser vedada de tajo.

  • Lo de verdad importante –según el representante Rojas y los maestros consultados– es la consciencia de la responsabilidad compartida en «el uso adecuado de las herramientas tecnológicas».
  • Para Rojas la importancia del proyecto radica en que «abrió el debate frente a la responsabilidad que deben tener los padres de familia en el buen uso de estas herramientas.

Muchas veces los padres delegan su papel en este tipo de herramientas». La ausencia de un contexto propicio para la formación integral de la ciudadanía del futuro es una realidad palpable para los docentes. «La comunidad educativa necesita una mayor participación de los padres», concluye Pinzón. Periodista, Magíster en Estudios Literarios. Lector, caminante. Hincha del Deportes Quindío. : Una ley pone en jaque el uso de celulares y tablets en los colegios

¿Qué hacer cuando te quitan el celular en el colegio?

Cada centro decide – La gran duda es saber si un profesor está en posición de quitar el móvil a un alumno. En España, a nivel general, no está regulado el uso de dispositivos electrónicos personales en el aula, La consejería de educación de cada Comunidad Autónoma e incluso cada centro, pueden decidir sus propias políticas.

  1. Básicamente, con esto queremos dejar claro que cada colegio o centro educativo puede prohibir que los alumnos utilicen estos dispositivos en las aulas,
  2. Por lo general, esta norma la establecen dentro de sus propias normativas.
  3. Incluso, si el propio centro no prohíbe que los alumnos lo utilicen, el docente sí podrá hacerlo siempre y cuando sea dentro de sus clases.

En cambio, si no está vetado su uso, el profesor no podrá requisárselo al alumno. Solamente tendrá esa autoridad cuando esa medida esté establecida dentro de la normativa interna del colegio. Es decir, si dentro de la normativa del centro educativo se establece la prohibición del uso de cualquier dispositivo, incluyendo a los smartphones, cualquier profesor que vea un terminal podrás confiscarlo si quiere.

¿Qué es la ley 2170?

Última actualización: 31 de diciembre de 2022 Derechos de autor reservados – Prohibida su reproduccin

LEY 2170 DE 2021 (diciembre 29) Diario Oficial No.51.902 de 29 de diciembre de 2021 PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA Por medio de la cual se dictan disposiciones frente al uso de herramientas tecnológicas en los establecimientos educativos EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DECRETA: ARTÍCULO 1o. ARTÍCULO 2o. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional, formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las orientaciones técnicas para el uso de las herramientas de tecnologías de información y comunicaciones por parte de los niños, niñas y adolescentes en los entornos escolares, para los niveles de preescolar, básica y media. ARTÍCULO 3o. DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Corresponde a las instituciones educativas adoptar los lineamientos y reglamentaciones de la presente ley que expida el Ministerio de Educación y de forma complementaria las Secretarías de Educación territoriales.

  1. Las modificaciones a los manuales de convivencia se harán en los términos que establece la Ley General de Educación Ley 115 de 1994, la Ley 1620 de 2013 y la reglamentación que expida el Ministerio de Educación Nacional.
  2. Las instituciones educativas deberán establecer en el marco de los acuerdos de convivencia escolar, mecanismos para dar un uso adecuado a los dispositivos móviles en diversos entornos escolares, a fin de garantizar que el uso de las herramientas tecnológicas y los dispositivos móviles faciliten procesos de aprendizaje, de participación y de cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional reglamentará lo relacionado con las modificaciones a los manuales de convivencia y dará los lineamientos necesarios para que allí se incorporen las disposiciones necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente ley. ARTÍCULO 4o. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA. El uso adecuado de las herramientas de las tecnológicas es una responsabilidad compartida entre el Estado, los establecimientos educativos y los padres de familia. La reglamentación de esta ley, a cargo del Ministerio de Educación Nacional, deberá incluir a todos los actores involucrados en la educación de los niños, niñas y adolescentes y su adopción estarán a cargo de las instituciones educativas en los niveles de preescolar, básica y media.

  1. PARÁGRAFO.
  2. De forma excepcional, previo aval del Comité Escolar de Convivencia y del Consejo de Directivos, se podrá restringir el uso de dispositivos de telefonía móvil a determinados horarios o lugares.
  3. Lo anterior, con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante situaciones de riesgo relacionados con el uso de dispositivos tecnológicos y de comunicaciones.

En cualquier caso, se garantizará el derecho a la comunicación que establece la libre opción que tiene toda persona de establecer contacto con otras mediante el uso directo del lenguaje, la escritura o los símbolos, o por aplicación de las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones. ARTÍCULO 5o. SANCIONES. Ante el incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley se estará sujeto a lo contemplado en los artículos 35 a 39 de la Ley 1620 de 2013. ARTÍCULO 6o. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. El Presidente del Honorable Senado de la República, Juan Diego Gómez Jiménez. El Secretario General del Honorable Senado de la República, Gregorio Eljach Pacheco.

  • La Presidente de la Honorable Cámara de Representantes, Jennifer Kristin Arias Falla.
  • El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes, Jorge Humberto Mantilla Serrano.
  • REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL Dada en Bogotá, D.C., a 29 de diciembre de 2021.
  • IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
  • La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama Rojas.

La Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González. Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda. «Leyes desde 1992 – Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad» ISSN Última actualización: 31 de diciembre de 2022 Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentacin y disposicin de la compilacin estn protegidas por las normas sobre derecho de autor.

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¿Cuál es la ley 2170?

Ley 2170 de 2021, por medio de la cual se dictan disposiciones frente al uso de herramientas tecnológicas en los establecimientos educativos.

¿Qué dice la ley sobre el uso del celular?

¿Dónde debo llevar mi teléfono si voy manejando? – De acuerdo con el nuevo reglamento, ya no podrás llevar tu celular en cualquier parte del auto:

Tu teléfono o cualquier otro dispositivo electrónico o digital deberán ir en un lugar que impida su desplazamiento durante la marcha o su proyección en caso de accidente. Donde sitúes tu teléfono o tablet, no debe obstaculizar la visión del panel de instrumentos del vehículo, ni tu visión directa como conductor, así como tampoco interferir con la operación segura del vehículo.

¿Cuáles son las sanciones por usar el celular mientras manejas?

¿Cuál es la multa por conducir hablando por celular en 2023? – La multa por infringir esta ordenanza, de acuerdo con las modificaciones que se hicieron al Reglamento de Tránsito de la CDMX, puede variar entre 30 a 35 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente ($3,112.2 a $3,630.9) y contempla, además, una penalización de 3 puntos en la licencia de conducir,

¿Qué dice la ley sobre el uso del celular en el trabajo?

Si bien se trata de un fenómeno social sumamente relevante, no existe en nuestra legislación laboral una normativa que regule el uso de nuevas tecnologías ni muchos menos las redes sociales, sea Facebook, Twitter, Instagram u otras plataformas.

¿Qué pasaría si se les prohibe utilizar el celular los niños y adolescentes?

Aislamiento social – Los niños se aislan de su entorno social. Su uso sin control puede generar dificultad para relacionarse con otros niños o para adaptarse a diferentes entornos. Psicólogos clínicos recomiendan a los padres ejercer una supervisión.

¿Cómo afecta el uso del celular en el colegio?

El uso exagerado del celular sí origina una adicción La medida legal busca prevenir la distracción de los niños y los adolescentes en sus clases escolares y permitir desarrollar su capacidad de atención a sus profesores.

¿Cómo usar el teléfono en clases?

2. Un semáforo – Puedes utilizar un enfoque de gestión basado en un semáforo. Esto te permitirá ser flexible y además impedirá que éste se convierta en un factor de distracción. La idea de Liz funciona así: Un botón rojo en la puerta: con éste, los estudiantes sabrán que no podrán usar el celular ese día.

Los profesores decidirán en qué parte podrán guardar sus celulares: la mochila, en el puesto mirando hacia abajo, en el bolsillo, en el escritorio del profesor Un botón amarillo en la puerta: los estudiantes sabrán que sus celulares deberán estar en silencio, ubicados arriba y a la derecha de sus escritorios.

Los utilizarán en clase, pero no todo el tiempo. Tener el celular a la vista permitirá ver quiénes tienen sus celulares ubicados según la indicación y quienes no. Evita distracciones, pues en esta posición, a los estudiantes les parecerá complicado girar el celular para contestar mensajes sin ser vistos.

¿Qué cosas no pueden hacer los maestros?

¿Qué cosas no pueden hacer los profesores a los alumnos? Los profesores son los responsables de guiar a los alumnos en su camino hacia el aprendizaje. Sin embargo, hay límites a lo que un profesor puede hacer con sus alumnos. No permitirá que un profesor abusen de los alumnos de ninguna manera.

  1. Esto incluye discriminación, intimidación, acoso o cualquier otra forma de maltrato.
  2. Además, un profesor no puede exigir a sus alumnos un trabajo o actividad que esté fuera de los contenidos establecidos en el currículo.
  3. La privacidad y la seguridad de los alumnos también debe ser preservada.
  4. Los profesores no deberían compartir información personal de los alumnos con otros sin el consentimiento de los alumnos.

Los profesores también no pueden forzar a los alumnos a hacer algo que no quieren hacer, incluso si se trata de una actividad relacionada con el curso. Los profesores deben respetar la libertad de elección de sus alumnos. Esto también se aplica a las decisiones académicas, como los temas de un ensayo o un proyecto.

En general, los profesores deben tratar a sus alumnos con respeto y comprensión. Los profesores deben ayudar a sus alumnos a alcanzar su potencial académico, pero también deben recordar que los alumnos tienen derechos y libertades y que estos deben ser respetados. Los profesores desempeñan un importante papel en la vida de los estudiantes, sirviendo como modelos de comportamiento, guías y mentores.

Sin embargo, también hay ciertas cosas que los profesores no pueden hacer a sus alumnos. Estas incluyen: No abusar verbalmente de los alumnos, ni físicamente, Los profesores no pueden insultar o amenazar de ninguna manera a sus alumnos. No discriminar a los alumnos por motivos de raza, religión, sexo o discapacidad.

No usar un lenguaje sexualmente ofensivo. Los profesores deben mantener un lenguaje profesional en todo momento. No aceptar regalos de los alumnos. Esto se considera una forma de soborno y puede tener graves consecuencias. No usar drogas en la presencia de los alumnos. Tampoco pueden permitir que los alumnos usen drogas en la escuela.

No hacer comentarios sobre la apariencia o la vida personal de los alumnos. No permitir que los alumnos realicen trabajo de forma inapropiada. Los profesores deben asegurarse de que los alumnos trabajen de forma segura y eficaz. Es importante que los profesores sepan cuáles son sus límites con los alumnos y cumplan con estas reglas para garantizar un ambiente escolar seguro y respetuoso para todos.

¿Qué pasa si un maestro te revisa el celular?

Conclusión. – Los profesores sí pueden acceder al contenido del móvil de un alumno, pero de forma proporcional al caso. Habrá casos poco graves en los que necesitará el consentimiento de ese alumno o sus padres. Habrá otros en los que, para defender los derechos de otros alumnos y profesores, no necesitará ese consentimiento.

  • Pero siempre se deben tener en cuenta tres cosas: 1º.- Se considera una medida excepcional y se debe aplicar de forma proporcionada en los casos que sean estrictamente necesario.
  • No hay que matar moscas a cañonazos.2º.- N o está permitido un acceso a todas las funciones, aplicaciones y archivos Sólo se puede acceder a las partes del smartphone necesarias para cumplir con el deber del profesor.3º.- Por último, el alumno debe estar siempre presente y poder ver todo lo que se está haciendo.

Imágenes e infografías realizados con flaticon y freepik,

¿Qué dice la ley 2166 del 2021?

Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los contenidos.

LEY 2166 DE 2021 (Diciembre 18) Por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el Artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal y se establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: TÍTULO PRIMERO. DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. ARTÍCULO 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en sus respectivos grados asociativos y, a la vez, pretende establecer un marco jurídico para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes.

  • Así mismo, busca prever lineamientos generales para la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de la política pública de acción comunal, sus organismos y afiliados, en el territorio nacional, desde los objetivos del desarrollo humano, sostenible y sustentable.
  • Lo anterior, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos y establecer los deberes de los afiliados a los organismos de acción comunal que gozan de autonomía e independencia sujeta a la Constitución Política de Colombia, leyes, decretos y demás preceptos del ordenamiento jurídico y el interés general de la comunidad.

ARTÍCULO 2. Desarrollo de la comunidad. Para efectos de esta ley, el desarrollo de la comunidad es el conjunto de procesos territoriales, económicos, políticos, ambientales, culturales y sociales que integran los esfuerzos de la población, sus organismos y las del Estado, para mejorar la calidad de vida de las comunidades, fortaleciendo la construcción de las mismas, a partir de los planes de desarrollo comunales y comunitarios construidos y concertados por los afiliados a los organismos comunales en articulación con las autoridades de cada uno de sus territorios.

ARTÍCULO 3. Principios Rectores Del Desarrollo De La Comunidad. El desarrollo de la comunidad se orienta por los siguientes principios: a) Reconocimiento y afirmación del individuo en su derecho a ser diferente, sobre la base del respeto, tolerancia a la diferencia al otro y a los derechos humanos y fundamentales; b) Reconocimiento de la agrupación organizada de personas en su carácter de unidad social alrededor de un rasgo, interés, elemento, propósito o función común, como el recurso fundamental para el desarrollo y enriquecimiento de la vida humana y comunitaria, con prevalencia del interés común sobre el interés particular; c) El desarrollo de la comunidad y el desarrollo humano sostenible debe construirse con identidad cultural, sustentabilidad, equidad y justicia social, participación social y política, promoviendo el fortalecimiento de las comunidades, la sociedad civil, la familia, y sus instituciones democráticas; d) El desarrollo de la comunidad debe promover la capacidad de negociación y autogestión de las organizaciones comunitarias en ejercicio de sus derechos, a definir sus proyectos de sociedad y participar organizadamente en su construcción; e) El desarrollo de la comunidad tiene como principios pilares, entre otros, la solidaridad, la resiliencia comunitaria, la construcción del conocimiento en comunidad, la educación, la formación comunitaria, la construcción de paz, la restauración y cuidado del medio ambiente, la convivencia ciudadana y la planeación participativa como instrumento para el desarrollo comunitario; f) Principio de Equidad.

La equidad como eje del desarrollo de la comunidad aumenta oportunidades y acerca posibilidades; se entiende como una expresión de la democracia que contribuye a mejorar condiciones de vida y resuelve de manera horizontal los problemas y situaciones de las comunidades; g) Principio de Inclusión.

En todos los procesos comunales se garantizará el pluralismo, la diversidad y la participación en igualdad de condiciones a todas las personas sin distinciones de género, religión, etnia o de ningún tipo; h) El desarrollo de la comunidad debe promover la protección y garantía de los derechos de los individuos y sectores en condición de vulnerabilidad; i) Reconocimiento, promoción y fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres; en especial las mujeres cabeza de familia y la población joven como sujetos fundamentales para el desarrollo de la comunidad.

ARTÍCULO 4. Fundamentos Del Desarrollo De La Comunidad, El desarrollo de la comunidad tiene los siguientes fundamentos: a) Fomentar la construcción de comunidad como factor de respeto, tolerancia, convivencia, protección integral del ambiente, inclusión, resiliencia y solidaridad para el logro de la pacífica convivencia, por lo que se requiere la formación ciudadana y Comunal, así como asumir la no violencia como estrategia que preserva la vida y garantiza las condiciones de convivencia en comunidad; b) Promover la priorización, protección y la salvaguarda de la vida e intereses de los afiliados comunales el territorio nacional, para garantizar el adecuado desarrollo de la acción comunal; c) Promover la concertación, los diálogos y los pactos como estrategias del desarrollo de la comunidad; d) Validar la planeación como instrumento de gestión del desarrollo de la comunidad; e) Incrementar la capacidad de gestión, autogestión y cogestión de la comunidad; f) Promover la educación y capacitación comunitaria como instrumentos necesarios para recrear y revalorizar su participación en los asuntos locales, municipales, departamentales regionales y nacionales; g) Promover la constitución de organismos de base y empresas comunitarias y comunales; h) Propiciar formas colectivas y rotatorias de liderazgo con remoción del cargo previo debido proceso; i) Promover la restauración y cuidado del medio ambiente como estrategia del desarrollo de la comunidad.

PARÁGRAFO. Los procesos de desarrollo de la comunidad, buscarán el fortalecimiento de la integración, autogestión, solidaridad y participación de la comunidad con el propósito de avanzar en el alcance de un desarrollo integral, a través de acciones encaminadas al desarrollo organizacional, la garantía y respeto de los derechos humanos, el género, la población, el territorio, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, para la transformación particular y de la sociedad en su conjunto.

TÍTULO SEGUNDO. DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL. CAPÍTULO I. DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN, DENOMINACIÓN, TERRITORIO Y DOMICILIO. ARTÍCULO 5. Definición de acción comunal, Para efectos de esta Ley se entenderá como acción comunal la expresión social organizada, autónoma, multiétnica, multicultural, solidaria, defensora de los Derechos Humanos, la comunidad, el medio ambiente y la sociedad civil, cuyo propósito es promover la convivencia pacífica, la reconciliación y la construcción de paz, así como el desarrollo integral, sostenible y sustentable de la comunidad, a partir del ejercicio de la democracia participativa.

  1. ARTÍCULO 6.
  2. Clasificación De Los Organismos De Acción Comunal.
  3. Los organismos de acción comunal son de primero, segundo, tercero y cuarto grado, los cuales se darán sus propios estatutos y reglamentos según las definiciones, principios, fundamentos y objetivos consagrados en esta ley y las normas que le sucedan y reglamenten.

ARTÍCULO 7. Organismos de la acción comunal. a) Son organismos de acción comunal de primer grado las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunal. La junta de acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa; b) La junta de vivienda comunal es una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por familias que se reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda.

  • Una vez concluido el programa, la junta de vivienda comunal se podrá asimilar a la Junta de Acción Comunal definida en el presente Artículo, siempre y cuando cumpla los requisitos dispuestos en la ley; c) Es organismo de acción comunal de segundo grado la asociación de juntas de acción comunal.
  • Tienen la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los organismos de primer grado fundadores y los que posteriormente se afilien; d) Es organismo de acción comunal de tercer grado la federación de acción comunal, tiene la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los organismos de acción comunal de segundo grado fundadores y que posteriormente se afilien; e) Es organismo de acción comunal de cuarto grado, la confederación nacional de acción comunal, tiene la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los organismos de acción comunal de tercer grado fundadores y que posteriormente se afilien.

PARÁGRAFO 1. Cada organismo de acción comunal, se dará su propio reglamento conforme al marco brindado por esta ley enunciado en el Artículo 1 y las normas que le sucedan. PARÁGRAFO 2. Dentro del año siguiente a la expedición de la presente Ley en concertación con la organización social de la Acción Comunal, el Gobierno nacional expedirá una reglamentación para las Juntas de Vivienda Comunal.

  1. ARTÍCULO 8.
  2. Denominación,
  3. La denominación de los organismos de que trata esta ley, adicional a las palabras «Junta de Acción Comunal», «Junta de Vivienda Comunitaria» «Asociación de Juntas de Acción Comunal», «Federación de Acción Comunal» y «Confederación Nacional de Acción Comunal», se conformará con el nombre legal de su territorio seguido del nombre de la entidad territorial a la que pertenezca y en la cual desarrolle sus actividades.

PARÁGRAFO 1. Cuando por disposición legal varíe la denominación del territorio de un organismo comunal, quedará a juicio de éste acoger la nueva denominación. PARÁGRAFO 2. Cuando se autorice la constitución de más de una junta en un mismo territorio, la nueva que se constituya en este deberá agregarle al nombre del mismo las palabras «Segundo sector», «Sector alto», «Segunda etapa» o similares.

ARTÍCULO 9. Territorio, Cada organismo de acción comunal desarrollará sus actividades dentro de un territorio delimitado según las siguientes orientaciones: a) En las capitales de departamento y en la ciudad de Bogotá, D.C., se podrá constituir una junta por cada barrio, conjunto residencial, sector o etapa del mismo, según la división establecida por la correspondiente autoridad municipal o distrital; b) En las demás cabeceras de municipio y en las de corregimientos o inspecciones de policía podrá reconocerse más de una junta si existen las divisiones urbanas a que se refiere el literal anterior; c) En las poblaciones donde no exista delimitación por barrios la junta podrá abarcar toda el área urbana sin perjuicio de que, cuando se haga alguna división de dicho género, la autoridad competente pueda ordenar que se modifique el territorio de una junta constituida; d) En cada caserío o vereda sólo podrá constituirse una junta de acción comunal; pero la autoridad competente podrá autorizar, mediante resolución motivada, la constitución de más de una junta si la respectiva extensión territorial lo aconsejare; e) El territorio de la junta de vivienda comunal lo constituye el terreno en donde se proyecta o desarrolla el programa de construcción o mejoramiento de vivienda; f) El territorio de la asociación será la comuna, corregimiento, localidad o municipio, en los términos del Código de Régimen Municipal y la Ley 388 de 1997; g) El territorio de la federación de acción comunal será el respectivo departamento, la ciudad de Bogotá, D.C., los municipios de categoría especial y de primera categoría en los cuales se haya dado la división territorial en comunas y corregimientos y demás esquemas asociativos territoriales de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 1454 de 2011.

h) El territorio de la confederación nacional de acción comunal es la República de Colombia. PARÁGRAFO 1. Por área urbana y rural se entenderá la definida en el Código de Régimen Municipal y la Ley 388 de 1997. PARÁGRAFO 2. En los asentamientos humanos cuyo territorio no encaje dentro de los conceptos de barrio, vereda o caserío, la autoridad competente podrá autorizar la constitución de una junta de acción comunal, cuando se considere conveniente para su propio desarrollo.

  • PARÁGRAFO 3.
  • Cuando dos o más territorios vecinos no cuenten con el número suficiente de organismos comunales de primer grado para constituir sus propias asociaciones, podrán solicitar ante la entidad competente la autorización para organizar su propia asociación o para anexarse a una ya existente, siempre y cuando medie solicitud de no menos del sesenta por ciento (60%) de los organismos comunales del respectivo territorio.

PARÁGRAFO 4, El territorio de los organismos de acción comunal deberá modificarse cuando varíen las delimitaciones territoriales por disposición de autoridad competente. ARTÍCULO 10. Domicilio. Para todos los efectos legales, el territorio de las juntas y asociaciones determina el domicilio de las mismas.

  • El domicilio de las federaciones será la capital de la respectiva entidad territorial y el de la confederación en Bogotá, D.C.
  • PARÁGRAFO.
  • Cuando se constituya más de una federación de acción comunal en un departamento, el domicilio de la federación lo determinará su asamblea general.
  • CAPÍTULO II.
  • ORGANIZACIÓN.

ARTÍCULO 11. Constitución, Los organismos de acción comunal estarán constituidos, según el caso, de acuerdo con los índices de población y características de cada región o territorio. a) La Junta de Acción Comunal que se constituya por barrio, conjunto residencial, sector o etapa del mismo, en las capitales de departamento y en la ciudad de Bogotá, D.C., requiere un número mínimo de setenta y cinco (75) afiliados; b) La Junta de Acción Comunal que se constituya en las divisiones urbanas de las demás cabeceras de municipio y en las de corregimientos e inspecciones de policía, requiere un número mínimo de cincuenta (50) afiliados; c) La Junta de Acción Comunal que se constituya en las poblaciones en que no exista delimitación por barrios, requiere un número mínimo de treinta (30) afiliados; d) La Junta de Acción Comunal que se constituya en los caseríos o veredas requiere un número mínimo de veinte (20) afiliados; e) Las Juntas de Vivienda Comunal requieren un mínimo de diez (10) familias afiliadas; f) Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal requieren para su conformación un número plural superior del sesenta por ciento (60%) de las Juntas de Acción Comunal existentes en su territorio.

  • El mismo porcentaje se requerirá para la creación de Federaciones Municipales, Departamentales y Distritales en relación con las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal y para la Confederación Nacional en relación con las Federaciones.
  • PARÁGRAFO 1.
  • Número mínimo para subsistir.
  • Ningún organismo de acción comunal de primer grado al tenor de los literales a), b), c) y d) del Artículo 12 de la presente ley, podrá subsistir con un número plural de afiliados inferior del cincuenta por ciento (50%) del requerido para su constitución, siempre y cuando el número resultante de afiliados le permita a la persona jurídica continuar con el cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias.

Respecto de los organismos de segundo, tercer y cuarto grado, estos no podrán subsistir con un número plural inferior del sesenta por ciento (60%) de las organizaciones existentes en el territorio. PARÁGRAFO 2. En el evento en que el organismo comunal no cuente con el número mínimo para subsistir se suspenderá su personería jurídica.

El representante legal está obligado a informar el hecho a la entidad de inspección, control y vigilancia correspondiente dentro de los tres (3) meses siguientes a su ocurrencia, sin perjuicio de que pueda hacerlo cualquiera de los dignatarios del organismo comunal. Una vez se produzca el hecho generador de la suspensión, quienes obren en representación del organismo comunal responderán individual y patrimonialmente por las obligaciones contraídas y los perjuicios que se llegaren a causar.

La personería jurídica del organismo comunal que no cumpla con los requisitos señalados por la presente ley durante un período de dos (2) meses, será cancelada por la entidad de inspección, control y vigilancia. También será motivo de suspensión de la personería jurídica de los organismos de acción comunal, cuando previa verificación se establece que los mismos por el lapso de un año, no han ejercido actividad alguna.

  • Dicha verificación debe realizarse con soportes correspondientes y contando con la participación de los y las afiliadas.
  • La suspensión de la personería será hasta por el término de un año, al cabo del cual, si persiste la inactividad o no se solicita el levantamiento de la suspensión, la autoridad de control y vigilancia, procederá a la cancelación del registro a través de acto debidamente motivado, el cual será notificado al representante legal que aparezca en el registro y se surtan los recursos de la vía administrativa, contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO 3. Cumplidos los requisitos establecidos en la presente ley, en los lugares donde existan Juntas de Vivienda Comunal se podrán constituir juntas de acción comunal. ARTÍCULO 12. Forma de constituirse, Los organismos de acción comunal estarán constituidos de la siguiente manera: a) La junta de acción comunal estará constituida por personas naturales mayores de catorce (14) años que residan dentro de su territorio; b) La junta de vivienda comunitaria estará constituida por familias que se reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda; c) La asociación de juntas de acción comunal estará constituida por las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria cuyo radio de acción se circunscriba al de la misma; d) La federación de acción comunal estará constituida por las asociaciones de acción comunal cuyo radio de acción se circunscribe al de la misma; e) La confederación nacional de acción comunal estará constituida por las federaciones de acción comunal cuyo radio de acción se circunscribe al territorio nacional.

PARÁGRAFO 1. Ninguna persona natural podrá afiliarse a más de un organismo de acción comunal. PARÁGRAFO 2. Los organismos de acción comunal podrán hacer alianzas estratégicas con personas jurídicas en procura de alcanzar el bienestar individual y colectivo y el desarrollo de la comunidad, en los términos definidos por la presente ley.

Igualmente, podrán establecer relaciones de cooperación con personas jurídicas públicas o privadas del nivel municipal, local, distrital, departamental, nacional e internacional. PARÁGRAFO 3. En la constitución de los organismos de acción comunal deberá garantizarse, la participación, de mujeres y jóvenes, así como de las comunidades étnicas asentadas y/o con presencia en el territorio de jurisdicción o área de influencia del respectivo organismo.

ARTÍCULO 13. Constitución de más de una junta de acción comunal en un mismo territorio. Las entidades de inspección, control y vigilancia autorizarán la constitución de más de una Junta de Acción Comunal en un mismo territorio, siempre y cuando se den las siguientes condiciones: a) Que la nueva Junta cuente con el número mínimo de afiliados requeridos para la constitución del organismo comunal, sin que ello afecte la existencia de la Junta previamente constituida; b) Que la extensión del territorio no permita la gestión del organismo comunal existente; que las necesidades de la comunidad que constituya la nueva Junta de Acción Comunal sean diferentes de las del resto del territorio, o que exista una barrera de tipo físico que dificulte la interacción comunitaria.

PARÁGRAFO 1. Con el fin de verificar las anteriores condiciones, la entidad de inspección, control y vigilancia citará y escuchará al representante legal de la Junta de Acción Comunal existente. Si transcurridos diez (10) días hábiles, contados a partir de la citación, el representante legal no la atendiere, se entenderá que está de acuerdo con la conformación de la nueva Junta.

  1. El Concepto del representante legal de la Junta existente no será de obligatoria observancia y se tendrá como un elemento de juicio por parte de la entidad de inspección, control y vigilancia para tomar la respectiva decisión.
  2. PARÁGRAFO 2.
  3. La Junta de Acción Comunal ya constituida conservará la titularidad sobre el patrimonio comunal adquirido antes de la conformación de la nueva Junta.

ARTÍCULO 14. Duración. Los organismos de acción comunal tendrán una duración indefinida, pero se disolverán y liquidarán por voluntad de sus afiliados o por mandato legal, de conformidad con lo expresado en el capítulo XI de la presente ley. ARTÍCULO 15.

Estatutos. De acuerdo con los conceptos, objetivos, principios y fundamentos del desarrollo de la comunidad establecidos en la presente ley, y con las necesidades de la comunidad, los organismos de acción comunal de primero, segundo, tercer y cuarto grado se darán de manera autónoma y libre sus propios estatutos.

Los estatutos estarán sujetos de todos modos a los principios y disposiciones de la constitución y la ley. En ningún caso podrán por el principio de autonomía apartarse o hacer excepciones a lo establecido en la misma. PARÁGRAFO 1, Los estatutos deben contener, como mínimo: a) Generalidades: denominación, territorio, domicilio, objetivos y duración; b) Afiliados: calidades para afiliarse, impedimentos, derechos y deberes de los afiliados, suspensión automática de la afiliación y desafiliación; c) Órganos: integración de los órganos, régimen de convocatoria, periodicidad de las reuniones ordinarias y funciones de cada uno; d) Dignatarios: calidades, formas de elección, período y funciones, así como las garantías y el debido proceso para la remoción del cargo; e) Régimen económico y fiscal: patrimonio, presupuesto, disolución y liquidación; f) Régimen disciplinario en lo que respecta a los conflictos organizativos; g) Composición, competencia, causales de sanción, sanciones y procedimientos; y procedimientos internos para tramitar la conciliación de conformidad con la presente ley; h) Libros: clases, contenidos, dignatarios encargados de ellos; i) Impugnaciones: causales y procedimientos; j) Comisiones de trabajo o secretarías ejecutivas: elección, identificación y funciones.

PARÁGRAFO 2. Los organismos de Acción Comunal, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente Ley deberán actualizar sus estatutos de acuerdo con las disposiciones de la misma. ARTÍCULO 16. Objetivos. Los organismos de acción comunal tienen los siguientes objetivos: a) Promover y fortalecer en el individuo el sentido de pertenencia frente a su comunidad, localidad, distrito o municipio a través del ejercicio de la democracia participativa; b) Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la democracia; c) Planificar el desarrollo integral, sostenible y sustentable de la comunidad articulándose con las competencias de los entes territoriales, promoviendo la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y no renovables; d) Establecer los canales de comunicación necesarios para el desarrollo de sus actividades; e) Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación, ejecución, administración y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo comunal y comunitario, podrán contar con el apoyo y acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación a la Confederación Nacional de Acción Comunal y las Secretarías de Planeación Territoriales, o quien haga sus veces a los organismos de acción comunal de la respectiva entidad territorial; f) Celebrar contratos, convenios y alianzas con entidades del estado, empresas públicas y privadas del orden internacional, nacional, departamental, distrital, municipal y local, hasta de menor cuantía con el fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunales y comunitarios de desarrollo territorial; g) Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solidario, para lo cual podrán celebrar contratos de empréstito con entidades nacionales o internacionales; h) Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de las diferentes manifestaciones culturales, recreativas y deportivas, que fortalezcan la identidad comunal y nacional en coordinación con las organizaciones que fomenten y promuevan las acciones deportivas, recreativas y de actividad física en todo el territorio nacional; i) Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas dentro de la comunidad, a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad dentro de un clima de respeto y tolerancia para una sana convivencia; j) Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el desarrollo de los hechos, políticas, programas y servicios del Estado y de las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo; k) Promover y ejercitar las acciones ciudadanas y de cumplimiento como mecanismos previstos por la Constitución y la ley para el respeto de los derechos de los asociados; l) Divulgar, promover, velar y generar espacios de protección para el ejercicio de los derechos humanos, derechos fundamentales y medio ambiente consagrados en la Constitución y la ley; m) Generar y promover procesos de organización y mecanismos de interacción con las diferentes expresiones de la sociedad civil, en procura del cumplimiento de los objetivos de la acción comunal; n) Promover y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en especial de las mujeres, brindando prelación a las mujeres cabeza de familia, los jóvenes, personas en situación de discapacidad y población perteneciente a comunidades étnicas, en los organismos directivos de la acción comunal; o) Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos, buscar el acceso de la comunidad a la seguridad social y generar una mejor calidad de vida en su jurisdicción; p) Incentivar y promover la creación, participación y consolidación de empresas que generen valor agregado por medio de la cultura, el arte, el cine, la innovación y la capacidad de generar bienes y servicios que impulsen la propiedad intelectual; q) Estimular, promover y apoyar a los afiliados y asociados en generación de empresas comunales y emprendimientos familiares y/o solidarios; r) Incentivar, promover y fortalecer la asociatividad de los afiliados, procurando el emprendimiento con empresas comunales; s) Consolidar espacios de formación para el liderazgo comunal que fortalezca el encuentro cotidiano de la comunidad, en torno al conocimiento y ejercicio de derechos; t) Ejercer control ciudadano a la gestión pública, políticas, planes, programas, proyectos o acciones inherentes o relacionadas al desarrollo de la comunidad y los objetivos del organismo de acción comunal, de acuerdo al territorio donde desarrollan sus actividades; u) Promover y crear espacios para la resolución de conflictos y restablecimiento de la convivencia, para ello se debe contar con el apoyo y acompañamiento de las entidades pertinentes; v) Apoyar los programas y proyectos derivados de la implementación del Acuerdo Final; w) Promover la participación comunitaria, la cultura ciudadana, la cultura de Derechos Humanos, y el mejoramiento social y comunitario; x) Podrán gestionar y ejecutar proyectos, ante y con las entidades del Estado, empresas públicas y privadas, institutos descentralizados, comunidad internacional, para procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades de los territorios de los organismos comunales; y) Los demás que se den los organismos de acción comunal respectivos en el marco de sus derechos, naturaleza y autonomía; z) Participar y promover la participación activa de las comunidades, en los ejercicios de planeación que desarrollen los gobiernos departamentales y municipales en el marco de la formulación de los planes de desarrollo territoriales.

ARTÍCULO 17. Organismos de acción comunal para la construcción de paz. Los Organismos de Acción Comunal contribuirán en la consecución y estabilización de la paz, impulsando la ejecución de programas y proyectos en los territorios, para ello, el Gobierno nacional y las autoridades locales facilitarán las herramientas, formación comunitaria y espacios necesarios para avanzar en el cumplimiento de esta tarea y podrán destinar los recursos específicos en los planes de desarrollo y en presupuesto para el cumplimiento de este propósito.

  1. PARÁGRAFO.
  2. Los Organismos de Acción Comunal se articularán con la Agencia de Renovación del Territorio, o quien haga sus veces, en el impulso y ejecución de los programas y proyectos cuando dichas organizaciones se encuentren ubicadas en los municipios del Decreto Ley 893 del 2017, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

ARTÍCULO 18. Principios. Los organismos de acción comunal se orientan por los siguientes principios: a) Principio de democracia: participación democrática en las deliberaciones y decisiones; b) Principio de la autonomía: autonomía y libertad para participar en la planeación, decisión, fiscalización y control social de la gestión pública, y en los asuntos internos de los organismos comunales conforme a sus estatutos y reglamentos; c) Principio de libertad: libertad de afiliación y retiro de sus miembros; d) Principio de igualdad y respeto: igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades en la gestión y beneficios alcanzados por la organización comunal; e) Respeto a la diversidad: ausencia de cualquier discriminación por razones políticas, religiosas, sociales, de género o étnicas; el respeto es el principio básico de toda relación humana, de este emanan la tolerancia, la convivencia armónica y el equilibrio social.

F) Principio de la prevalencia del interés general: prevalencia del interés general frente al interés particular; g) Principio de la buena fe: las actuaciones de los comunales deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten; h) Principio de solidaridad: en los organismos de acción comunal se aplicará siempre, individual y colectivamente el concepto de ayuda mutua como fundamento de la solidaridad; i) Principio de la capacitación: los organismos de acción comunal tienen como eje orientador de sus actividades la capacitación y formación comunitaria integral de sus directivos, dignatarios, voceros, representantes, afiliados y beneficiarios, a través de metodologías constructivistas, experienciales o diálogos de saberes, contenidas en el programa de formación de formadores implementado en la estructura de los organismos comunales; j) Principio de la organización: el respeto, acatamiento y fortalecimiento de la estructura de acción comunal, construida desde las juntas de acción comunal, rige los destinos de la acción comunal en Colombia; k) Principio de la Participación Democrática: En el desarrollo de la comunidad se garantizará que el ciudadano pueda participar permanentemente en los procesos decisorios que incidan significativamente en el de la organización comunal.

Se fortalecerá los canales de representación democrática y se promoverá el pluralismo; l) Principio de Convivencia Social: Los Organismos de Acción Comunal velarán por el fortalecimiento de la convivencia social entre los miembros de la organización del sector, barrio o vereda, comuna, corregimiento, localidad, municipio y departamento; m) Principio de Inclusión.

Los organismos de acción comunal garantizarán el pluralismo, la diversidad y la participación en igualdad de condiciones a todas las personas sin distinciones de género, religión, etnia o de ningún tipo; n) Transparencia: Todas las actuaciones de los organismos de Acción Comunal serán de conocimiento público de sus afiliados y la comunidad en general en consonancia con el principio de publicidad, salvo reserva legal; o) Publicidad: Todas las actuaciones y decisiones de los organismos de acción comunal deberán ser difundidas por cualquier medio de comunicación, notificación o publicación, incluyendo el empleo de tecnologías de difusión masiva; p) Legalidad: Todas las actuaciones deben estar fundadas y motivas en la ley.

CAPÍTULO III. DE LOS AFILIADOS. ARTÍCULO 19. Afiliación. Constituye acto de afiliación la inscripción directa en el libro de afiliados o Libro virtual de afiliados, previa comprobación de requisitos, hecho que se oficializará con la firma o huella del peticionario.

  • En caso de ser presencial o con la expedición de la respectiva constancia del sistema electrónico, previa aceptación de las cláusulas y condiciones establecidas para el efecto y la respectiva verificación de los requisitos habilitantes para ser afiliado.
  • También procederá la inscripción mediante solicitud escrita y radicada con la firma de recibido por el secretario del organismo u órgano interno que los estatutos determinen o, en su defecto, ante la personería local o la entidad pública que ejerce inspección, control y vigilancia, previo cumplimiento de los requisitos estatutarios y legales.

PARÁGRAFO 1. Es obligación del dignatario ante quien se solicita la inscripción, o quien haga sus veces, inscribir al peticionario, a menos que los estatutos contemplen una justa causa para no hacerlo, situación que deberá resolver el comité conciliador dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud de inscripción, garantizando siempre el debido proceso del peticionario.

Si en el término establecido no hay pronunciamiento alguno, se entenderá inscrito automáticamente al peticionario. PARÁGRAFO 2. Los extranjeros se podrán afiliar a la Junta de Acción Comunal, del territorio de su residencia, elegir y ser elegido, siempre y cuando tengan debidamente acreditada su calidad de residente en el territorio nacional.

ARTÍCULO 20. Requisitos, Para afiliarse a una Junta de Acción Comunal se requiere: a) Ser persona natural; b) Residir en el territorio de la Junta; c) Tener más de 14 años de edad; d) No estar incurso en ninguna causal de impedimento de las contempladas en el Artículo 27 de la presente ley; manifestación que se entenderá agotada con la firma en el libro de asociados o con la solicitud de registro de afiliación hecho en línea; e) Poseer documento de identificación.

PARÁGRAFO 1. Para efecto de la aplicación del literal b) se entenderá por residencia el lugar donde esté ubicada la vivienda permanente de la persona que solicita la afiliación o donde sea propietario de un establecimiento de comercio debidamente registrado ante la Cámara de Comercio o inscritos en la oficina de industria y comercio o que comparte el ánimo de permanencia en el territorio de la Junta de Acción Comunal, ejerciendo de manera permanente la actividad correspondiente.

PARÁGRAFO 2, Cuando una o varias personas, que residen en un conjunto cerrado y éste se encuentre dentro del territorio de un barrio, donde existe una Junta de Acción Comunal, se puede afiliar a la a dicho organismo, dado el caso que en el conjunto no se pueda constituir un organismo de primer grado.

ARTÍCULO 21. Afiliados De Los Organismos De Acción Comunal.1. Son afiliados de la junta de acción comunal los residentes fundadores y los que se afilien posteriormente, mientras mantengan su afiliación activa en el libro correspondiente.2. Son afiliados de la asociación de juntas de acción comunal las juntas de acción comunal fundadoras y las que se afilien posteriormente, mientras mantengan su afiliación activa en el libro correspondiente.3.

Son afiliados de las federaciones de acción comunal las asociaciones de acción comunal fundadoras y las que se afilien posteriormente, mientras mantengan su afiliación activa en el libro correspondiente.4. Son afiliados de la confederación nacional de acción comunal las federaciones de acción comunal fundadoras y las que se afilien posteriormente, mientras mantengan su afiliación activa en el libro correspondiente.

ARTÍCULO 22, Para afiliarse a un organismo de segundo, tercer o cuarto grado se requiere: a) Ser organismo de acción comunal del grado inmediatamente inferior del cual se desea afiliar y tener personería jurídica otorgada por la entidad que ejerce la inspección, control y vigilancia correspondiente; b) Que el organismo interesado desarrolle su actividad dentro del territorio de la organización a la cual se desea afiliar; c) Que la solicitud de afiliación se haya aprobado en Asamblea General del organismo interesado.

CAPÍTULO IV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS AFILIADOS. ARTÍCULO 23. Derechos De Los Afiliados, Además de los que determinen los estatutos, son derechos de los afiliados: a) Elegir y ser elegidos para desempeñar cargos dentro de los organismos comunales o en representación de estos; b) Participar y opinar en las deliberaciones de la asamblea general y los órganos a los cuales pertenezca, y votar para tomar las decisiones correspondientes; c) Fiscalizar las gestiones de la organización comunal, examinar los libros o documentos y solicitar informes al presidente o a cualquier dignatario del organismo; d) Asistir a las reuniones de las directivas en las cuales tendrá voz, pero no voto; e) Participar de los beneficios del organismo; f) Participar en la elaboración del programa del organismo y exigir su cumplimiento; g) Participar en la remoción de los dignatarios elegidos, respetando el debido proceso de conformidad con lo preceptuado en la Constitución Política Colombiana, la Ley y los estatutos de la organización comunal; h) Conocer los informes de gestión que presenten las entidades de inspección, vigilancia y control sobre la gestión desarrollada, los gastos y recursos asignados en cada vigencia a las Juntas de Acción Comunal.

Dichos informes serán de conocimiento público y se incluirán en los informes de gestión que deben presentar las entidades de inspección, vigilancia y control ante los concejos y asambleas; i) Inscribirse en una comisión de trabajo y/o solicitar cambio a otra comisión ante el secretario de la Junta y participar en las mismas con voz y voto; j) Participar en la aprobación del Plan de Acción Comunal, programas y proyectos de la organización y exigir su cumplimiento; l) A que sean informados, a través de campañas de socialización, medios de comunicación, medios alternativos (redes sociales), entre otras, sobre las actividades, proyectos y/o programas que se ejecuten para la participación activa de las juntas de acción comunal y sus líderes.

ARTÍCULO 24. Pasantías Y Prácticas Profesionales. El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, permitirá la realización del servicio social escolar obligatorio de estudiantes de educación media, como apoyo a organismos de acción comunal, en los términos del Artículo 97 de la Ley 115 de 1994.

Sin detrimento de la autonomía institucional de las Instituciones Educativas para definir el propósito del servicio social escolar obligatorio en coherencia con su Proyecto Educativo Institucional. Para ello, las Instituciones Educativas podrán coordinar con los organismos de acción comunal el desarrollo de las horas teóricas y prácticas, de estudiantes de educación media y su respectiva certificación.

Las OAC podrán hacer convenios interadministrativos o acuerdos de voluntades con universidades e instituciones de educación superior para que los estudiantes realicen prácticas profesionales, judicaturas y/o pasantías en los diferentes organismos de la acción comunal.

ARTÍCULO 25, Los integrantes de los Organismos de Acción Comunal adelantarán acercamiento con las instituciones educativas del área de influencia de la organización comunal con el fin de gestionar iniciativas como la cátedra comunal o la formación de los «comunalitos» o el servicio social de los estudiantes de grados superiores.

ARTÍCULO 26. Deberes de los afiliados. Adicional a los que determinen los estatutos, son deberes de los afiliados: a) Estar inscrito y participar activamente en los comités y comisiones de trabajo; b) Conocer y cumplir los estatutos, reglamentos y decisiones los organismos y las disposiciones legales que regulan la materia; c) Asistir a la asamblea general y participar en sus deliberaciones, votar con responsabilidad y trabajar activamente en la ejecución de los planes acordados por la organización; e) Asistir a un curso básico de formación comunal, dictado por los integrantes de los equipos de formador de formadores ya sea de forma presencial y/o virtual.

Este curso básico será acreditado o certificado por los organismos comunales superiores de la estructura comunal; f) Mantener actualizados sus datos personales y de contacto en el libro de afiliados o en el sistema electrónico, para lo cual deberá reportar periódicamente los cambios al secretario o reportarlos directamente en el aplicativo correspondiente; g) Denunciar ante las autoridades competentes los actos, hechos y omisiones que atenten contra las normas legales y estatutarias y contra la organización comunal, aportando las pruebas correspondientes; h) Presentar propuestas para contribuir a la solución de las necesidades y conflictos que surjan dentro del territorio de la Junta y para la elaboración de los planes, programas y proyectos de trabajo de la organización; i) Mantener en su relación con la Acción Comunal y sus afiliados y Dignatarios, un comportamiento de respeto, franca y sincera armonía, que propicie el crecimiento y convivencia en la organización, para fortalecer el tejido social; PARÁGRAFO.

Para efectos de la aplicación del literal a), los delegados de los organismos afiliados de los grados inmediatamente inferiores deberán estar inscritos en las secretarías ejecutivas del grado superior correspondiente. ARTÍCULO 27. Impedimentos. Aparte de los que determinen los estatutos y la ley, no podrán pertenecer a un organismo de acción comunal: a) Quienes estén afiliados a otro organismo de acción comunal del mismo grado; b) Quienes hayan sido desafiliados o suspendidos de cualquier organismo de acción comunal mientras la sanción subsista.

ARTÍCULO 28. Desafiliación. Además de los que determinen los estatutos, la calidad de afiliado a un organismo de acción comunal se perderá por: a) Apropiación, retención o uso indebido de los bienes, fondos, documentos, libros o sellos del organismo; b) Uso arbitrario del nombre y símbolos de la organización comunal para campañas políticas o beneficio personal; c) Por violación de las normas legales y estatutarias; d) Renuncia del afiliado; e) Muerte del afiliado debidamente documentada; f) Por no cumplir con los deberes y requisitos adquiridos por él, ante la Asamblea General y la Directiva; g) Que el afiliado no haya concurrido a tres asambleas generales, durante un año consecutivo o cinco en distintos años, durante el periodo de elección de dignatarios correspondiente, para lo cual se tendrá en cuenta los listados de asistencia a las asambleas; h) Que el afiliado haya cambiado de residencia, omitiendo dicha comunicación a la Junta de acción comunal o vendido el establecimiento de comercio; i) Quien se encuentre afiliado a otra Junta de Acción comunal, excepto Junta de vivienda Comunitaria.

PARÁGRAFO 1. Para todas las cuales, a excepción de las relacionadas con la renuncia y la muerte del afiliado, deberá agotarse el procedimiento debido ante la Comisión de Convivencia y Conciliación, conforme lo señalen los estatutos. La suspensión de la afiliación se hará efectiva una vez se surtan todas las instancias y la decisión se encuentre en firme.

PARÁGRAFO 2. La sanción se hará efectiva una vez exista el fallo en firme de instancia competente, previo debido proceso. TÍTULO TERCERO. NORMAS COMUNES. CAPÍTULO V. DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA. ARTÍCULO 29. Órganos de dirección, administración y vigilancia, De conformidad con el número de afiliados o afiliadas y demás características propias de cada región, los organismos comunales determinarán los órganos de dirección, administración y vigilancia con sus respectivas funciones, los cuales podrán ser entre otros los siguientes: a) Asamblea General de afiliados; b) Asamblea general de delegados a partir del segundo grado; c) Dirección ejecutiva; d) Asamblea de Residentes; e) Junta Directiva; conformada por la presidencia, vicepresidencia, tesorería y secretaria; f) Comité Asesor; g) Comisiones de Trabajo o Secretarias Ejecutivas, según sea el caso, de acuerdo al grado del organismo comunal; h) Comisiones Empresariales; i) Comisión de Convivencia y Conciliación; j) Fiscalía; k) Secretaría General; l) Comité Central de Dirección; m) Directores Provinciales; n) Directores Regionales; o) El comité de fortalecimiento a la democracia, participación ciudadana y comunitaria; p) Comisión pedagógica nacional y Territorial; q) Comisión de vivienda; r) Comisión de Derechos humanos; s) Comisión de Juventud, igualdad de género y poblaciones diferenciales; t) Comisión de Desarrollo territorial y medio ambiente; v) Comisión accidental para la atención de emergencia; w) Comité juvenil.

PARÁGRAFO 1. Como órgano consultivo para la toma de decisiones que afecten o sobrepasen la cobertura de los intereses exclusivos de los organismos de acción comunal de primer grado, y en casos de toma de decisiones de carácter y afectación general, se podrá convocar a la asamblea de residentes en la cual participarán, con derecho a voz y voto, además de los afiliados al organismo de acción comunal respectivo, las personas naturales con residencia en el territorio de organismos de acción comunal y con interés en los asuntos a tratar en la misma.

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PARÁGRAFO 2, Las asambleas de residentes constituyen una instancia a través de la cual las administraciones municipales podrán socializar, debatir y consultar sus planes y proyectos con la comunidad y hacer las respectivas rendiciones de cuentas. PARÁGRAFO 3, La Comisión Pedagógica Nacional, Distrital, Departamental y Municipal, estará integrada por afiliados de la Acción comunal y será un órgano externo asesor y consultor, como también el encargado de la formación comunal, comunitaria y formal, a los afiliados y delegados de los organismos comunales.

Estas comisiones estarán conformadas en el marco del programa Formador de Formadores. PARÁGRAFO 4. Los organismos de Acción Comunal podrán constituir plataformas o redes, integradas por los afiliados a la organización comunal, para fortalecer las comisiones de trabajo, las secretarias ejecutivas y generar nuevos liderazgos en todo el territorio colombiano de acuerdo a las vocaciones de servicio.

  1. PARÁGRAFO 5.
  2. Es deber del Comité Juvenil velar por la inclusión de los jóvenes en los órganos de acción comunal, crear planes y estrategias encaminadas a incentivar la integración poblacional, y promover la formación comunal en las juventudes.
  3. El comité juvenil estará conformado por mínimo 3 afiliados menores de veintiocho (28) años.

ARTÍCULO 30. Comisión accidental para la atención de emergencias, En los casos en que el Presidente de la Republica declare estado de excepción, deberán integrarse las comisiones accidentales para la Atención de Emergencias en cada uno de los organismos de acción comunal.

  1. Esta Comisión estará integrada por las personas que designe la Asamblea General en cada uno de los Organismo de Acción Comunal, y contará con la participación de delegados del gobierno local al cual pertenece el organismo de acción comunal y una representación de la Junta Administradora Local.
  2. La Comisión Accidental para la Atención de Emergencias diseñará, formulará, aprobará y adoptará un plan de acción en el que se establezca una estrategia comunal para la superación de la situación de crisis, siguiendo los lineamientos y directrices impartidas por el Ministerio del Interior y en articulación con el plan de acción del organismo de acción comunal de grado superior.

PARÁGRAFO 1, El Ministerio del Interior por medio de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, o quien haga sus veces, estipulará los lineamientos y directrices pertinentes para la prevención, control y seguimiento de la contingencia, los que deberán ser incorporados dentro del plan de acción de cada Organismo de Acción Comunal.

  1. ARTÍCULO 31.
  2. Periodicidad de las reuniones.
  3. Los organismos de primer y segundo grado como mínimo se reunirán en asamblea general por lo menos tres (3) veces al año, de forma cuatrimestral estipulado en los estatutos por su parte los organismos de tercer y cuarto grado como mínimo se reunirán en asamblea general dos (2) veces al año semestralmente.

Lo anterior para asambleas ordinarias, dado que se pueden reunir en asamblea extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten. En caso de fuerza mayor, cuando las circunstancias de orden público lo ameriten y cuando se disponga o garanticen los medios electrónicos necesarios, las reuniones podrán hacerse, conforme la necesidad de la acción comunal, de manera presencial o remota o de manera mixta, con la finalidad de garantizar su realización y la mayor participación de afiliados o dignatarios, según sea el caso.

  • No obstante, deberá surtirse en uno u otro caso, la respectiva convocatoria y la constancia de quienes participaron en la reunión y los temas tratados en la misma.
  • CAPÍTULO VI. QUÓRUM.
  • ARTÍCULO 32.
  • Validez de las reuniones y validez de las decisiones.
  • Los órganos de dirección, administración, ejecución, control y vigilancia de los organismos de acción comunal, cuando tengan más de dos (2) miembros, se reunirán y adoptarán decisiones válidas siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios: a) Quórum deliberatorio: los organismos de los diferentes grados de acción comunal no podrán abrir sesiones ni deliberar, con menos del veinte por ciento (20%) de sus miembros; b) Quórum decisorio: los órganos de dirección, administración, ejecución, control y vigilancia, cuando tengan más de dos (2) miembros, se instalarán válidamente con la presencia de por lo menos la mitad más uno de los mismos.

Si a la hora señalada no hay quórum decisorio, el órgano podrá reunirse una hora más tarde y el quórum se conformará con la presencia de por lo menos el treinta por ciento (30%) de sus miembros salvo los casos de excepción previstos en los estatutos; c) Quórum supletorio: si no se conforma el quórum decisorio el día señalado en la convocatoria, el órgano deberá reunirse por derecho propio dentro de los quince (15) días siguientes, y el quórum decisorio sólo se conformará con no menos del 20% de sus miembros; d) Validez de las decisiones: por regla general, los órganos de dirección, administración, ejecución, control y vigilancia tomarán decisiones válidas con la mayoría de los miembros con que se instaló la reunión.

Si hay más de dos alternativas, la que obtenga el mayor número de votos será válida si la suma total de votos emitidos, incluida la votación en blanco, es igual o superior a la mitad más uno del número de miembros con que se formó el quórum deliberatorio. En caso de empate en dos votaciones válidas sucesivas sobre el mismo objeto, el comité de convivencia y conciliación determinará la forma de dirimirlo; e) Excepciones al quórum supletorio: solamente podrá instalarse la asamblea de afiliados o delegados con no menos de la mitad más uno de sus miembros y el voto afirmativo de por lo menos los dos tercios (2/3) de estos cuando deban tomarse las siguientes decisiones: 1.

Constitución y disolución de los organismos comunales; 2. Adopción y reforma de estatutos; 3. Los actos de disposición de inmuebles; 4. Afiliación al organismo de acción comunal del grado superior; 5. Asamblea de las juntas de acción comunal, cuando se opte por asamblea de delegados; 6.

Asambleas de junta de viviendas; 7. Reuniones por derecho propio. CAPÍTULO VII. DE LOS DIGNATARIOS. ARTÍCULO 33. Período De Los Directivos Y Los Dignatarios. El período de los directivos y dignatarios de los organismos de acción comunal es el mismo de las corporaciones públicas nacionales y territoriales, según el caso.

ARTÍCULO 34. Procedimiento de elección de los dignatarios, La elección de dignatarios de los organismos de acción comunal será hecha por sus propios órganos o directamente por los afiliados, según lo determinen los estatutos y conforme al procedimiento que estos establezcan, bien sea por asamblea o en elección directa.

  1. En caso de que Juntas de Acción Comunal decidan hacer la elección por asamblea, deberán participar y votar la mitad más uno de los afiliados para que la decisión sea válida.
  2. En caso de realizar elección por votación directa, esta será válida si como mínimo participan y votan el 30% de sus afiliados.
  3. PARÁGRAFO 1,

En ningún caso la elección de los organismos de acción comunal de primer grado, se podrá realizar a través de la figura de delegados. PARÁGRAFO 2, Las funciones y los mecanismos de elección se estipularán en los estatutos. De todas maneras, la asignación de cargos será por cuociente y en por lo menos cinco (5) bloques separados, a saber: Junta Directiva la cual estará compuesta por la Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería y Secretaría; Fiscal, Comisión de Convivencia y Conciliadores; Delegados a los Organismos Superiores; Comisiones de Trabajo, en los organismos de primer grado, y secretarías ejecutivas a partir del segundo hasta el cuarto grado.

En atención a la aplicación progresiva de los principios de equidad de género, paridad, alternancia y universidad consagrados en los Artículos 40, 107 y 262 de la Constitución Política, al menos el 30% de los cargos de los organismos de acción comunal deberán ser ocupados por mujeres. PARÁGRAFO 3. Para los cargos de fiscal y los delegados a los organismos superiores, se deberán inscribir suplentes; las entidades que ejercen inspección, vigilancia y control, deberán realizar la inscripción y reconocimiento al igual que a los demás dignatarios.

PARÁGRAFO 4, Los miembros de la Junta Directiva de las juntas de acción comunal, propenderán por no realizar funciones distintas a las que le asigna la ley para el desempeño del cargo. PARÁGRAFO 5. La fecha límite para inscribir afiliados a los organismos comunales, será de mínimo quince (15) días calendario antes de la elección de los Dignatarios y ocho (8) días calendarios antes de cada asamblea ya sea ordinaria o extraordinaria.

ARTÍCULO 35. TRIBUNAL DE GARANTÍAS. El tribunal de garantías es el órgano designado antes de cualquier elección, cuyo objeto consiste en garantizar que todos los procesos electorales de los organismos comunales se lleven a cabo en concordancia con las disposiciones legales y estatutarias, y de conformidad con los principios que orientan el accionar comunal.

Mínimo treinta (30) días calendario antes de la elección de dignatarios, cada organismo comunal constituirá el tribunal de garantías que estará integrado por tres (3) afiliados a la misma, quienes no deben aspirar, ni ser dignatarios. PARÁGRAFO 1. Nominación.

Cada organismo comunal deberá consagrar en sus estatutos el órgano encargado de la designación de los miembros del tribunal de garantías, así como el procedimiento para su nombramiento. PARÁGRAFO 2, Vigencia. El tribunal de garantías deberá actuar válidamente desde la fecha de su designación hasta la fecha de elecciones, siempre y cuando este período no sea superior a tres (3) meses.

PARÁGRAFO 3, Funciones. Además de las que establezcan los estatutos, serán funciones del tribunal de garantías: a) Recibir la documentación necesaria para la postulación de candidatos, verificando el cumplimiento de los requisitos de postulantes y postulados, con el debido acompañamiento del secretario y fiscal del organismo comunal respectivo b) Hacer presencia, velar y acompañar todo el proceso electoral desde el momento de su nominación, garantizando la transparencia, correcta ejecución de la misma y el cumplimiento de los requisitos de Ley y estatutarios.

c) Garantizar el pleno derecho a la afiliación de las personas que cumplan con los requisitos; determinar junto con el secretario del organismo comunal, el horario y el lugar donde se llevarán a cabo las afiliaciones; certificar, junto con el secretario, el cierre del libro de afiliados y custodiarlo hasta el día de las elecciones; d) Suscribir, junto con el presidente y secretario del organismo comunal, todos los documentos correspondientes a la jornada electoral.

e) Denunciar ante la Comisión de Convivencia y Conciliación del organismo superior y/o autoridades competentes cualquier irregularidad que se presente durante el proceso de elección de los Dignatarios. ARTÍCULO 36. Fecha De Elección De Dignatarios. A partir del 2021 la elección de nuevos dignatarios de los organismos de acción comunal se llevará a cabo un año antes de la elección de corporaciones públicas territoriales, en las siguientes fechas: a) Junta de acción comunal y juntas de vivienda comunitaria, el último domingo del mes de abril y su período inicia el primero de julio del mismo año; b) Asociaciones de juntas de acción comunal, el último domingo del mes de julio y su período inicia el primero de septiembre del mismo año; c) Federaciones de acción comunal, el último domingo del mes de septiembre y su período inicia el primero de noviembre del mismo año; d) Confederación nacional de acción comunal, el último domingo del mes de noviembre y su período inicia el primero de enero del siguiente año; PARÁGRAFO 1.

Cuando sin justa causa no se efectúe la elección dentro de los términos legales la autoridad competente podrá imponer las siguientes sanciones: a) Suspensión del registro hasta por noventa (90) días; b) Desafiliación de los miembros o dignatarios. Junto con la sanción se fijará un nuevo plazo para la elección de dignatarios cuyo incumplimiento acarreará la cancelación del registro.

PARÁGRAFO 2, Cuando existiera justa causa, fuerza mayor o caso fortuito, para no realizar la elección, el organismo de acción comunal podrá solicitar autorización para elegir dignatarios por fuera de los términos establecidos. La entidad gubernamental que ejerce el control y vigilancia, con fundamento en las facultades desconcentradas mediante las Leyes 52 de 1990, 136 de 1994 y la Ley 753 de 2002 puede otorgar el permiso hasta por un plazo máximo de dos (2) meses.

PARÁGRAFO 3. Cuando la elección de dignatarios de los organismos de acción comunal coincida en el respectivo mes con la elección de corporaciones públicas, Presidente de la República, gobernadores o alcaldes municipales, la fecha de elección se postergará para el último sábado o domingo del mes siguiente.

PARÁGRAFO 4. El Ministerio del Interior podrá suspender las elecciones de dignatarios en todo o en parte de su jurisdicción, por motivos de orden público o cuando se presenten hechos o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito. PARÁGRAFO TRANSITORIO.

Para efectos de las elecciones de directivos y dignatarios de la organización comunal, en el año 2021-2022 se realizará por única vez el proceso electoral conforme al cronograma previsto en el Artículo 6o de la Resolución 1513 del 22 de septiembre del 2021, en razón del aplazamiento de este proceso con ocasión a la pandemia Covid 19.

ARTÍCULO 37. Calidad De Dignatario, La calidad de dignatario de un organismo de acción comunal se adquiere con la elección efectuada por el órgano competente y se acredita de acuerdo con el procedimiento establecido por los estatutos, con sujeción al principio de buena fe.

ARTÍCULO 38. Dignatarios De Los Organismos De Acción Comunal, Son dignatarios de los organismos de acción comunal las personas que hayan sido elegidas para el desempeño de cargos en los órganos de dirección, administración, vigilancia, conciliación y representación. PARÁGRAFO 1. Los estatutos de los organismos de acción comunal señalarán las funciones de los dignatarios.

PARÁGRAFO 2, Para ser dignatario de los organismos de acción comunal se requiere ser afiliado en el caso de las organizaciones de primer grado, y delegado debidamente certificado, para las organizaciones de segundo a cuarto grado. PARÁGRAFO 3. Incompatibilidades.

  1. A) Entre los directivos, entre éstos y el fiscal o los conciliadores no puede haber parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, o ser cónyuges o compañeros permanentes.
  2. Casos especiales en lo rural, podrán ser autorizados por el organismo comunal de grado superior; b) En la contratación y/o en la adquisición de bienes muebles o inmuebles, regirá la misma incompatibilidad con quien(es) se pretenda realizar el acto; c) El representante legal, el tesorero, el secretario general, el secretario de finanzas, el vicepresidente y el fiscal deben ser mayores de edad y saber leer y escribir; d) El administrador del negocio de economía solidaria no puede tener antecedentes de sanciones administrativas o judiciales; e) Los conciliadores de los organismos de acción comunal de segundo a cuarto grado, deben ser delegados de distintos organismos afiliados.

ARTÍCULO 39. Beneficios para los dignatarios, Adicional a los que señalen los estatutos, los dignatarios de los organismos de acción comunal podrán tener los siguientes beneficios: a) Quien ejerza la representación legal de un organismo de acción comunal podrá percibir ingresos provenientes de los recursos propios generados por el organismo, para gastos de representación previa reglamentación en estatutos y autorización de la asamblea respectiva; b) El Sena, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y las demás Universidades Públicas, podrán crear programas gratuitos, presenciales y/o virtuales, y de acceso prioritario de capacitación y formación técnica, tecnológica, profesional, posgrado o de formación continua destinados a los dignatarios de los organismos de acción comunal que contribuyan al desarrollo económico y productivo de las comunidades; c) Las entidades territoriales podrán entregar a quienes ejerzan la representación legal o sean miembros de la junta directiva de un organismo de acción comunal, un subsidio en el sistema integrado de transporte o intermunicipal del municipio o distrito en el que resida o su equivalente, correspondiente al 50% del valor de hasta 60 pasajes, con el fin de garantizar el óptimo desarrollo de sus funciones, aplicando también para transporte veredal.

En todo caso será solo para una persona por Junta de Acción Comunal. Las entidades territoriales que establezcan este subsidio reglamentarán previamente la fuente presupuestal que lo financia y la garantía de su efectividad; d) Las entidades territoriales certificadas en educación podrán diseñar y promover programas de beneficios e incentivos que promuevan la incursión de jóvenes entre los 14 y 28 años en los organismos comunales; f) En caso de desplazamiento o amenaza que dificulte el desarrollo de su función como dignatario este podrá mantener su dignidad a pesar de no estar en su territorio.

Por lo anterior, ningún dignatario que se encuentre bajo esta situación podrá ser sancionado por incumplir el deber contemplado en el literal c) del Artículo 28 de la presente ley, siempre y cuando certifique por la autoridad competente que su vida e integridad se encuentra ante un peligro efectivo y eminente.

ARTÍCULO 40. Interlocución. a) Las autoridades del respectivo departamento, distrito, municipio y localidad atenderán a los organismos de primer y segundo grado por lo menos una vez al año con la presencia indelegable del mandatario respectivo, según la reglamentación que expida el ente territorial en la materia.

b) Los organismos federativos de la acción comunal serán atendidos por el Gobernador respectivo por lo menos tres (3) vez al año en una jornada de un día, en la forma en que lo regule la entidad correspondiente. La presencia del gobernador será indelegable por lo menos una vez y este encuentro podrá ser en días no hábiles.

c) Concejos Municipales o Distritales y Asambleas Departamentales, deberán destinar por lo menos una sesión semestral, para escuchar de forma exclusiva a los representantes de las Asociaciones y Federaciones de Acción Comunal con el objeto de debatir y discutir sobre las necesidades y problemáticas que presenten los organismos de acción comunal en la forma en que lo regule la entidad territorial correspondiente.

Esta sesión podrá hacerse en época de discusión del presupuesto de la respectiva entidad territorial. d) Los Dignatarios de la Confederación Nacional de Acción Comunal tendrán derecho a ser recibido por los Ministros y Directores de Institutos descentralizados, tres (3) veces al año, para tratar temas misionales y que tienen que ver con la comunidad que representan los organismos comunales, bajo la Coordinación del Ministerio del Interior.

e) Dentro de la semana siguiente a la celebración del Día de la Acción Comunal, establecido en la presente Ley, el Ministerio del Interior promoverá una audiencia para la interlocución de los dignatarios del Organismo de cuarto grado y Presidentes de las Federaciones de Acción comunal con el Ministro del Interior, las Comisiones Séptimas Constitucionales del Congreso de la República, y demás entidades del orden nacional, responsables de la promoción y participación comunal en el país.

CAPÍTULO VIII. DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA. ARTÍCULO 41. Asamblea General. La asamblea general de los organismos de acción comunal es la máxima autoridad del organismo de acción comunal respectivo. Está integrada por todos los afiliados o delegados, cada uno de los cuales actúa en ella con voz y voto.

  1. ARTÍCULO 42.
  2. Funciones De La Asamblea.
  3. Además de las funciones establecidas en los estatutos respectivos, corresponde a la asamblea general de los organismos de acción comunal: a) Decretar la constitución y disolución del organismo; b) Adoptar y reformar los estatutos; c) Remover en cualquier tiempo y cuando lo considere conveniente a cualquier dignatario previo debido proceso; d) Ordenar, con sujeción a la ley, la terminación de los contratos de trabajo; e) Determinar la cuantía de la ordenación de gastos y la naturaleza de los contratos que sean de competencia de la asamblea general, de la directiva, del representante legal, de los comités de trabajo, secretarías ejecutivas, comisiones empresariales y de los administradores o gerentes de las actividades de economía social; f) Elegir todos los dignatarios y demás cargos creados legal y estatutariamente; g) Adoptar y/o modificar los planes, programas y proyectos que los órganos de administración presenten a su consideración; h) Aprobar en la primera reunión de cada año las cuentas, los estados de tesorería de los organismos comunales; i) Aprobar o improbar los estados financieros, balances y cuentas que le presenten las directivas, el fiscal o quien maneje recursos de los organismos comunales; j) Aprobar el Plan de Acción y el Plan de Desarrollo Comunal y Comunitario, los cuales se enmarcarán en el instrumento de la Planeación del Desarrollo de cada entidad territorial; k) Las demás decisiones que correspondan a los organismos comunales y no estén atribuidas a otro órgano o dignatario.

ARTÍCULO 43. Convocatoria. Es el llamado que se hace a los integrantes de la asamblea por los procedimientos estatutarios, para comunicar el sitio, fecha y hora de la reunión o de las votaciones y los demás aspectos establecidos para el efecto. La convocatoria para reuniones de la Asamblea General será ordenada por el Presidente, por la Junta Directiva o por su mayoría y será comunicada por el Secretario General del organismo comunal.

Si el Secretario General no la comunica dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de que fue ordenada, la comunicará un secretario ad-hoc designado por el Presidente. PARÁGRAFO 1. Difusión. La convocatoria se comunicará a través de medios físicos, medios digitales y/o complementarios existentes en el territorio colombiano.

PARÁGRAFO 2. Además de lo contenido en los estatutos, la comunicación de la convocatoria debe tener como mínimo la siguiente información: a) Nombre y calidad del convocante; b) Modalidad c) Objetivo de la asamblea o asunto(s) a tratar; d. Lugar, fecha y hora de la asamblea; d) Firma del Secretario General, Presidente; e) Fecha de la comunicación.

PARÁGRAFO 3. La asamblea general puede reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria, siempre que concurra, cuando menos, la mitad más uno de quienes la integran. ARTÍCULO 44. Directivas Departamentales. En los departamentos en los cuales exista más de una federación, se creará una directiva departamental con funciones de planificación, asesoría y capacitación hacia las federaciones y asociaciones, así como funciones y de comunicación hacia la confederación.

ARTÍCULO 45. Comisiones de trabajo o secretarías ejecutivas, Se denomina comisiones de trabajo en los organismos de primer grado y secretarías ejecutivas a partir del segundo al cuarto grado y son los órganos encargados de ejecutar los planes, programas y proyectos que defina la organización comunal.

  • El número, nombre y funciones de las comisiones deben ser determinados por la asamblea general.
  • En todo caso, los organismos de acción comunal de primer grado tendrán como mínimo tres (3) comisiones y a partir de los organismos de segundo hasta el cuarto grado tendrán como mínimo tres (3) secretarías ejecutivas que serán elegidas en la asamblea o elección directa donde se provean los demás cargos y su período será igual al de todos los dignatarios.

La dirección y coordinación de las comisiones de trabajo o secretarías ejecutivas estará a cargo de un coordinador elegido por los integrantes de la respectiva comisión. Cada comisión y secretaría ejecutiva se dará su propio reglamento interno de funcionamiento, el cual se someterá a la aprobación de la Junta Directiva.

PARÁGRAFO. Sin perjuicio del número, nombre y funciones de las comisiones o secretarías ejecutivas de los organismos de acción comunal, estos siempre podrán contar con una comisión o secretaría ejecutiva del deporte, la recreación y la actividad física, las cuales trabajarán de forma coordinada con la secretaría, instituto u oficina del deporte municipal, distrital o departamental en el desarrollo de los programas, planes y proyectos que estas entidades ejecuten en su jurisdicción.

Los comités y secretarías ejecutivas recibirán acompañamiento técnico en asuntos relacionados con el deporte, recreación y actividad física, con la verificación semestral de la efectividad de los planes, programas y proyectos desarrollados, lo cual será criterio determinante para permitir la continuidad o retiro del acompañamiento de que trata este parágrafo.

ARTÍCULO 46. De la junta directiva. La Junta Directiva es el órgano de dirección y administración de los organismos de acción comunal, su conformación y funciones se decidirán en los estatutos de cada organismo. Además de las que se establezcan en los estatutos, las funciones de la Junta Directiva serán: a) Aprobar su reglamento y el de las comisiones de trabajo, secretarías ejecutivas, órganos asesores y consultores, plataformas o redes y demás órganos establecidos en los estatutos; b) Ordenar gastos y celebrar contratos en la cuantía y naturaleza que le asigne la asamblea general; c) Promover, y liderar y presentar el Plan de Desarrollo Comunal que enuncia el Artículo 3o de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 6o de la Ley 1551 del 2012, a consideración de la asamblea general, para su aprobación, improbación y modificación, dentro de los sesenta días (60) días calendario siguientes a la posesión, cuya vigencia será igual al periodo de elección; d) Elaborar y presentar anualmente los respectivos Planes de Acción en concordancia con el Plan aprobado por la Asamblea General; dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a su posesión al inicio del periodo de los dignatarios.

Este Plan Estratégico de Desarrollo comunal se presentará en su orden a las secretarías de Planeación, Departamentos administrativos de planeación o quien haga sus veces, así: 1. Juntas de Acción Comunal, Juntas de vivienda comunal y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal a la entidad del municipio o distrito; 2.

Federaciones Comunales municipales y distritales a la entidad del municipio o distrito; 3. Federaciones departamentales a la entidad del departamento; 4. La Confederación Comunal a la entidad del Estado a nivel nacional. Todos con el objeto de ser incluidos en los planes de desarrollo de las entidades territoriales.

Este plan consultará los programas sectoriales puestos a consideración por los candidatos a la junta directiva, según el caso. e) Convocar a foros y eventos de encuentro y deliberación en su territorio sobre asuntos de interés general; f) Convocar una rendición de cuentas anual ante la asamblea general, donde presenten sus resultados las directivas, el fiscal o quien maneje recursos de los organismos; g) Promover una rendición de informes anual, por parte de cada órgano del organismo comunal; h) Promover la participación ciudadana en los diferentes escenarios comunales.

Para tal efecto, facilitarán el acceso y uso de los salones y espacios comunales a todos los ciudadanos y grupos de ciudadanos que así lo requieran de conformidad a lo reglamentado en los estatutos; i) Elegir a dignatarios en calidad de encargo o ad hoc hasta por sesenta (60) días calendario, prorrogables por una sola vez hasta por (30) días más.

Lo cual se debe comunicar ante la entidad que ejerce Inspección, Vigilancia y Control. j) Las demás que le asignen la asamblea, los estatutos y el reglamento. ARTÍCULO 47. Articulación de los planes estratégicos de desarrollo comunal con los planes de desarrollo de las entidades territoriales,

Los Alcaldes Municipales articularán los Planes Estratégicos de Desarrollo Comunal formulados por las Asociaciones Comunales en los planes de desarrollo de sus territorios; asimismo los Gobernadores, Alcaldes Distritales especiales o de municipios de primera categoría elaborarán sus Planes de Desarrollo integrando las visiones contenidas en los Planes de Desarrollo Estratégicos Comunales de las Federaciones Comunales.

Los entes territoriales podrán incluir dentro de su plan de desarrollo el presupuesto destinado para las juntas de acción comunal, según lo disponga la política pública. PARÁGRAFO 1. Los organismos de Acción Comunal elaborarán un Plan de desarrollo comunal y comunitario para el periodo por el cual fueron elegidos, que servirá de guía para su gestión durante los cuatro (4) años del periodo y su compromiso ante la comunidad para el desarrollo de programas, proyectos y acciones en beneficio de ella.

PARÁGRAFO 2. Los Planes Estratégicos de Desarrollo Comunal se articularán con las iniciativas contenidas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y los Planes de desarrollo comunal y comunitario para la Transformación Regional (PATR) o en su momento la Hoja de Ruta Única que los incorpore, tratándose de los municipios descritos en el Decreto ley 893 de 2017 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

PARÁGRAFO 3. Los Planes de desarrollo comunal y comunitario de los Organismos de Acción Comunal que se ubiquen en los municipios descritos en el Decreto ley 893 de 2017 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya deberán prever las iniciativas contenidas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) o en su momento la Hoja de Ruta Única que los incorpore.

PARÁGRAFO 4, El Ministerio del Interior, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, promoverán herramientas técnicas y pedagógicas que permitan la definición, alcance, formulación, adopción, seguimiento y evaluación, entre otros, de los Planes Estratégicos de Desarrollo Comunal y los Planes de Acción de los Organismos de Acción Comunal.

CAPÍTULO IX. DE LA CONCILIACIÓN, LAS IMPUGNACIONES Y NULIDADES. ARTÍCULO 48. La comisión de convivencia y conciliación, Para efectos de esta ley, la comisión de convivencia y conciliación constituye el órgano encargado de garantizar que los afiliados gestionen sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral denominado conciliador.

  • La comisión propenderá a la resolución pacífica de conflictos, la sana convivencia, el fortalecimiento y el orden justo de la comunidad que hace parte del organismo de acción comunal.
  • ARTÍCULO 49.
  • Conformación de la comisión de convivencia y conciliación,
  • En todos los organismos de acción comunal existirá una comisión de convivencia y conciliación, que se integrará por un número impar de mínimo tres (3) personas que sean elegidos según lo dispuesto en la normatividad y sus estatutos.

PARÁGRAFO 1. Los conciliadores en equidad, deberán cumplir con los requisitos que dictaminan la Ley 446 de 1998, la Ley 640 de 2001 y todas aquellas que las sustituyen, modifiquen o complementen. ARTÍCULO 50. Funciones de la comisión de convivencia y conciliación.

Corresponde a la comisión de convivencia y conciliación: a) Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas dentro de la comunidad a partir del reconocimiento y respeto de la diversidad, para lograr el ambiente necesario que facilite su normal desarrollo; b) Surtir la vía conciliatoria de todos los conflictos organizativos que surjan en el ámbito del correspondiente organismo de acción comunal; c) Avocar, mediante procedimiento de conciliación en equidad, los conflictos comunitarios que sean susceptibles de transacción, desistimiento, querella y conciliación, siempre y cuando el conciliador de la comisión de convivencia y conciliación, sea formado, avalado y nombrado de acuerdo con lo establecido en la Ley 23 de 1991 o la norma que la modifique, sustituya o complemente; d) Además de las funciones conciliatorias la comisión de convivencia y conciliación de los grados superiores, conocerán de las demandas de impugnación y de los procesos disciplinarios de su territorio.

PARÁGRAFO 1. Durante la etapa conciliatoria se tendrán quince (15) días hábiles como plazo máximo para avocar el conocimiento y cuarenta y cinco (45) días hábiles máximo para intentar hasta por tres (3) veces la conciliación. Vencidos los términos, sin que se haya conciliado, se concilie parcialmente, la comisión de convivencia y conciliación remitirá la documentación al organismo de acción comunal de grado jerárquico inmediatamente superior quien conocerá y adelantará la primera instancia.

  • PARÁGRAFO 2.
  • Logrado el acuerdo conciliatorio, total o parcial, los conciliadores de la comisión de convivencia y conciliación, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la realización de la audiencia, deberán registrar el acta en el libro de actas de la comisión.
  • Para efectos de este registro, el conciliador ponente entregará los antecedentes del trámite conciliatorio, un original del acta para que repose en el libro y cuantas copias como partes haya.

PARÁGRAFO 3. Las decisiones recogidas en actas de conciliación, prestarán mérito ejecutivo y trascienden a cosa juzgada. PARÁGRAFO 4. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo o cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia y no justifique su inasistencia dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, se presumirá la falta de ánimo conciliatorio.

  1. PARÁGRAFO 5.
  2. Los miembros de la Comisión de Convivencia y Conciliación podrán hacer parte del Programa Local de Justicia en Equidad, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Justicia y del Derecho.
  3. ARTÍCULO 51.
  4. Conciliador,
  5. Las funciones del conciliador serán: a) Citar a las partes y a quienes, en su criterio, deben asistir en la audiencia; b) Impulsar y garantizar el correcto desarrollo de audiencia de conciliación; c) Motivar a las partes a la resolución del conflicto; d) Levantar el acta de la audiencia de conciliación; e) Expedir a los interesados constancia en las que se indique la fecha de celebración de la audiencia y el objeto de la misma; f) Registrar el acta de la audiencia de conciliación en el libro de actas de la comisión de convivencia y conciliación; g) Formular propuestas de arreglo.

PARÁGRAFO 1. La citación a la audiencia deberá comunicarse a las partes por el medio que el conciliador considere más expedito y eficaz, de conformidad con lo establecido en los estatutos, indicando sucintamente el objeto de la conciliación. PARÁGRAFO 2,

Los estudiantes de último año de psicología, trabajo social, psicopedagogía y derecho, podrán hacer sus prácticas en las oficinas de los organismos de acción comunal facultados para conciliar, apoyando la labor del conciliador y el desarrollo de las audiencias advirtiendo las consecuencias jurídicas de la no comparecencia.

ARTÍCULO 52. Suspensión A La Audiencia De Conciliación, La audiencia de conciliación sólo podrá suspenderse cuando las partes por mutuo acuerdo la soliciten y siempre que a juicio de la comisión de convivencia y conciliación haya ánimo conciliatorio. PARÁGRAFO.

En la misma audiencia se fijará una nueva fecha y hora para su continuación, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco (5) días hábiles. ARTÍCULO 53. Corresponde al organismo comunal de grado inmediatamente superior o en su defecto a la entidad que ejerce la inspección, vigilancia, control: a) Conocer de las demandas de impugnación contra la elección de dignatarios de los organismos comunales o contra las demás decisiones de sus órganos y los procesos disciplinarios; b) La segunda instancia de los procesos de impugnación estará a cargo de la entidad de inspección, vigilancia y control de la organización comunal que falló en primera instancia; c) Una vez se haya agotado la vía conciliatoria en el nivel comunal correspondiente, conocer en primera instancia sobre los conflictos organizativos que se presenten en los organismos de grado inferior; d) La segunda instancia en el caso de conflictos organizativos estará a cargo del organismo comunal de grado inmediatamente superior del que falló en primera instancia.

PARÁGRAFO 1. Se entenderá agotada la instancia comunal, cuando en caso de incumplimiento injustificado, la comisión de convivencia y conciliación no atienda hasta dos (2) requerimientos de la entidad de inspección, vigilancia y control correspondiente.

PARÁGRAFO 2, Agotada la instancia de acción comunal, asumirá el conocimiento la entidad del gobierno que ejerza el control y vigilancia de conformidad con los términos del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. ARTÍCULO 54, Acta de conciliación, El acta del acuerdo conciliatorio deberá contener lo siguiente: 1.

Lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación; 2. Identificación de los conciliadores; 3. Identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia; 4. Relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación; 5.

El acuerdo logrado por las partes; con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas; 6. Firma de las partes. PARÁGRAFO. Se entregará copia del acta de conciliación, la cual constituye la primera copia que presta mérito ejecutivo a los intervinientes de la conciliación.

ARTÍCULO 55. Gratuidad. Los trámites de conciliación que se celebren en los organismos de acción comunal serán gratuitos. Parágrafo. El conciliador deberá recordar a las partes citadas a la conciliación, la gratuidad, celeridad y beneficios del trámite conciliatorio al inicio de la audiencia.

ARTÍCULO 56. Regulación, Para efectos de regular y sancionar las conductas violatorias de la Ley y los Estatutos por parte de los Dignatarios de los Organismos Comunales correspondientes, las Comisiones de Convivencia y Conciliación de los grados inmediatamente superior adelantarán investigaciones disciplinarias en orientación a la normativa vigente y los Estatutos del mismo Organismo Comunal.

PARÁGRAFO 1. Las instancias correspondientes que deban surtirse en los procesos disciplinarios de los Organismos Comunales se adelantarán en los diferentes niveles superiores de la misma Organización hasta la ejecutoria del fallo, con excepción del cuarto nivel y el tercer nivel en segunda instancia donde los procesos los tramitará el Ministerio del Interior.

PARÁGRAFO 2, El fallo de primera instancia debe ser expedido en un término no mayor de cuatro (4) meses, contados a partir del momento en que se avoque el conocimiento por parte del organismo de grado superior. PARÁGRAFO 3. El fallo de primera instancia, sea disciplinario o de impugnación, lo debe proferir la Comisión de Convivencia y Conciliación de segundo, tercero o cuarto de grado, en un término no mayor a cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la notificación.

PARÁGRAFO 4, Los recursos de reposición y apelación deben ser resueltos por las Comisiones de Convivencia y Conciliación en un término no mayor a treinta (30) días. ARTÍCULO 57. Impugnación de la elección. Las demandas de impugnación solo podrán ser presentadas por quienes tengan la calidad de afiliados.

El número de los mismos, el término para la presentación, las causales de impugnación y el procedimiento En general serán establecidos en los estatutos de cada organismo comunal. ARTÍCULO 58. Nulidad de la Elección. La presentación y aceptación de la demanda en contra de la elección de uno o más dignatarios de un organismo comunal no impiden el registro de los mismos siempre que se cumplan los requisitos al efecto.

Declarada la nulidad de la elección de uno o más dignatarios se cancelará el registro de los mismos y la autoridad competente promoverá una nueva elección. ARTÍCULO 59. Las entidades competentes ejercerán la inspección, vigilancia, control sobre el manejo del patrimonio de los organismos de acción comunal, así como de los recursos oficiales que los mismos reciban, administren, recauden o tengan bajo su custodia y, cuando sea del caso, instaurarán las acciones judiciales, administrativas o fiscales pertinentes.

  • Si de la inspección se deducen indicios graves en contra de uno o más dignatarios, la autoridad competente podrá suspender temporalmente la inscripción de los mismos hasta tanto se conozcan los resultados definitivos de las acciones instauradas.
  • CAPÍTULO X.
  • RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL.
  • ARTÍCULO 60.
  • Patrimonio.

El patrimonio de los organismos de acción comunal es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que ingresen legalmente por concepto de contribuciones, aportes, donaciones y las que provengan de cualquier actividad u operación lícita que ellos realicen.

PARÁGRAFO. El patrimonio de los organismos de acción comunal no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los afiliados. Su uso, usufructo y destino se acordará colectivamente en los organismos comunales, de conformidad con sus estatutos. Parágrafo 2. Los recursos oficiales que ingresen a los organismos de acción comunal para la realización de obras, prestación de servicios o desarrollo de convenios, no ingresarán a su patrimonio y el importe de los mismos se manejará contablemente en rubro especial.

ARTÍCULO 61, Los recursos de los organismos de acción comunal que no tengan destinación específica se invertirán de acuerdo con lo que determinen los estatutos y la asamblea general. PARÁGRAFO, Los organismos de acción comunal deberán realizar un registro físico y/o digital de la inversión de estos recursos, el cual deberá presentarse semestralmente ante la junta directiva de la asamblea y los organismos de inspección, vigilancia y control o quien haga sus veces.

  1. ARTÍCULO 62,
  2. A los bienes, beneficios y servicios administrados por los organismos de acción comunal tendrán acceso todos los miembros de la comunidad, los miembros activos y su familia de conformidad con sus estatutos y reglamentos.
  3. Parágrafo.
  4. Los organismos de acción comunal deberán llevar un registro físico y/o digital del uso de los bienes, beneficios y servicios de que trata el presente Artículo, así como del miembro o miembros de la comunidad que hicieron uso de los mismos, a efectos de corroborar su adecuado uso y manejo.

ARTÍCULO 63, Conforme con el Artículo 141 de la Ley 136 de 1994, los organismos comunales podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal, mediante su participación en el ejercicio de sus funciones, la prestación de bienes y servicios o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración central o descentralizada.

Los contratos o convenios que celebren con los organismos comunales se realizarán de acuerdo con la ley y sus objetivos, se regularán por el régimen vigente de contratación para organizaciones solidarias. PARÁGRAFO 1. Los organismos de Acción Comunal podrán contratar con las entidades territoriales hasta por la menor cuantía de dicha entidad de conformidad con la ley.

PARÁGRAFO 2 Los denominados convenios solidarios y contratos interadministrativos de mínima, que trata el presente Artículo también podrán ser celebrados entre las entidades del orden nacional, departamental, distrital, local y municipal y los organismos de acción comunal para la ejecución de proyectos incluidos en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo o para la ejecución de los proyectos derivados del Acuerdo Final de Paz, como lo son, los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial o los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) o la Hoja de Ruta Única de que trata el Artículo 281 de la Ley 1955 de 2019.

  • ARTÍCULO 64.
  • Presupuesto.
  • Todos los organismos comunales deben llevar contabilidad, igualmente elaborar presupuesto de ingresos y de gastos e inversiones para un período anual, el cual debe ser aprobado por la asamblea general y del que formará parte el presupuesto de las empresas de economía social que les pertenezcan.

Sin embargo, la ordenación del gasto y la responsabilidad del sistema de contabilidad presupuestal recae sobre los representantes legales de estas empresas. ARTÍCULO 65. Libros De Registro Y Control, Los organismos de acción comunal, adicional a los libros que autoricen la asamblea general y los estatutos, llevarán los siguientes: a) De tesorería: en él constará el movimiento del efectivo de la respectiva organización comunal; b) De inventarios: deben registrarse en este libro los bienes y activos fijos de la organización; c) De actas de la asamblea: este libro debe contener el resumen de los temas discutidos en cada reunión, los asistentes y votaciones efectuadas; d) De registro de afiliados: contiene los nombres, identificación y dirección de los afiliados, así como las novedades que registran en lo que respecta a sanciones, desafiliaciones, delegaciones ante organismos públicos o privados; e) De actas de la comisión de convivencia y conciliación: contiene el resumen de los temas discutidos en cada reunión, asistentes, votaciones efectuadas y la decisión tomada.

  • F) Libro de Reuniones de Junta Directiva y de Dignatarios, en este libro se registra lo tratado en reunión de Junta Directiva como también cuando se reúna todos los Dignatarios del organismo comunal.
  • PARÁGRAFO,
  • Los libros deben de llevarse en forma física y en digital mediante procesador de texto.
  • Las actas con las respectivas firmas de asistencia deben tenerse en el formato físico y en digital mediante el procesamiento de imágenes a través de un dispositivo electrónico.

Lo anterior de forma progresiva durante 5 años, teniendo en cuenta las capacidades operativas de cada organismo de la acción comunal. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, los organismos de acción comunal deberán realizar el proceso de depuración de libros.

ARTÍCULO 66. Software contable. El Ministerio del Interior gestionará la creación de una aplicación gratuita contable para las Juntas de Acción Comunal. El Ministerio del Interior deberá disponer de las capacitaciones necesarias a los dignatarios sobre su manejo. PARÁGRAFO. Para el desarrollo del presente Artículo se deberá implementar el software contable y digitalización de los libros contables de forma progresiva teniendo cuenta la capacidad y herramientas digitales de cada organismo de acción comunal.

ARTÍCULO 67. Tarifa diferencial en los servicios públicos domiciliarios, Como parte de la responsabilidad social empresarial, y teniendo en cuenta la colaboración que los Organismos de Acción Comunal pueden prestar en la lucha contra la ilegalidad en las conexiones de servicios públicos, las empresas de servicios públicos domiciliarios podrán, con cargo a sus propios recursos, aplicar una tarifa diferencial a todos los inmuebles donde funcionan exclusivamente los salones comunales, correspondiente a la tarifa aplicable del estrato residencial uno (1).

PARÁGRAFO. Las empresas de servicios públicos podrán revocar este tratamiento de manera motivada. ARTÍCULO 68. Equipamientos comunales, Podrá destinarse un rubro del recaudo del impuesto predial municipal o distrital para la construcción, mejoramiento y acondicionamiento del equipamiento comunal, tales como salones comunales, casetas comunales infraestructura deportiva, cultural y demás equipamientos comunales de propiedad del municipio, distrito u organismo de acción comunal legalmente constituido.

Igualmente, en los bienes sobre los cuales ejerza de manera legal, posesión, goce, uso, tenencia o disfrute del bien a cualquier título, siempre y cuando no se vaya a interrumpir en el tiempo. Los departamentos podrán con recursos propios realizar las inversiones de los que trata este Artículo mediante reglamentación que para tal efecto se establezca.

PARÁGRAFO, Las apropiaciones de gasto en virtud de los recursos a los que se refiere este Artículo, serán computadas como gasto de inversión y asociadas a los proyectos del Plan Municipal o Distrital de Desarrollo con los que se encuentren relacionados. El Concejo Municipal o Distrital de la respectiva entidad territorial podrá, en caso de que en el Plan Municipal o Distrital de Desarrollo del respectivo Distrito o Municipio no se cuente con metas asociadas al objeto del gasto al que se refiere el presente Artículo, a iniciativa del Alcalde Municipal, modificar al Plan de Desarrollo Municipal o Distrital incluyendo programas y metas referidas a estos objetos de gasto y al fortalecimiento de los organismos de Acción Comunal.

CAPÍTULO XI. DISOLUCIÓN, CANCELACIÓN Y LIQUIDACIÓN. ARTÍCULO 69. Disolución. Decisión mediante la cual los miembros de un organismo comunal, en asamblea con quórum requerido, aprueban la finalización de actividades del organismo de la cual hacen parte. La disolución decidida por el mismo organismo requiere para su validez la aprobación de la entidad gubernamental competente.

  1. En el mismo acto en el que el organismo apruebe su disolución, nombrará un liquidador, en su defecto lo será el último representante legal inscrito o la entidad que ejerce control y vigilancia.
  2. ARTÍCULO 70.
  3. Cancelación,
  4. La entidad de inspección, vigilancia y control, previo el correspondiente proceso, podrá cancelar la personería jurídica de un organismo comunal mediante acto administrativo motivado.

La cancelación de la personería jurídica procederá por decisión del ente gubernamental o a causa de la disolución aprobada por sus miembros. Cuando la cancelación de personería jurídica provenga de una decisión de la entidad de inspección, vigilancia y control, esta nombrará un liquidador y depositario de los bienes.

Cuando la situación lo demande, el liquidador puede ser un servidor del ente gubernamental, caso en el cual la entidad deberá justificar su decisión. PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que declare la cancelación de personería jurídica procederán los recursos de reposición y apelación, según los términos establecidos en el Artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 71. Liquidación. Procedimiento inmediatamente posterior a la cancelación de la personería jurídica de un organismo comunal, encaminado a terminar las relaciones que tenga la organización frente a terceros o frente a las personas que la integran.

  • En cualquiera de los casos, el liquidador debe saber leer y escribir, no puede pesar contra él sanción vigente, no puede haber sido sancionado por causales de tipo económicas.
  • PARÁGRAFO.
  • Sin excepción, todos los organismos comunales a las que se haya cancelado la personería jurídica deberán ser liquidados.

ARTÍCULO 72. Proceso de liquidación. Con cargo al patrimonio· del organismo, o, en caso de estar en ceros, de la entidad de inspección, vigilancia y control, el liquidador publicará tres (3) avisos informativos por los medios de comunicación disponibles tanto digitales como físicos de amplia difusión en el territorio, dejando entre uno y otro un lapso de quince (15) días hábiles, en los cuales se informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer sus derechos.

En las publicaciones debe constar el número de personería jurídica de la organización u organizaciones a liquidar, dirección y contacto a donde se recibirán reclamaciones. PARÁGRAFO 1, El liquidador debe elaborar el inventario de bienes muebles e inmuebles, los balances y estados financieros iniciales y finales, los cuales deben estar firmados por un contador público, en caso de que el organismo comunal no pueda proveer uno, pueden acudir a uno de la entidad de inspección, vigilancia y control.

PARÁGRAFO 2. El liquidador debe solicitar paz y salvos ante las entidades territoriales con quien haya tenido relación, correspondientes a contratos, créditos, impuestos, contribuciones o similares; así como el certificado catastral sobre la titularidad de bienes inmuebles.

En caso de existir bienes muebles e inmuebles, el liquidador debe aportar la documentación necesaria para que el organismo destinatario de este pueda gestionar el traspaso. PARÁGRAFO 3. Quince (15) días hábiles después de la publicación del último aviso, se procederá a la liquidación en la siguiente forma: en primer lugar, se reintegrarán al Estado los recursos oficiales, y en segundo lugar se pagarán las obligaciones contraídas con terceros observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos.

Si cumplido lo anterior, queda un remanente del activo patrimonial, este pasará al organismo comunal que se establezca en los estatutos, al de grado superior dentro de su radio de acción o en su defecto al organismo gubernamental de desarrollo comunitario existente en el lugar.

  1. Una vez elaborado el informe de liquidación, el liquidador convocará a los otros afiliados al organismo comunal con el fin de socializar su gestión y el producto de esta.
  2. De lo anterior, se aportará a la entidad gubernamental acta y listado de asistencia.
  3. PARÁGRAFO 4.
  4. Una vez surtido lo anterior, la entidad de inspección, vigilancia y control expedirá el acto administrativo mediante el cual se declara liquidado el organismo de acción comunal.

Solo a partir de este momento las comunidades pueden iniciar el trámite de la personería jurídica para una nueva organización comunal. CAPÍTULO XII. COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNAL O DE LA ENTIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL QUE HAGA SUS VECES Y DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA EJERCER INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.

  • ARTÍCULO 73.
  • Definiciones.
  • Para efectos de la vigilancia, inspección y control que se refiere el presente proyecto de ley, se entiende por: Vigilancia: Es la facultad que tienen las autoridades del nivel nacional y territorial para hacer seguimiento a las actuaciones de los organismos comunales, con el fin de velar por el cumplimiento de la normatividad vigente.

Inspección: Es la facultad que tienen las autoridades del nivel nacional y territorial para verificar y/o examinar el cumplimiento de la normatividad legal vigente de los organismos comunales en aspectos jurídicos, contables, financieros, administrativos, sociales y similares.

Control: Es la facultad que tienen las autoridades del nivel nacional y territorial para aplicar los correctivos necesarios, a fin de subsanar situaciones de orden jurídico, contable, financiero, administrativo, social y similar de las organizaciones comunales, como resultado del ejercicio de la inspección y/o vigilancia.

PARÁGRAFO. Las funciones de Inspección, Vigilancia y Control encomendadas a la Dirección de Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal o de la entidad del gobierno nacional que haga sus veces y de las demás Autoridades, se ejercerá respetando la autonomía de los organismos de acción comunal, y prevalecerá las funciones de apoyo, estímulo y fomento a las organizaciones comunales, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 103 de la constitución política.

ARTÍCULO 74. Niveles, Existen dos niveles de autoridades que ejercen vigilancia, inspección y control sobre los organismos comunales, de acuerdo al grado al que pertenezcan: a) Primer nivel: lo ejerce Ministerio del Interior, sobre los organismos comunales de tercer y cuarto grado. b) Segundo nivel: lo ejercen los Departamentos, Distritos y Municipios, a través de las dependencias a las que se le asignen dichas funciones sobre los organismos comunales de primer y segundo grado.

ARTÍCULO 75. Asesoría. El Ministerio del Interior deberá prestar asesoría y capacitación a las entidades territoriales, en aras de garantizar el efectivo cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control. PARÁGRAFO 1. El ejercicio de las funciones de las entidades territoriales, estará sujeto a la inspección y vigilancia del Ministerio del Interior, en los mismos términos que preceptúa la Ley 753 de 2002 y el Decreto 1066 de 2015.

  • PARÁGRAFO 2.
  • El Ministerio del Interior incentivará la delegación de funciones por parte de las entidades territoriales, cuando previo dictamen sobre su capacidad de gestión, se demuestre que no pueden atender de forma satisfactoria a los organismos comunales de su jurisdicción.
  • PARÁGRAFO 3.
  • La Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal o quien haga sus veces, prestará a las administraciones seccionales y de Bogotá, D.C., y demás entidades encargadas del programa de acción comunal, la asesoría técnica y legal para el cumplimiento de las funciones de su competencia y las visitará periódicamente para supervisar el cumplimiento de las funciones delegadas.

ARTÍCULO 76. Son funciones de las entidades de inspección, vigilancia y control las siguientes: 1. Otorgar, suspender y cancelar la personería jurídica de los organismos de acción comunal, así como la aprobación, revisión y control de sus actuaciones en los respectivos territorios, de conformidad con las orientaciones impartidas al respecto por el Ministerio del Interior.

  • Los alcaldes y gobernadores podrán delegar estas atribuciones en las instancias seccionales del sector público de gobierno; 2.
  • Conocer en segunda instancia de las demandas de impugnación contra la elección de dignatarios de organismos comunales y las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, administración y vigilancia de los organismos comunales; 3.

Realizar el registro sistematizado de los organismos de acción comunal sobre los que ejerza inspección, vigilancia, control y acompañamiento de conformidad con lo establecido en los Artículos 88 y 89; 4. Expedir los actos administrativos de reconocimiento, suspensión y cancelación de la personería jurídica de los organismos comunales; 5.

  • Expedir a través de actos administrativos la inscripción y reconocimiento de los órganos de dirección, administración y vigilancia y de dignatarios de los organismos comunales; 6.
  • Certificar sobre los aspectos materia de registro cuando así lo soliciten los organismos comunales o sus afiliados o afiliadas; 7.

Remitir trimestralmente al Ministerio del Interior una relación detallada de las novedades en los aspectos materia de registro; 8. Brindar asesoría técnica y jurídica a los organismos comunales y a sus afiliados o afiliadas; 9. Absolver las consultas y las peticiones presentadas por los organismos de acción comunal de su jurisdicción o sus afiliados o afiliadas; 10.

Vigilar la disolución y liquidación de las organizaciones de acción comunal; 11. Capacitar a los organismos de acción comunal sobre procesos de contratación y convenios solidarios; 12. Capacitar sobre la conformación y desarrollo de las Comisiones de Convivencia y Conciliación; 13. Capacitación en formulación de proyectos productivos.

ARTÍCULO 77. La atención administrativa a los programas de acción comunal se adelantará mediante el trabajo en equipo de los funcionarios de las diferentes dependencias nacionales, departamentales, distritales, municipales y los establecimientos públicos creados para la atención de la comunidad.

  • ARTÍCULO 78.
  • Los organismos de acción comunal a que se refiere esta ley, formarán una persona distinta de sus miembros individualmente considerados, a partir de su registro ante la entidad que ejerce su inspección, vigilancia y control.
  • Sus estatutos y sus reformas, los nombramientos y elección de dignatarios, los libros y la disolución y liquidación de las personas jurídicas de que trata esta ley, se inscribirán ante las entidades que ejercen su inspección, vigilancia y control.

La existencia y representación legal de las personas jurídicas a que se refiere esta ley se aprobarán con la certificación expedida por la entidad competente para la realización del registro. ARTÍCULO 79. Sistema de información comunal. El Ministerio del Interior, los municipios, distritos y departamentos en coordinación con los organismos de acción comunal, crearán e implementarán un sistema de información de acción comunal con ocasión al acopio, preservación de documentos, fomento a la investigación, memoria histórica, generación de conocimiento, oferta institucional del Estado, seguimiento y evaluación sobre la implementación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados a los organismos de acción comunal, con el objeto de satisfacer las necesidades informativas y de gestión, garantizando el acceso y disponibilidad pública de la información.

PARÁGRAFO 1. El Gobierno nacional reglamentará esta materia en un plazo no superior a un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente ley, y en el ámbito territorial será adoptado mediante decreto el sistema de información. PARÁGRAFO 2. Las entidades de inspección, vigilancia, control y acompañamiento apoyarán con recursos humanos y materiales a los organismos de acción comunal para el buen funcionamiento de estos.

ARTÍCULO 80. Las peticiones presentadas por las comunidades relativas a las materias señaladas en la presente ley deberán ser resueltas en los términos del Artículo 23 de la Constitución Política, 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 1755 de 2015.

ARTÍCULO 81, Los recursos de apelación que procedan contra los actos dictados con fundamento en las facultades señaladas por la presente ley, serán avocados de la siguiente manera: si proceden de los alcaldes municipales o entidades delegatarias de estos, por el gobernador del Departamento respectivo; y si proceden de los gobernadores, Alcalde de Bogotá, D.

C, por la Dirección de Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del Interior o quien haga sus veces. ARTÍCULO 82. Las autoridades de inspección, vigilancia y control territoriales actualizarán el Sistema de Información Comunal y remitirán trimestralmente al Ministerio del Interior un registro de las novedades administrativas expedidas conforme al Artículo precedente, a fin de mantener actualizada la información nacional de acción comunal.

  1. PARÁGRAFO,
  2. Las autoridades de inspección, vigilancia, control motivarán al organismo comunal de su competencia el uso del Sistema de Información Comunal.
  3. CAPÍTULO XIII.
  4. POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN Y DE VIVIENDA.
  5. ARTÍCULO 83.
  6. Los organismos de acción comunal podrán desarrollar proyectos de mejoramiento, de construcción o de autoconstrucción de vivienda, frente a las cuales se podrán aplicar los subsidios familiares de vivienda de interés social para los cuales podrán constituir Organizaciones Populares de Vivienda de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2391 de 1989; y que se encuentren vigentes en la política pública habitacional liderada por el Gobierno nacional, siempre y cuando se cumplan con los requisitos dispuestos en la normatividad para el acceso a las respectivas subvenciones.

Para el desarrollo de estos proyectos, los organismos comunales podrán crear dentro de su estructura orgánica una figura específica (empresa o comisión) que será reglamentada en sus estatutos. PARÁGRAFO, En todo caso, para el desarrollo de los proyectos de la referencia, los organismos de acción comunal deberán observar y cumplir con las exigencias contenidas en las normas técnicas que regulan la materia.

CAPÍTULO XIV. DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ACCIÓN COMUNAL. ARTÍCULO 84. Política pública de acción comunal, El Ministerio del Interior a través de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal en concertación con la Confederación Nacional de Acción Comunal con el acompañamiento técnico del Departamento Nacional de Planeación, determinará los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de la política, en un plazo no mayor a 18 meses a partir de la vigencia de la presente ley.

La elaboración de esta política tendrá en cuenta las evaluaciones de resultados e impactos de la implementación de los documentos CONPES 3661 de 2010 y 3955 de 2018. CAPÍTULO XV. FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN JUVENIL. ARTÍCULO 85. Comité de trabajo de los jóvenes comunales,

El Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para la Juventud, en conjunto con la Confederación Nacional de Acción Comunal, crearán el Comité de Trabajo para Jóvenes Comunales, con el fin de promover el ejercicio de la democracia participativa y la inclusión de nuevos liderazgos dentro de la organización social de la Acción Comunal.

ARTÍCULO 86. Educación de mecanismos de participación ciudadana. En atención a lo previsto en la Ley 1029 de 2006 y en el marco de la enseñanza de la Constitución Política y de la democracia, se incluirá la enseñanza, explicación y socialización de los mecanismos de participación ciudadana dentro de los cuales se encuentra la Organización de Acción Comunal, como espacio de formación ciudadana y comunitaria, para el conocimiento y ejercicio de la democracia participativa, fomento al respeto, tolerancia, inclusión, la promoción del sentido de pertenencia en el individuo frente a la comunidad convivencia, solidaridad, paz y desarrollo integral de la comunidad.

  1. PARÁGRAFO,
  2. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación con el apoyo de la Confederación Nacional de Acción Comunal tendrá un plazo de seis (6) meses para la reglamentación y aplicación de la presente disposición donde establecerá los criterios y lineamientos para implementar la cátedra comunal en las instituciones educativas públicas.

ARTÍCULO 87. Pedagogía. La Organización Comunal propenderá por el desarrollo y difusión de una cultura y pedagogía ciudadana en niños, niñas, adolescentes y jóvenes a fin de promover una mayor participación comunitaria en el progreso y fortalecimiento de la sociedad civil.

De igual manera, suscitará una mayor participación de las mujeres y grupos étnicos en la acción comunal. PARÁGRAFO, A partir de la promulgación de la presente ley el Ministerio de Educación Nacional promoverá procesos de reflexión pedagógica entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes después de la elección de dignatarios de organizaciones de acción comunal durante el mes de abril, como una estrategia pedagógica del desarrollo de competencias ciudadanas y en el marco de la celebración nacional del mes del niño.

CAPÍTULO XVI. DE EMPRENDIMIENTO COMUNAL. ARTÍCULO 88. Empresas para el beneficio comunitario, Los organismos de acción comunal podrán constituir empresas o proyectos rentables con el fin de financiar sus programas en beneficio de la comunidad. La representación legal de los organismos comunales estará a cargo de su presidente, pero para efectos de este Artículo, la representación la ejercerá el gerente o administrador de la respectiva empresa o proyecto rentable.

PARÁGRAFO 1. Los beneficios, rentabilidad o utilidad del ejercicio de estas actividades económicas serán reinvertidos en proyectos de desarrollo de los organismos de acción comunal y en actividades conexas al desarrollo del objeto social de estos organismos. PARÁGRAFO 2. Las empresas comunales se crearán a partir de las comisiones empresariales, quienes tendrán la responsabilidad de presentar ante la Junta Directiva los informes de resultados o desempeño especialmente del informe de financiero en materia de los excedentes generados por la empresa comunal para el financiamiento de proyectos de interés comunitario, para que sean incluidos en la construcción del Plan de Acción y el Plan de Desarrollo Comunal y Comunitario del organismo comunal.

ARTÍCULO 89. Financiación de los proyectos, Los Departamentos, Distritos y Municipios podrán asignar del valor total del presupuesto de inversión de la respectiva entidad, dependiendo la categoría de la entidad territorial y definido autónomamente por ellos, para un fondo de fortalecimiento comunal local que servirá para fortalecer y apoyar iniciativas, programas o proyectos incluidos en los planes de desarrollo estratégico comunal de mediano plazo.

  • PARÁGRAFO 1,
  • El fondo de fortalecimiento comunal local, para el caso de los municipios del Decreto Ley 893 de 2017 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, adicionalmente podrá apoyar y financiar procesos de planeación y ejecución participativa que materialice los proyectos derivados del Acuerdo Final de Paz, como lo son, los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial o los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) o la Hoja de Ruta Única de que trata el Artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 o los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo PISDA, según sea el caso.
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PARÁGRAFO 2. Al momento de asignar el porcentaje al fondo de fortalecimiento de que te trata el presente Artículo, se deberá indicar la fuente que financiará la medida. ARTÍCULO 90, Para garantizar la propiedad comunal de la empresa o proyecto, los organismos de acción comunal deberán conformar Comisiones Empresariales de las cuales también pueden hacer parte los directivos, cuya organización y administración serán materia de reglamentación en sus estatutos.

  1. PARÁGRAFO.
  2. Las empresas y/o proyectos productivos rentables de iniciativa comunal deberán realizar su proceso de formalización empresarial, cumpliendo con la normatividad vigente propia de las actividades que se proponen desarrollar.
  3. El cumplimiento de esta disposición se realizará con el acompañamiento del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

ARTÍCULO 91, La unidad administrativa especial de organizaciones solidarias, o quien haga sus veces, fomentará, apoyará y promoverá la constitución, desarrollo y formalización de empresas y/o proyectos productivos de carácter solidario de iniciativa de las organizaciones comunales, los cuales deberán ser presentados por estas al Sistema Público Territorial de apoyo al Sector de la Economía Solidaria, a través de las Secretarías de las gobernaciones o alcaldías responsables de promover la participación comunitaria u organismos comunales de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida la entidad responsable.

ARTÍCULO 92. Proyectos comunales, Será responsabilidad de las entidades territoriales analizar la viabilidad de los proyectos de inversión pública rentables que los organismos comunales les presenten, teniendo en cuenta su impacto regional y la generación de empleo y beneficios a la comunidad. Los proyectos viables de mayor prioridad podrán obtener financiación con cargo a recursos del presupuesto de las entidades territoriales, en los términos que establezca cada departamento o municipio, de acuerdo con el respectivo análisis del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

PARÁGRAFO 1. Los afiliados de la respectiva Junta de Acción Comunal en donde estén domiciliadas las empresas mencionadas en el presente Artículo serán priorizados para ocupar empleos o prestar los servicios requeridos. PARÁGRAFO 2. En el análisis de la viabilidad de los proyectos rentables que refiere el presente Artículo, las entidades territoriales priorizarán los proyectos relacionados con las vías terciarias para la paz y el posconflicto.

  1. ARTÍCULO 93.
  2. Banco de proyectos.
  3. Los proyectos de iniciativa de las organizaciones de acción comunal podrán ser atendidos por los gobiernos nacionales, departamentales o locales de acuerdo con su jurisdicción, siempre y cuando cumplan con los requisitos de viabilidad, prioridad y legalidad, estas iniciativas presentadas deben estar articuladas con el respectivo plan de desarrollo.

PARÁGRAFO 1. Cuando los proyectos que presenten los Organismos de Acción Comunal sean coincidentes con las iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial o los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) o la Hoja de Ruta Única que los incorpore, podrán ser priorizados en el banco de proyectos de las entidades territoriales en los términos del presente Artículo.

PARÁGRAFO 2. Los organismos de Acción Comunal podrán participar en las convocatorias que se adelanten en el Ministerio del Interior y demás ministerios, para la ejecución de los proyectos asociados a los bancos de proyectos y demás procesos de fortalecimiento organizativo que adelanten las entidades del Gobierno nacional.

ARTÍCULO 94. Programa de restauración ecológica. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, se creará el Programa de Restauración Ecológica a cargo del Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quienes podrán suscribir convenios de cooperación con los organismos de acción comunal con el apoyo de las autoridades ambientales competentes, con el objetivo de mejorar la gestión ambiental en todo el territorio nacional.

  1. ARTÍCULO 95.
  2. Convenios solidarios.
  3. Se autoriza a los entes territoriales del orden Nacional, Departamental, Distrital y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con los Organismos de Acción Comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la menor cuantía.
  4. Para la ejecución de estas deberán contratar con los habitantes de la comunidad.

PARÁGRAFO 1 Los entes territoriales podrán incluir en el monto total de los Convenios Solidarios los costos directos, los costos administrativos y el Subsidio al dignatario representante legal para transportes de que trata el literal c) del Artículo 38 de la presente ley.

PARÁGRAFO 2. Adicional del monto del Convenio Solidario, los entes territoriales deberán contar o disponer de personal técnico y administrativo-contable, para supervisar y apoyar a los Organismos de Acción Comunal en la ejecución de las obras. CAPÍTULO XVII. DISPOSICIONES VARIAS. ARTÍCULO 96. Dentro del marco establecido por la ley y los estatutos, cada uno de los organismos de acción comunal se dará su propio reglamento.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. A partir de la vigencia de la presente ley los Organismos de Acción Comunal actualmente constituidas contarán con el término de un (1) año para adecuar sus estatutos y libros. ARTÍCULO 97, Facúltese al Gobierno nacional para que expida reglamentación sobre: a) Normas generales sobre el funcionamiento de los organismos de acción comunal, con base en los principios generales contenidos en esta ley; b) El plazo dentro del cual los organismos de acción comunal adecuarán sus estatutos a las disposiciones legales; c) Empresas o proyectos rentables comunales; d) Creación del Banco de Proyectos y Base de Datos comunitarios dentro del Sistema de Información Comunal; e) Impugnaciones; f) Promover programas de vivienda por autogestión en coordinación con el Ministerio de Vivienda, el Banco Agrario y las demás entidades con funciones similares en el nivel nacional y territorial, particularmente las consagradas en la Ley 546 de 1999, y demás actividades especiales de las organizaciones de acción comunal; g) Número, contenido y demás requisitos de los libros que deben llevar las organizaciones de acción comunal y normas de contabilidad que deben observar; h) Determinación, mediante concursos, de estímulos y reconocimiento a los dignatarios y organismos de acción comunal que se destaquen por su labor comunitaria, con cargo a los fondos nacionales y territoriales existentes, creados a futuro y con presupuesto público para estimular la participación ciudadana y comunitaria; i) Bienes de los organismos de acción comunal; j) Las facultades de inspección, vigilancia y control; k) El registro de los organismos de acción comunal; l) Conformación de alianzas entre Organizaciones de Acción Comunal, con el propósito de aunar esfuerzos para las regiones; ARTÍCULO 98.

  • Difusión,
  • Garantías para la difusión de las actividades de los Organismos de Acción Comunal en los medios de comunicación públicos, municipales, distritales, departamentales y nacionales.
  • Se garantizará el derecho de los Organismos de Acción Comunal de todos los órdenes territoriales para acceder a los espacios institucionales y cívicos en la televisión abierta radiodifundida, en los términos que defina la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para que puedan difundir las actividades que como organización comunal lleven a cabo.

De esta forma se garantiza la visibilidad de la acción comunal y a su vez el derecho de la comunidad a estar permanentemente informada sobre esta materia. Así mismo, los Organismos de Acción Comunal deberán realizar, mínimo una vez al año, una jornada de difusión para promover y motivar la afiliación de los miembros de la comunidad de su área de jurisdicción, al respectivo organismo.

  • ARTÍCULO 99.
  • Día de la acción comunal,
  • A partir de la vigencia de esta ley, el segundo domingo del mes de noviembre de cada año, se celebrará en todo el país el Día de la Acción Comunal, evento que será promovido y apoyado por el Ministerio del Interior, la Gobernación de cada departamento y la Alcaldía de cada municipio.

ARTÍCULO 100, Corresponderá a los gobernadores y alcaldes, en coordinación con funcionarios y los promotores que atienden el programa de desarrollo de la comunidad de las entidades oficiales y del sector privado, la elaboración de acciones que exalten los méritos y laboriosidad de las personas dedicadas a la acción comunal.

PARÁGRAFO. Adelantarán las actuaciones necesarias para dar cumplimiento y realce nacional a la celebración cívica de que trata esta ley. ARTÍCULO 101. Juegos nacionales deportivos y recreativos comunales. Serán el máximo evento del deporte social comunitario dirigido por el Ministerio del Interior, Ministerio del Deporte y la Confederación Nacional de Acción Comunal.

Su énfasis serán los deportes tradicionales, populares y su realización será compartida con las entidades que realicen su función a nivel municipal, Distrital, departamental, regional y nacional, los cuales serán concertados y desarrollados con los organismos comunales del territorio.

  1. PARÁGRAFO.
  2. Estos juegos se realizarán cada dos años y el Ministerio de Deporte se encargará de su reglamentación e implementación de la misma.
  3. ARTÍCULO 102.
  4. Congreso Nacional De Acción Comunal.
  5. Cada dos (2) años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, en sede que se elegirá democráticamente, se realizará el Congreso Nacional de Acción Comunal.

A este evento, de carácter programático e ideológico, asistirán los delegados de los organismos comunales existentes, en número y proporción equivalente al número de juntas y asociaciones que existan en la entidad territorial municipal, departamental y Distrital, cada comité organizador reglamentará lo pertinente.

Le corresponde a la Confederación nacional de acción comunal, en coordinación con el Ministerio del Interior, entidades territoriales y los organismos de acción comunal de la entidad territorial donde se celebren los congresos nacionales de acción comunal, constituir el Comité Organizador y velar por la cabal realización del máximo evento comunal.

PARÁGRAFO 1. Las entidades territoriales podrán apoyar la realización de congresos departamentales, distritales, y municipales, para fortalecer la organización de acción comunal. PARÁGRAFO 2. Las conclusiones de los congresos de acción comunal serán vinculantes con sus planes de desarrollo comunal y comunitario, planes de acción y estatutos de la organización comunal, las cuales deberán ser socializadas en un plazo no superior a noventa (90) días.

ARTÍCULO 103. Capacitación Comunal, La capacitación que se ofrezca por parte de las instituciones públicas y privadas a los miembros de la Organización Comunal debe ser pertinente y continua, y se hará de forma concertada y coordinada con el Organismo Comunal a través de sus diferentes órganos. PARÁGRAFO 1,

La organización comunal adoptará a través de su estructura comunal la estrategia de Formación de Formadores para la capacitación de sus afiliados, en cooperación con las entidades de Control, Inspección y Vigilancia y establecerá los mecanismos para su implementación.

  • PARÁGRAFO 2,
  • Adoptada la estrategia de formación comunal, será requisito para ser dignatario de un organismo comunal acreditar una formación académica de mínimo sesenta (60) horas en el tema comunal, las cuales deben ser certificadas por el organismo de grado inmediatamente superior o, si él no existiere, por la entidad de inspección, control y vigilancia.

ARTÍCULO 104. Las Alcaldías, Gobernaciones y el Servicio Nacional de Aprendizaje, podrán brindar el acompañamiento técnico necesario para capacitar a las Juntas de Acción Comunales conforme a las necesidades de sus empresas rentables. ARTÍCULO 105. Los organismos de acción comunal que cumplan con los requisitos previstos en los numerales 4 y 4.1 del Artículo 5o de la Ley 1622 de 2013 podrán considerarse como procesos y prácticas organizativas de los y las jóvenes.

Por lo tanto, podrán hacer parte de las plataformas juveniles y postular candidatos a las elecciones de los Consejos de Juventud. ARTÍCULO 106. Articulación con los espacios de participación juvenil, Los organismos de acción comunal se articularán con los Consejos de Juventud para desarrollar las disposiciones contempladas en el Artículo 34 de la Ley 1622 de 2013, el trabajo coordinado para el involucramiento y promoción de los derechos y deberes de la juventud en la jurisdicción de cada organismo de acción comunal y el acompañamiento permanente para la conformación y funcionamiento de los comités o secretarías ejecutivas de juventud que implementen y ejerzan la convivencia pacífica, la reconciliación y la construcción de paz, para desarrollo integral, sostenible y sustentable de la comunidad joven.

Ser elegido consejero de la juventud no será inhabilidad para estar inscrito o ser dignatario de un organismo de acción comunal. CAPÍTULO XVIII. PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y RESPETO POR LA VIDA DE LOS LÍDERES COMUNALES. ARTÍCULO 107, El Ministerio del Interior y la Confederación de Acción Comunal diseñarán una ruta integral de promoción de los derechos humanos y el respeto por la vida de los miembros de los organismos de acción comunal, dentro de la cual se tendrán las siguientes estrategias: 1.

Respeto por la libertad de expresión, así como la identificación y disminución de elementos que contribuyen a los prejuicios y estereotipos sociales.2. La asesoría permanente a los organismos institucionales del orden nacional y territorial en derechos humanos, así como la consolidación de mecanismos que permitan la identificación y prevención de hechos de violencia, los cuales funcionarán en articulación con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.3.

Atención interinstitucional permanente en los territorios con mayor prevalencia de actos de violencia y violación de los derechos humanos, con el acompañamiento constante de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales, atendiendo sus recomendaciones de mejores prácticas y oportunidades de cooperación económica para eliminar los actos de violencia contra los miembros de los organismos de acción comunal.4.

La recuperación de la confianza en las instituciones gubernamentales con el fin de garantizar la atención de las necesidades de cada territorio que se soliciten a través de los organismos de acción comunal, de forma que se consoliden entornos protectores que contribuyan al desarrollo del territorio, el reconocimiento a la capacidad de gestión de los líderes comunales y el incentivo a la protección de los mismos por parte de la comunidad evocando el aporte al desarrollo territorial que se logra a través de la acción comunal.5.

Caracterizar las condiciones de respeto a los derechos humanos y exposición a hechos de violencia al que se ven sometidos los miembros de los organismos de acción comunal en el territorio donde residen, solicitando la asistencia de la Fuerza Pública para neutralizar las condiciones de amenaza y la búsqueda activa de los responsables de las mismas.6.

El destino de hasta una (1) hora en los espacios académicos, comités de padres de familia y acudientes, eventos deportivos y culturales, televisivos, entre otros, donde se sensibilice la importancia de la acción comunal y el respeto por la vida de sus miembros. PARÁGRAFO 1. La Confederación de Acción Comunal rendirá un informe relacionado con el objeto del presente Artículo, conforme a la normatividad vigente en la materia.

ARTÍCULO 108. Presupuesto para la consolidación de la acción comunal, El Gobierno nacional identificará las necesidades y oportunidades de financiación para consolidar la ruta integral de promoción de los derechos humanos y el respeto por la vida de los miembros de los organismos de acción comunal en el anteproyecto y proyecto de presupuesto general de la nación, especificando las partidas presupuestales específicas que se destinen hacia dicho fin, especialmente en las apropiaciones relacionadas con gasto social para los territorios con mayor prevalencia de actos de violencia y violación de derechos humanos contra los líderes comunales.

  1. ARTÍCULO 109.
  2. Vigencia,
  3. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga la Ley 743 de 2002 y demás normas que le sean contrarias.
  4. EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA, JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ.
  5. EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA, GREGORIO ELJACH PACHECO.

LA PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES, JÉNNIFER KRISTÍN ARIAS FALLA. EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLES CÁMARA DE REPRESENTANTES, JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO. REPÚBLICA DE COLOMBIA -GOBIERNO NACIONAL PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. Dada en Bogotá, D.C., a los 18 días del mes de diciembre de 2021.

  1. IVÁN DUQUE MÁRQUEZ EL MINISTRO DEL INTERIOR, DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ.
  2. EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO.
  3. EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, WILSON RUIZ OREJUELA.
  4. EL MINISTRO DEL TRABAJO, ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ.
  5. LA MINISTRA DE COMERCIO.
  6. INDUSTRIA Y COMERCIO, MARÍA XIMENA LOMBANA VILLALBA.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, MARÍA VICTORIA ÁNGULO GONZÁLEZ. EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ. EL MINISTRO DEL DEPORTE, GUILLERMO ANTONIO HERRERA CASTAÑO

¿Qué dice la ley 2157 del 2021?

Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los contenidos.

LEY 2157 DE 2021 (Octubre 29) POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA LA LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008, Y SE DICTAN DISPOSICIONES GENERALES DEL HABEAS DATA CON RELACIÓN A LA INFORMACIÓN FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE TERCEROS PAÍSES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTÍCULO 1.

Objeto. La presente ley tiene por objeto modificar y adicionar la Ley 1266 de 2008, fortaleciendo el derecho al habeas data. ARTÍCULO 2. Adiciónese un literal ( k ) al artículo 3 de la Ley 1266 de 2008, el cual quedará así: k) Comunicación previa al titular.

  1. La comunicación previa al titular de la información se regirá por lo dispuesto en la presente ley y en las normas que la reglamenten.
  2. Podrá efectuarse según lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 en materia de comercio electrónico.
  3. ARTÍCULO 3.
  4. Modifíquese y adiciónense tres parágrafos al artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, que quedará así: ARTÍCULO 13.

Permanencia de la información. La información de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información. Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general, aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha información.

  • El término de permanencia de ésta información será el doble del tiempo de la mora, máximo cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la obligación.
  • PARÁGRAFO 1.
  • El dato negativo y los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento ele obligaciones caducarán una vez cumplido el término de ocho (8) años, contados a partir del momento en que entre en mora la obligación; cumplido este término deberán ser eliminados de la base de datos.

PARÁGRAFO 2. En las obligaciones inferiores o iguales al (15 %) ce un (1) salario mínimo legal mensual vigente, el dato negativo por obligaciones que se han constituido en mora solo será reportado después de cumplirse con al menos dos comunicaciones, ambas en días diferentes.

  • Y debe mediar entre la última comunicación y reporte, 20 días calendario.
  • PARÁGRAFO 3.
  • Toda información negativa o desfavorable que se encuentre en bases de datos y se relacione con calificaciones, récord (scorings-score), o cualquier tipo de medición financiera, comercial o crediticia, deberá ser actualizada de manera simultánea con el retiro del dato negativo o con la cesación del hecho que generó la disminución de la medición.

» ARTÍCULO 4. Adiciónese el numeral 11 al artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, el cual quedará así: Numeral 11. Reportar la información negativa de los titulares, máximo (18) meses después de la constitución en mora del titular.» ARTÍCULO 5. Modifíquense los parágrafos 1 y 2 del artículo 10 de la Ley 1266 de 2008, el cual quedará así: PARÁGRAFO 1.

  • La administración de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, por parte de fuentes, usuarios y operadores deberá realizarse de forma que permita favorecer los fines de expansión y democratización del crédito.
  • Los usuarios de este tipo de información deberán valorar este tipo de información en forma concurrente con otros factores o elementos de juicio que técnicamente inciden en el estudio de riesgo y el análisis crediticio, y no podrán basarse exclusivamente en la información relativa al incumplimiento de obligaciones suministrada por los operadores para adoptar decisiones frente a solicitudes de crédito.

La Superintendencia Financiera de Colombia podrá imponer las sanciones previstas en la presente ley a los usuarios de la información que nieguen una solicitud de crédito basados exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante, para lo cual la institución o entidad que conforma el sistema financiero y asegurador en caso de rechazo de la solicitud del crédito, por solicitud del titular, le indicará por escrito las razones objetivas del rechazo del mismo.

  • PARÁGRAFO 2.
  • La consulta de la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países por parte del titular, en toda ocasión y por todos los medios, será gratuita.
  • La revisión continua de esta información por parte del titular o usuario no podrá ser causal de disminución en la calificación de riesgo, récord (scorings-score), o cualquier tipo de medición, ni podrá alterar en nada los estudios financieros o crediticios.

En ningún caso se podrá consultar esta información para fines de toma de decisiones laborales, y no podrá utilizarse para fines diferentes al análisis o cálculo del riesgo crediticio del titular del dato. ARTÍCULO 6. Adiciónese un parágrafo al artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, el cual quedará así: PARÁGRAFO.

El incumplimiento de la comunicación previa al titular de la información, en los casos en que la obligación o cuota ya haya sido extinguida, dará lugar al retiro inmediato del reporte negativo. En los casos en que se genere el reporte sin el cumplimiento de la comunicación y no se haya extinguido la obligación o cuota, se deberá retirar el reporte y cumplir con la comunicación antes de realizarlo nuevamente.

ARTÍCULO 7. Adiciónense los numerales 7 y 8 en el numeral II del artículo 16 de la Ley 1266 de 2008, que quedarán así: 7. De los casos de suplantación. En el caso que el titular de la información manifieste ser víctima del delito de falsedad personal contemplado en el Código Penal, y le sea exigido el pago de obligaciones como resultado de la conducta punible de la que es víctima, deberá presentar petición de corrección ante la fuente adjuntando los soportes correspondientes.

La fuente una vez reciba la solicitud, deberá dentro de los diez (10) días siguientes cotejar los documentos utilizados para adquirir la obligación que se disputa, con los documentos allegados por el titular en la petición, los cuales se tendrán como prueba sumaria para probar la falsedad, la fuente, si así lo considera, deberá denunciar el delito de estafa del que haya podido ser víctima.

Con la solicitud presentada por el titular, el dato negativo, récord (scorings­ score) y cualquier otro dato que refleje el comportamiento del titular, deberán ser modificados por la fuente reflejando que la víctima de falsedad no es quien adquirió las obligaciones, y se incluirá una leyenda dentro del registro personal que diga -Víctima de Falsedad Personal-.8.

  1. Silencio. Las peticiones o reclamos deberán resolverse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su recibo.
  2. Prorrogables por ocho (8) días hábiles más, según lo indicado en el numeral 3, parte II, artículo 16 de la presente ley.
  3. Si en ese lapso no se ha dado pronta resolución, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada.

Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia Financiera de Colombia, según el caso, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la presente ley, sin perjuicio de que ellas adopten las de9isiones que resulten pertinentes para hacer efectivo el derecho al habe.as data de los titulares.

  • ARTÍCULO 8.
  • Actualización y rectificación de los datos.
  • Las fuentes de información deberán reportar al operador, como mínimo una vez al mes, las novedades acerca de los datos para que este los actualice en el menor tiempo posible.
  • ARTÍCULO 9.
  • Régimen de transición.
  • Los titulares de la información que extingan sus obligaciones objeto de reporte dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, permanecerán con dicha información negativa en los bancos de datos por el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de extinción de tales obligaciones,

Cumplido este plazo de máximo seis (6) meses, el dato negativo deberá ser retirado automáticamente de los bancos de datos. Los titulares de la información que a la entrada en vigencia de esta ley hubieran extinguido sus obligaciones objeto de reporte, y cuya información negativa hubiere permanecido en los bancos de datos por lo menos seis (6) meses, contados a partir de la extinción de las obligaciones, serán beneficiarios de la caducidad inmediata de la información negativa.

Los titulares que extingan sus obligaciones objeto de reporte, cuya información negativa no hubiere permanecido en los bancos de datos al menos seis (6) meses, después de la extinción de las obligaciones, permanecerán con dicha información negativa por el tiempo que les hiciere falta para cumplir los seis (6) meses contados a partir de la extinción de las obligaciones.

En el caso de que las obligaciones registren mora inferior a seis (6) meses, la información negativa permanecerá por el mismo tiempo de mora, contado a partir de la extinción de las obligaciones. PARÁGRAFO 1. Todas aquellas obligaciones que sean objeto de reporte negativo durante la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, y hasta el 31 de diciembre del 2020, no serán reportadas en los bancos de datos en este mismo período, siempre que los titulares de la obligación se hayan acercado a las entidades respectivas, en busca de una reestructuración de la obligación.

  • PARÁGRAFO 2.
  • Las personas que tengan clasificación Mipyme, o del sector turismo, o pequeños productores del sector agropecuario, o personas naturales que ejerzan actividades comerciales o independientes, que extingan sus obligaciones objeto de reporte dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el dato negativo les deberá ser retirado inmediatamente de los bancos de datos.

PARÁGRAFO 3°. Los pequeños productores del sector agropecuario, las víctimas del conflicto armado y los jóvenes y mujeres rurales que tengan cualquier tipo de crédito agropecuario con Finagro, que extingan sus obligaciones objeto de reporte dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el dato negativo les deberá ser retirado inmediatamente de los bancos de datos.

  1. PARÁGRAFO 4.
  2. Los deudores y codeudores que tengan obligaciones crediticias con el lcetex, que paguen las cuotas vencidas o que extingan sus obligaciones objeto de reporte dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el dato negativo les deberá ser retirado inmediatamente de los bancos de datos.

ARTÍCULO 10. Alertas de obligaciones nuevas en la historia crediticia para mitigar suplantaciones de identidad. Los operadores de información dispondrán de un aplicativo digital y gratuito, para que los titulares de información, previa validación, registren su correo electrónico y reciban comunicaciones cuando se reporta una nueva obligación en la historia de crédito.

La comunicación deberá enviarse dentro de un término de 5 días hábiles siguientes al reporte de la obligación. ARTÍCULO 11. Educación financiera. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional, deberá por medio del Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio, y en coordinación con las secretarías de educación departamental, distrital y municipal, fortalecer la estrategia integral de educación económica y financiera en población estudiantil.

Esta estrategia nacional debe incluir la revisión y publicación de diverso material pedagógico y material de orientación socio ocupacional y todos aquellos sobre educación económica y financiera. Así mismo, se fortalecerá la articulación con el sector privado para fomentar la formación docente y la producción de material pedagógico pertinente, alineados con las orientaciones definidas y estrategias para la educación económica y financiera orientado a familias y adultos.

ARTÍCULO 12. Adiciónese a la Ley 1266 de 2008 el artículo 19A, El cual quedará así: ARTÍCULO 19A. Responsabilidad demostrada. Los operadores, fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, comercial y de servicios deben ser capaces de demostrar que han implementado medidas apropiadas, efectivas y verificables para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1266 de 2008 y sus normas reglamentarias, en una manera que sea proporcional a lo siguiente: 1.

La naturaleza jurídica del operador, fuente y usuario de información y, cuando sea del caso, su tamaño empresarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro, pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo con la normativa vigente.2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento.3.

El tipo de tratamiento.4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los derechos de los titulares. Quienes efectúen el tratamiento de los datos personales deberán suministrar evidencia sobre la implementación efectiva de las medidas útiles y pertinentes para cumplir la presente ley.

ARTÍCULO 13. Adiciónese a la Ley 1266 de 2008 el artículo 19B, El cual quedará así: ARTÍCULO 19B. Políticas internas efectivas. En cada caso, de acuerdo con las circunstancias mencionadas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo anterior, las medidas efectivas y apropiadas implementadas por los operadores, fuentes y usuarios de información deberán garantizar: 1.

  • La existencia de una organización administrativa proporcional a la estructura y tamaño empresarial del operador, fuente y usuario de información para la adopción e implementación de políticas consistentes con la Ley 1266 de 2008.2.
  • La adopción de mecanismos internos para poner en práctica estas políticas incluyendo herramientas de implementación, entrenamiento y programas de educación.3.

La adopción de procesos para la: atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos de los titulares, con respecto a cualquier aspecto del tratamiento. La existencia de medidas y políticas específicas para el tratamiento adecuado de los datos personales por parte de los operadores, fuentes y usuarios de información será tenida en cuenta al momento de evaluar la imposición de sanciones por violación a los deberes y obligaciones establecidos en la ley Especial énfasis debe hacerse en asegurar la calidad de la información, la comunicación previa para el reporte de información negativa, la confidencialidad y seguridad de la misma, así como la debida y oportuna atención de las consultas o reclamos de los titulares de los datos.

ARTÍCULO 14. Modifíquese el inciso 2 del artículo 18 de la Ley 1266 de 2008, el cual quedará así: ARTÍCULO 18. Sanciones.(.) Multas de,carácter personal e institucional hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, por violación a la presente ley, normas que la reglamenten, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por dicha Superintendencia.

Las multas aquí previstas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. ARTÍCULO 15. Vigencia y derogatoria. Esta ley rige a partir de la fecha de publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA JUAN DIEGO GOMEZ JIMENEZ EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA GREGORIO ELJACH PACHECO EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA EL SECRETARIO GENERAL DE LA H.

¿Qué dice la ley 2025 del 2020?

Objeto. La presente ley tiene por objeto fomentar!a participación de los padres y madres de familia y cuidadores, de los niños, niñas y adolescentes en su formación integral: académica, social, de valores y principios de los estudiantes de preescolar, básica y media en las instituciones educativas públicas y privadas.

¿Cuándo entró en vigencia la Ley 2126 de 2021?

Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los contenidos.

LEY 2126 DE 2021 (Agosto 4) «POR LA CUAL SE REGULA LA CREACIÓN, CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, SE ESTABLECE EL ÓRGANO RECTOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES» EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: CAPÍTULO I OBJETO, NATURALEZA JURÍDICA Y PRINCIPIOS RECTORES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA ARTÍCULO 1.

Objeto. La presente ley tiene por objeto dictar disposiciones que otorguen herramientas a las Comisarías de Familia para gestionar su diseño institucional y para facilitar, ampliar y garantizar el acceso a la justicia por medio de la atención especializada e interdisciplinaria, con el fin de prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar y víctimas de otras violencias en el contexto familiar, según lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 2. Objeto misional de las comisarías de familia. Las Comisarías de Familia son las dependencias o entidades encargadas de brindar atención especializada e interdisciplinaria para prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar y/o víctimas de otras violencias en el contexto familiar, según lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 3. Naturaleza jurídica. Las Comisarías de Familia son dependencias o entidades de carácter administrativo e interdisciplinario del orden municipal o distrital, con funciones administrativas y jurisdiccionales, conforme a los términos establecidos en la presente ley.

ARTÍCULO 4. Principios rectores. Toda actuación del personal de las Comisarías de Familia deberá orientarse por los siguientes principios: 1. Respeto y garantía de los derechos humanos: Las Comisarías de Familia deben orientar su actuación conforme a los parámetros constitucionales e internacionales en materia de una efectiva protección y garantía de los derechos humanos de las personas usuarias de sus servicios.

Ningún trámite ante las Comisarías de Familia puede dar lugar a la revictimización de las personas afectadas por violencia en el contexto familiar. Todo el personal de las comisarías de familia deberá abstenerse de incurrir en cualquier acto, práctica u omisión frente a cualquier tipo de violencia.

  • Además, toda actuación de los funcionarios deberá regirse por el principio de acción sin daño.2.
  • Oportunidad: Las actuaciones de las Comisarías de Familia deben constituir una respuesta inmediata en materia de protección y garantía de los derechos de quienes están en riesgo o son víctimas de violencia en el contexto familiar.3.

Eficacia: Las actuaciones de las Comisarías de Familia deberán ofrecer una respuesta eficaz que responda al contexto de la violencia, amenaza y/o vulneración de los derechos de quienes están en riesgo o son víctimas de violencia en el contexto familiar, y que propenda por la no ocurrencia o repetición de esta.

  • La preservación de la integridad familiar no podrá en ningún momento servir de argumento para justificar una situación de riesgo, amenaza o vulneración de los derechos de cualquier integrante de la familia.4.
  • Eficiencia: Las Comisarías de Familia deben contar con los medios y recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos más adecuados para el cumplimiento de su objeto misional, los cuales deben ser dispuestos de tal manera que consigan los mejores resultados posibles en relación con las gestiones que deben desempeñar.5.

Autonomía e independencia: Las Comisarías de Familia cuentan con autonomía e independencia para interpretar y aplicar la ley, dentro del marco de la misma, garantizando los derechos fundamentales y cumpliendo con el deber de proteger a quienes se encuentren en riesgo o sean víctimas de violencia en el contexto familiar.

  • El comisario o comisaria de familia y su equipo interdisciplinario no podrán ser sometidos a ningún tipo de presión, condicionamiento o determinación por parte de otros actores en la toma de las decisiones.6.
  • Debida diligencia: La actuación de la comisaría de familia debe estar dirigida a garantizar, restablecer y reparar los derechos de las personas que están en riesgo o han sido víctimas de violencia en el contexto familiar, poner fin a la violencia, maltrato o agresión, o evitar que esta se realice cuando fuere inminente, atendiendo a los estándares internacionales aplicables en la materia.7.

Interés superior de los niños, niñas y adolescentes: Conforme a los parámetros internacionales en la materia, la actuación de las Comisarías de Familia deberá garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes integrantes de la familia, entendidos como universales, prevalentes e interdependientes.8.

No discriminación: En todas las actuaciones y decisiones de las Comisarías de Familia, se deberá garantizar la no discriminación en razón de la situación personal, social, económica, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, etnia, raza, religión, ideología política. o filosófica, discapacidad, convicciones personales, nacionalidad o cualquier otra condición que pueda constituir un criterio de discriminación.9.

Imparcialidad: El actuar de las Comisarías de Familia no habrá de inclinarse intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguna de las partes, o hacia uno de los aspectos en debate, ni podrá estar influenciada por sesgos, prejuicios o estereotipos.

  • Se debe garantizar el debido proceso.10.
  • Atención diferenciada e interseccional: Las Comisarías de Familia garantizarán la aplicación del enfoque diferencial e interseccional, considerando las necesidades y situaciones particulares de los territorios y de los grupos más vulnerables, sujetos de especial protección o personas especialmente afectadas por el conflicto armado, los niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, población rural, líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, población afrocolombiana, negra, palenquera, raizal, Rrom, y personas con orientación sexual o identidad de género diversas, migrantes, entre otros 11.

Enfoque de género: Las Comisarías de Familia reconocerán la existencia de relaciones de poder, subordinación, inequidad, roles diferenciados según parámetros de lo masculino y femenino que puedan llegar a vulnerar derechos de cualquier integrante de la familia.

Asimismo, tendrán en cuenta que las experiencias de las mujeres, los hombres, y las personas con orientación sexual o identidad de género diversas son distintas, y que la violencia contra la mujer y contra las personas con orientación sexual o identidad de género diversas es una forma de discriminación en razón del género.

Las decisiones que se adopten en casos de violencia por razón de género en el contexto familiar, deben propender por erradicar las limitaciones que históricamente han dejado a las mujeres y a las personas con orientación sexual o identidad de género diversas en desventaja.12.

  1. Corresponsabilidad: La familia, la sociedad y el Estado son responsables de manera conjunta de prevenir y de erradicar la violencia en el contexto familiar, así como de restablecer, reparar, proteger y garantizar los derechos de sus integrantes.13.
  2. Coordinación: Todas las entidades que tengan dentro de sus funciones la atención a víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar y víctimas de otras violencias en el contexto familiar, deberán ejercer acciones coordinadas y articuladas con el fin de brindar una atención y protección integral.

Las órdenes dirigidas por las Comisarias de Familia a otras instituciones para la protección y restablecimiento de derechos de las víctimas, deben ser acatadas de forma diligente y oportuna. ARTÍCULO 5 COMPETENCIA. Los comisarios y comisarías de familia serán competentes para conocer la violencia en el contexto familiar que, para los efectos de esta ley, comprende toda acción u omisión que pueda causar o resulte en daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión que se comete por uno o más miembros del núcleo familiar, contra uno o más integrantes del mismo, aunque no convivan bajo el mismo techo.

También serán competentes cuando las anteriores conductas se cometan entre las siguientes personas: a. Las y los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado.b. El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor o progenitora.c.

Las Personas encargadas del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta, que no sean parte del núcleo familiar, y de los integrantes de la familia.d. Personas que residan en el mismo hogar o integren la unidad doméstica sin relación de parentesco.e.

Personas con las que se sostiene o se haya sostenido una relación de pareja, cohabitacional o no, de carácter permanente que se caracterice por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. PARÁGRAFO 1. Cuando en un mismo municipio concurran Defensorías de Familia y Comisarías de Familia, la competencia se determinará así: 1.

El comisario o la comisaria de familia se encargará de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando se presenten vulneraciones o amenazas de derechos dentro del contexto de la violencia familiar, excepto cuando se trate de cualquier forma de violencia sexual.2.

  1. El defensor o la defensora de familia se encargará de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las circunstancias de vulneración o amenaza de derechos diferentes de los suscitados en el contexto de la violencia familiar.3.
  2. El defensor o la defensora de familia será competente respecto de cualquier forma de violencia sexual, sin distinción de quien cometa la vulneración.

En caso de existir dentro del mismo núcleo familiar otros niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias distintas a la sexual, el defensor o la defensora de familia asumirá competencia frente a todos ellos.4. En aquellos casos en los cuales además de la violencia sexual en el contexto familiar contra el niño, niña o adolescente, se hayan presentado hechos de violencia contra uno o varios de los integrantes adultos de su núcleo familiar, la competencia será asumida por el comisario o la comisaria de familia.

  1. Su entrada en vigencia será el 4 de agosto de 2023 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley) PARÁGRAFO 2.
  2. En virtud de los principios de corresponsabilidad y del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando el defensor o defensora de familia o el comisario o comisaria de familia conozca de casos diferentes a los de su competencia, verificará la garantía de derechos, y de ser necesario dará inicio el proceso de restablecimiento de derechos, ordenará las medidas de protección y de restablecimiento de derechos y remitirá a la autoridad competente a más tardar al tercer día hábil siguiente, que se contarán a partir del conocimiento del caso.

PARÁGRAFO 3. La competencia subsidiaria prevista en el Artículo 98 de la Ley 1098 de 2006 o la norma que la modifique o adicione, será asumida por los comisarios y comisarías de familia solo en aquellos municipios donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no hubiere designado un defensor o defensora de familia.

PARÁGRAFO 4. Toda actuación administrativa que pueda obstaculizar, retardar o denegar la prestación del servicio a cargo de las Defensorías de Familia y de las Comisarías de Familia, incluidas las remisiones injustificadas entre autoridades, será sancionada como lo prevé el Código General Disciplinario.

CAPÍTULO II ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA ARTÍCULO 6. Creación y reglamentación. Los Concejos Municipales y Distritales, en el marco de sus competencias, tendrán a su cargo la creación de al menos una Comisaría de Familia, dentro de su estructura administrativa.

  • Cada Comisaría de Familia deberá contar con al menos un comisario o comisaria y su equipo interdisciplinario.
  • Por cada 100.000 habitantes, en cada municipio o distrito deberá existir una Comisaría de Familia adicional, con su respectivo comisario o comisaria y equipo interdisciplinario.
  • Se podrán crear Comisarías de Familia de carácter intermunicipal, siempre y cuando se generen esquemas asociativos de integración regional por necesidad del servicio, con base en estudios y factores objetivos que demuestren la falta de capacidad institucional y presupuestal de los entes territoriales, previo concepto del Ministerio de Justicia y del Derecho.

(Su entrada en vigencia será el 4 de agosto de 2023 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley) PARÁGRAFO 1. Cada municipio y distrito en el marco de su autonomía, aumentará el número de Comisarías de Familia a que se refiere el presente Artículo, atendiendo a entre otros factores, a los relacionados con las necesidades del servicio, tales como dispersión de la población, los altos índices de la problemática objeto de su competencia, y la insuficiencia de la oferta existente, que corresponderá determinar a cada entidad territorial dentro de su autonomía.

Las Comisarías de Familia, nuevas o existentes, podrán tener un carácter móvil con la dotación de infraestructura que permita su desplazamiento. PARÁGRAFO 2. Los municipios y distritos reportarán mensualmente ante al Ministerio de Justicia y del Derecho la información de las Comisarías de Familia que se encuentren funcionando en su territorio y las que se creen o implementen en cumplimiento de lo establecido en la presente ley, indicando el personal que las integra, modalidad de funcionamiento, los horarios y canales de atención.

En el caso de las Comisarías de Familia que ya se encuentren funcionando, los municipios y distritos deberán efectuar la inscripción ante el Ministerio de Justicia y del Derecho y reportar la información de que trata el inciso anterior, en un término no mayor de cinco meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

  • PARÁGRAFO 3.
  • Los municipios y distritos deberán garantizar progresivamente el servicio de las Comisarías de Familia en los sectores rurales y de difícil acceso de su territorio con presencia de Comisarías móviles para su oportuna atención.
  • PARÁGRAFO 4.
  • El Ministerio de Justicia y del Derecho establecerá los lineamientos para el diseño o rediseño institucional de las Comisarías de Familia, que garanticen la mejora en el proceso de articulación y coordinación efectiva, que permitan la atención integral y oportuna de las víctimas de violencia familiar, y establecer las medidas de protección para superar la violencia.

ARTÍCULO 7. Modifíquese el Artículo 80 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así: ARTÍCULO 80. Calidades para ser comisario y/ o comisaria de familia y defensor y/ o defensora de familia. Para ocupar el empleo de Comisario de Familia y Defensor de Familia se deberán acreditar las siguientes calidades: 1.

Título profesional de abogado en ejercicio y con tarjeta profesional vigente; 2. Título de posgrado en derecho de familia, derecho civil, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho procesal, derecho penal, derechos humanos, o en ciencias sociales, siempre y cuando en este último caso el estudio de la familia sea un componente curricular del programa o títulos afines con los citados, siempre que guarden relación directa, clara e inequívoca con las funciones asignadas al comisario de familia o al defensor de familia.3.

Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo. En los Municipios de quinta y sexta categoría, se podrá acreditar un (1) año de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo.4. Contar con las competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública para el ejercicio del cargo, las cuales deberán evaluarse a través de pruebas específicas.5.

No tener antecedentes penales, disciplinarios ni fiscales, ni encontrarse inhabilitado por normas especiales, especialmente en el registro de ofensores sexuales. ARTÍCULO 8. Composición del equipo interdisciplinario. Toda Comisaría de Familia, deberá contar con un equipo interdisciplinario que garantice una atención integral y especializada a las personas usuarias de sus servicios.

El equipo interdisciplinario estará conformado como mínimo por un(a) abogado(a) quien asumirá la función de secretario de despacho, un(a) profesional en psicología, un(a) profesional en trabajo social o desarrollo familiar, y un(a) auxiliar administrativo.

  • Podrán crearse equipos de apoyo de practicantes de pregrado de carrera técnica, tecnológicas y profesionales afines a las funciones de las Comisarías de Familia.
  • Las prácticas podrán ser remuneradas.
  • Su entrada en vigencia será el 4 de agosto de 2023 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley) ARTÍCULO 9,

Calidades de los y las profesionales del equipo interdisciplinario. Los y las profesionales en psicología y en trabajo social o desarrollo familiar que se vinculen a las Comisarías de Familia como parte del equipo interdisciplinario, independientemente de la remuneración que se le asigne al empleo en cada entidad territorial, deben cumplir los siguientes requisitos: 1.

  • Tarjeta profesional vigente, en los casos que sea posible acreditarla por la naturaleza de la profesión.2.
  • Acreditar experiencia relacionada con la atención de violencia en el contexto de la familia, violencias por razones de género, justicia de familia o en temas de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes.

(Su entrada en vigencia será el 4 de agosto de 2023 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley) PARÁGRAFO 1. Las entidades territoriales establecerán los perfiles del equipo interdisciplinario y demás requisitos requeridos en el Manual Específico.

  1. De Funciones y Competencias Laborales correspondiente.
  2. PARÁGRAFO 2.
  3. Los profesionales y el personal vinculado a las comisarías de familia ubicadas en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina deberán cumplir adicionalmente con lo dispuesto en el Decreto 2672 de 1991 «por medio del cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina».

ARTÍCULO 10, Mediación lingüística y comunicacional, Las Administraciones municipales o distritales deberán garantizar el servicio de intérpretes y traductores para personas que lo requieran en las Comisarías de familia. Para el efecto se podrán acceder a las entidades que cuenten con el servicio o celebrar, convenios interinstitucionales para acceder al servicio de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordo ciegas teniendo en cuenta la Ley 982 de 2005 o la norma que la modifique o adicione y traductores de lenguas de grupos étnicos, cuando así lo requieran las necesidades del servicio, en virtud del principio de atención diferenciada e interseccional.

  1. ARTÍCULO 11.
  2. Naturaleza de los empleos, selección y vinculación del personal de las comisarías de familia.
  3. Los empleos creados o que se creen para integrar el equipo de trabajo interdisciplinario de las Comisarías de Familia, de nivel profesional, técnico o asistencial se clasifican como empleos de carrera administrativa, para su creación y provisión se seguirá el procedimiento señalado en la Constitución y en la ley.

El empleo de comisario y comisaria de familia será del nivel directivo. Tendrá un período institucional de cuatro (4) años, el cual comenzará a contarse desde el 1 de enero del segundo año del periodo de gobierno municipal o distrital. Dentro de dicho período, sólo podrán ser retirados del cargo por las causales establecidas en el Artículo 41 de la Ley 909 de 2004 o las normas que la modifiquen o adicionen.

Para la designación del comisario o comisaria de familia que realicen los municipios y distritos, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 47 y s.s. de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o adicione para los cargos de gerencia pública de la administración, se tendrán en cuenta los criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño del empleo, y se podrá utilizar la aplicación de una o varias pruebas dirigidas a evaluar los conocimientos o aptitudes requeridos para el desempeño del mismo, la práctica de una entrevista y una valoración de antecedentes de estudio y experiencia.

Corresponde a los municipios y distritos definir la ponderación de cada uno de estos criterios. La evaluación de los candidatos y/o candidatas podrá ser realizada por un órgano técnico de la entidad territorial conformado por directivos y consultores externos, o ser encomendada a una universidad pública o privada, o a una empresa consultora externa especializada en selección de directivos.

El Departamento Administrativo de la Función Pública apoyará técnicamente a las diferentes entidades públicas en el desarrollo de estos procesos. (Su entrada en vigencia será el 4 de agosto de 2023 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley) PARÁGRAFO 1. El Concejo Municipal o Distrital, en ejercicio de sus competencias constitucionales para fijar las escalas de remuneración, adecuará la escala salarial para el empleo de comisario y comisaria de familia, pasándolo del nivel profesional a directivo.

El salario mensual del comisario y comisaria de familia no podrá ser inferior al ochenta por ciento (80%) ni ser superior al cien por ciento (100%) del salario mensual del alcalde. PARÁGRAFO 2. Al culminar su periodo, quien haya ejercido como comisario de familia podrá volver a ser nombrado, en el mismo cargo, de acuerdo a los criterios señalados en el presente Artículo.

PARÁGRAFO 3. Los comisarios y comisarías de familia que acrediten derechos de carrera administrativa los conservarán mientras permanezca en el cargo, de conformidad con el Artículo 6 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o adicione. Los procesos de concurso que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren en etapa de convocatoria abierta o en cualquiera de las etapas subsiguientes, continuarán hasta su culminación con las mismas reglas planteadas desde su inicio.

En el evento que el concurso culmine con la declaratoria de desierto o no se integre la terna, el nombramiento se efectuará de acuerdo con lo establecido en el presente Artículo. CAPÍTULO III FUNCIONES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA ARTÍCULO 12. FUNCIONES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA.

  • Corresponde a las Comisarías de Familia: 1.
  • Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de quienes estén en riesgo o hayan sido víctimas de la violencia establecida en el Artículo 5° de la presente ley.2.
  • Orientar a las personas en riesgo o víctimas de las violencias a que hace referencia esta ley, sobre sus derechos y obligaciones.3.

Brindar atención especializada conforme a los principios rectores de la presente ley y demás parámetros constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos y erradicación de las violencias en el contexto familiar, en especial las violencias por razones de género y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y personas adultas mayores.4.

  • Recibir solicitudes de protección en casos de violencia en el contexto familiar.5.
  • Garantizar el archivo, custodia y administración de la información generada en virtud de sus funciones.6.
  • Activar la ruta de atención integral de las víctimas en el contexto familiar.7.
  • Divulgar los derechos y rutas de atención de las personas usuarias.8.

Las demás funciones asignadas expresamente por la ley, siempre y cuando tengan estrecha relación con su objeto misional y se les garanticen las condiciones técnicas y presupuestales para su cabal cumplimiento.9. Establecer y difundir las políticas, rutas y actividades que promuevan la prevención de la violencia en el contexto familiar, en coordinación con las administraciones distritales y municipales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.

  • PARÁGRAFO TRANSITORIO.
  • Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el Gobierno Nacional, reglamentará la coordinación articulada entre las diferentes entidades, encargadas de promover la prevención de la violencia en el contexto familiar.
  • ARTÍCULO 13.
  • FUNCIONES DEL COMISARIO O COMISARIA DE FAMILIA.

Le corresponde al comisario o comisaria de familia: 1. Desarrollar la política institucional dirigida a la atención y protección de la familia, los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con los lineamientos que el Ente Rector y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dispongan en la materia.2.

Aplicar los lineamientos generales en materia de protección que deben ser tenidos en cuenta en todos los procesos relacionados con el reconocimiento de derechos a los niños, niñas y adolescentes, de conformidad con la constitución, la ley y lo que disponga el Ente Rector y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 3.

Diseñar, actualizar y validar los lineamientos técnicos existentes cumpliendo con la misión de las Comisarías de Familia.4. Dirigir la definición de los protocolos propios de cada uno de los servicios que hacen parte de la Comisaria de Familia y apoyar el proceso de implementación de los mismos en su jurisdicción, de acuerdo con los lineamientos que el Ente Rector y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dispongan en la materia.5.

Dirigir la operación de los programas, convenios y procesos que deba ejecutar directamente la Comisaría de Familia.6. Preparar y presentar informes de seguimiento y gestión de los procesos a su cargo.7. Adoptar las medidas de protección, atención y estabilización necesarias para garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos vulnerados o amenazados en casos de violencia en el contexto familiar, verificando su cumplimiento y garantizando su efectividad, en concordancia con la Ley 1257 de 2008.8.

Practicar rescates en eventos en los cuales el niño, niña o adolescente sea una posible víctima de violencia en el contexto familiar. Previamente, deberá adoptar la decisión por escrito, valorar las pruebas que demuestran que se reúnen en cada caso los requisitos para que proceda el allanamiento con la finalidad exclusiva de efectuar el rescate y proteger al niño, niña o adolescente.9.

  1. Verificar la garantía de derechos y adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos previstos en el numeral 4° del Artículo 5 de esta ley, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1098 de 2006 o la norma que la modifique o adicione.10.
  2. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en las situaciones de violencia señaladas en el numeral 4° del Artículo 5 de esta ley.11.

Fijar cuota provisional de alimentos de las personas adultas mayores, conforme a lo dispuesto en el Artículo 34A de la Ley 1251 de 2008 o la norma que lo adicione, sustituya, modifique o complemente.12. Establecer las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de cualquiera de las medidas decretadas conforme a lo establecido en el Artículo 7 ° de la Ley 294 de 1996 o la norma que lo adicione, sustituya, modifique o complemente.13.

  • Registrar en el sistema de información de Comisarías de Familia los datos requeridos y en la forma definida por el Ministerio de Justicia y del Derecho.14.
  • Las demás asignadas expresamente por la ley.
  • PARÁGRAFO 1.
  • En casos de vulneración de derecho de niños, niñas y adolescentes se preferirá el procedimiento establecido en la Ley 1098 de 2006 o la norma que la modifique o adicione, sin perjuicio de que adicionalmente se adopten las medidas de protección o las demás que sean necesarias.

PARÁGRAFO 2. En los municipios donde no haya Defensor de Familia, las funciones de este serán cumplidas por el comisario o comisaria de familia, de conformidad con el Artículo 98 de la Ley 1098 de 2006 o la norma que la modifique o adicione. ARTÍCULO 14.

  1. Modificación de las competencias de las comisarías de familia,
  2. Los alcaldes y alcaldesas municipales y distritales no podrán asignar funciones o responsabilidades que no sean afines a las establecidas en la presente ley, a cargo de las Comisarías de Familia.
  3. ARTÍCULO 15,
  4. Funciones del equipo interdisciplinario,

Además de las funciones necesarias para cumplir el objeto misional de las Comisarías de Familia, los y las profesionales en psicología y trabajo social, de acuerdo con las funciones asignadas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, deben garantizar la protección de los derechos de las víctimas de violencia en el contexto familiar, en este sentido deberán: 1.

  • Realizar la valoración inicial psicológica y emocional de la víctima, de sus hijas e hijos, de las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad dentro de la familia, si los hay.
  • En los casos de violencia señalados en el Artículo 5° de la presente ley se procederá a realizar la verificación de derechos de conformidad con lo estipulado en la Ley 1098 de 2006 o la norma que la modifique o adicione.2.

Establecer el nivel de riesgo de vulneración de los derechos de las personas afectadas por la amenaza o concreción de la violencia en el contexto familiar.3. Elaborar los correspondientes informes periciales de acuerdo con los estándares fijados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

  1. Los informes periciales serán gratuitos.4.
  2. Elaborar los conceptos de grado de vulneración.5.
  3. Hacer todas las recomendaciones técnicas al comisario o comisaria de familia para que adopte las medidas de restablecimiento, protección, estabilización y atención que mejor correspondan a la garantía de derechos de las personas en riesgo o víctimas de la violencia en el contexto familiar.6.

Apoyar el seguimiento de las medidas de protección y atención.7. Aplicar la valoración de riesgo de feminicidio.8. Practicar pruebas que el Comisario o Comisaria considere útiles, conducentes y pertinentes. PARÁGRAFO. En el evento en que se requiera verificar el estado de salud física de la víctima, se solicitará de inmediato la valoración a la autoridad de salud.

  1. CAPÍTULO IV DE LAS MEDIDAS QUE PUEDEN ADOPTAR LOS COMISARIOS DE FAMILIA ARTÍCULO 16.
  2. Tipos de medidas.
  3. Los comisarios y comisarías de familia pueden adoptar medidas de protección provisionales y definitivas, de atención y de estabilización en los casos de violencia en el contexto familiar, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000, y la Ley 1257 de 2008, así como las medidas de restablecimiento de derechos señaladas en la Ley 1098 de 2006 y en las demás normas que las modifiquen, adicionen o reglamenten, en los casos previstos en el Artículo 5 de esta ley.

Estas medidas deben garantizar una respuesta oportuna e integral ante la amenaza o materialización de la violencia en el contexto familiar. Las medidas de protección deben ser contextuales, teniendo en cuenta las diversas situaciones en las que se encuentra la víctima y las características que puedan ponerla en escenarios particulares de vulnerabilidad.

  • Cuando la víctima de la violencia en el contexto familiar sea una mujer, los comisarios y comisarías de familia deberán seguir, además de lo establecido en la presente ley, los parámetros de la Ley 1257 de 2008 y las normas que la reglamentan.
  • Tratándose de personas adultas mayores deberán tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 1850 de 2017 o la norma que la modifique o adicione.

PARÁGRAFO 1. Cuando el defensor o defensora de familia conozca de un caso de violencia en el contexto familiar, conforme con lo establecido en el Artículo 5° de la presente ley, en contra de un niño, niña y adolescente, podrá ordenar, bajo las reglas del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, las medidas de protección establecidas en la Ley 1257 de 2008.

  1. PARÁGRAFO 2.
  2. Será competencia y responsabilidad del ente territorial disponer de los recursos físicos y financieros necesarios para garantizar a los comisarios y comisarías de familia, la aplicación efectiva de las medidas de restablecimiento de derechos que se tomen a favor de los niños, niñas y adolescentes, para tales efectos, el ente territorial podrá celebrar convenios o contratos con las distintas entidades del sistema nacional de bienestar familiar, que cuente con licencia de funcionamiento para la atención a niños, niñas y adolescentes en materia de restablecimiento de derechos.
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PARÁGRAFO 3. Todas las solicitudes que efectúen los comisarios de familia al Juez de familia o promiscuo de familia o en su defecto al Juez Civil Municipal o al Promiscuo para que se expida una orden de arresto por incumplimiento de las medidas de protección definitivas o provisionales de los agresores, tendrán trámite preferente, salvo los procesos de tutela o hábeas corpus.

  • Su inobservancia hará incurrir al juez o funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable de conformidad con la ley.
  • ARTÍCULO 17.
  • Modifíquese el Artículo 5 ° de la Ley 294 de 1996, modificado por el Art.2 de la Ley 575 de 2000, modificado por el art.17, Ley 1257 de 2008.
  • El cual quedará así: ARTÍCULO 5°.

Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del núcleo familiar.

  • El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de las establecidas en el Artículo 18 de la presente ley: a).
  • Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia.

El comisario de familia o la autoridad competente enviará copia de la medida provisional o definitiva decretada a la Policía Nacional, con el objeto de evitar el acceso al lugar de habitación por parte del agresor, para lo cual la Policía Nacional ejecutará la orden de desalojo directamente, sin que sea necesario la presencia de la autoridad que emitió la orden; Si el presunto agresor tuviese retenido un menor de edad, bastará con la presencia de policía de infancia y adolescencia.

B). Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada; c).

Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del núcleo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; d). Obligación del agresor de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, los costos deberán ser asumidos por el victimario.

  • Cuando el maltrato o el daño en el cuerpo o en la salud generen incapacidad médico-legal igual o superior a treinta (30) días, deformidad, perturbación funcional o psíquica, o pérdida anatómica o funcional será obligatorio para la autoridad competente adoptar esta medida de protección; e).
  • Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima, así como de los servicios, procedimientos, intervenciones y tratamientos médicos y psicológicos; f).

Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición, la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere; g).

  1. Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, el acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad; h).
  2. Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla; i).

Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada; j). Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla; k).

  • Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla; l).
  • Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente.

Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será decretada por Autoridad Judicial; m). Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima; n).

  1. Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
  2. PARÁGRAFO 1,
  3. En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas en este Artículo.
  4. PARÁGRAFO 2°,
  5. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar.

PARÁGRAFO 3°, La autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación para efectos de la investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos». ARTÍCULO 18. Dispositivos de distanciamiento y alerta de aproximación.

Modifíquese el literal b) y adiciónese un parágrafo 4o al Artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, que modifica el Artículo 5 de la Ley 294 de 1996, modificada por el Artículo 2 de la Ley 575 de 2000, el cual quedará así: b) Ordenar al agresor abstenerse de aproximarse a la víctima, lo que lo obliga a alejarse de ella en cualquier lugar donde se encuentre.

Cuando los antecedentes o gravedad de las amenazas puedan poner en peligro la vida o integridad personal de la víctima o la de sus hijos, se ordenará la utilización de un dispositivo de distanciamiento y alerta de aproximación. Este dispositivo será sufragado por el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSET de la entidad territorial del orden departamental donde se ejecute la medida.

PARÁGRAFO 4. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio del Interior reglamentarán la utilización de los dispositivos de distanciamiento y alerta de aproximación de que trata el literal b), los cuales deben funcionar a través de sistemas de seguimiento por medios telemáticos y expedirán los protocolos exigibles para su funcionamiento.

La reglamentación deberá tener en cuenta el acompañamiento de la Policía Nacional a la víctima en los casos de utilización de los dispositivos, para garantizar la efectividad de la medida y los derechos de los ciudadanos. ARTÍCULO 19. De la financiación de los dispositivos de distanciamiento y alerta de aproximación,

Adiciónese un parágrafo nuevo al Artículo 119 de la Ley 418 de 1997, del siguiente tenor: PARÁGRAFO. En la distribución de recursos de los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana del orden departamental se dispondrá un porcentaje para sufragar los dispositivos de distanciamiento y alerta de aproximación y la prestación del servicio del Sistema de Seguimiento por medios telemáticos, de que trata el Artículo 16 numeral b) de la Ley 1257 de 2008.

El Sistema de Seguimiento será administrado por la gobernación respectiva. Los entes departamentales podrán suscribir convenios interadministrativos con otros departamentos y con la Policía Nacional para la administración de este sistema. ARTÍCULO 20. Factor de competencia territorial.

Toda persona que sea víctima de violencia en el contexto familiar, según los términos de la presente ley, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, podrá pedir ante cualquier Comisaría de Familia una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión, o que evite que esta se realice cuando fuere inminente.

Cuando en el municipio en donde se haga la petición hubiere más de una Comisaría de Familia competente para conocer de esta acción, la primera Comisaría de Familia que tenga conocimiento del caso deberá adoptar las medidas de protección provisionales a que haya lugar.

  1. Luego de esto, la petición se someterá en forma inmediata a reparto.
  2. Cuando la petición se realice en una Comisaría de Familia ubicada en una jurisdicción distinta donde se encuentre el domicilio de la víctima, la Comisaría de Familia que tenga conocimiento deberá adoptar las medidas de protección provisionales a que haya lugar, luego la trasladará a la autoridad que por competencia deba seguir conociendo el asunto.

PARÁGRAFO 1. En los municipios donde no haya comisario o comisaria de familia, el competente será el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal. Cuando en el municipio hubiere más de un despacho judicial competente para conocer de esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a reparto.

  • PARÁGRAFO 2.
  • Las medidas de protección del Artículo 17 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que la modifique o adicione podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia en el contexto familiar.
  • Cuando los casos lleguen a la Fiscalía General de la Nación por delitos que tengan origen en actos de violencia en el contexto familiar, el Fiscal o la víctima solicitarán al Juez de Control de Garantías la imposición de las medidas de protección señaladas en el Artículo 17 de la Ley 1257 de 2008.

No obstante, la Fiscalía General de la Nación solicitará al comisario o comisaria de familia la adopción inmediata de medidas de protección a favor de la víctima, cuando de manera justificada considere que es la vía más expedita. PARÁGRAFO 3. Sin perjuicio de las competencias de la respectiva autoridad indígena ejercidas en desarrollo de la jurisdicción especial reconocida por el Artículo 246 de la Constitución Política, cuando sea puesto en conocimiento de las Comisarías de Familia un caso de violencia en el contexto familiar en las comunidades indígenas, el comisario o comisaria de familia asumirá competencia y podrá decretar cualquiera de las medidas establecidas en la presente ley, con observancia del enfoque diferencial y teniendo en cuenta el diálogo intercultural.

  1. CAPÍTULO V FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA ARTÍCULO 21.
  2. Financiación.
  3. Los salarios de los comisarios de familia e integrantes del equipo interdisciplinario, al igual que los demás gastos inherentes al funcionamiento de las Comisarías de Familia, se financiarán con cargo al presupuesto municipal o distrital.

ARTÍCULO 22. Estampilla para la justicia familiar. Autorizase a las Asambleas departamentales, a los Concejos distritales y municipales para crear una estampilla, la cual se llamará «Estampilla para la Justicia Familiar», para contribuir a la financiación de las Comisarías de Familia.

  1. El producto de dichos recursos se destinará a financiar los gastos de funcionamiento en personal de nómina y dotación de las Comisarías de Familia, conforme el estándar de costos que para tal efecto establezca el Ministerio de Justicia y del Derecho como ente rector.
  2. Los excedentes en el recaudo se destinarán a la política de digitalización y necesidades de infraestructura, sin perjuicio de los recursos propios adicionales que se apropien por los entes territoriales.

(Su entrada en vigencia será el 4 de agosto de 2023 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley) PARÁGRAFO. El recaudo de la Estampilla Departamental se distribuirá en los distritos y municipios de su Jurisdicción en proporción directa al número de Comisarías existente en cada ente territorial.

ARTÍCULO 23. Hecho generador. El hecho generador de la estampilla está constituido por los contratos y las adiciones a los mismos, suscritos con las entidades que conforman el presupuesto anual del Departamento, Municipio y Distrito. PARÁGRAFO. Quedarán excluidos los contratos de prestación de servicios cuyo pago de honorarios mensual sea inferior a diez (10) smlmv.

ARTÍCULO 24. Base gravable y tarifa. La base gravable es el valor bruto de los contratos, entendido como el valor a girar por cada orden de pago o anticipo sin incluir el impuesto al valor agregado IVA. La tarifa es del 2% del valor del pago anticipado si lo hubiere, y de cada cuenta que se le pague al contratista.

  • ARTÍCULO 25.
  • Fondos cuenta especial departamentales para financiar proyectos de inversión en infraestructura, mobiliario y dotación de las comisarías de familia,
  • Adiciónese un parágrafo al Artículo 230 de la Ley 223 de 1995, del siguiente tenor: PARÁGRAFO 3.
  • Las Asambleas Departamentales, podrán en su autonomía, destinar un porcentaje del recaudo entre el 0,5% y el 1% o en su defecto incrementar entre el 0,05 y el 1% el valor de las tarifas de qué trata el presente Artículo, con el objeto de financiar la creación de fondos cuenta especiales, sin personería jurídica y administrados por el Gobernador FONCOMDIGNIDAD, con el fin de ser invertidos en proyectos de infraestructura, mobiliario y dotación de las Comisarias de Familia.

(Su entrada en vigencia será el 4 de agosto de 2023 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley) ARTÍCULO 26. Formación y actualización. La formación y actualización periódica de todo el personal que labora en las comisarías de familia en aquellas materias relacionadas con violencias en el contexto familiar, violencias por razones de género, administración de justicia con perspectiva de género, prevención de la violencia institucional, las competencias subsidiarias de conciliación extrajudicial en derecho de familia, calidad de la atención con enfoque de género y étnico, y demás asuntos relacionados con su objetivo misional, estarán a cargo del ente rector.

  • La formación y actualización en relación con la protección de niños, niñas y adolescentes, estarán a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
  • ARTÍCULO 27.
  • Seguridad e integridad personal.
  • Es obligación de la Policía Nacional proveer el acompañamiento y protección necesarios al personal de las Comisarías de Familia cada vez que lo requieran, ya sea porque deban desempeñar labores fuera de las instalaciones, o porque la situación atendida así lo amerita o para dar efectivo cumplimientos a las medidas de protección establecidas por los Comisarios de familia.

Es obligación de las alcaldías municipales o distritales garantizar de manera permanente la seguridad de cada Comisaría de Familia. (Su entrada en vigencia será el 4 de agosto de 2023 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley) ARTÍCULO 28.

  • Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
  • Es obligación de las Alcaldías municipales y distritales adoptar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que permita anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los servidores públicos en los espacios laborales de las Comisarías de Familia.

Dentro del SG-SST se tendrá en cuenta planes para la preservación de salud mental de los servidores de las Comisarías de Familia. En consonancia con lo anterior, las Alcaldías municipales y distritales deberán destinar los recursos suficientes para el diseño e implementación del SG-SST.

El Departamento Administrativo de la Función Pública en coordinación con las entidades competentes desarrollarán e implementarán un protocolo de acciones de promoción, prevención e intervención de los factores de riesgos psicosociales en las Comisarías de Familia a nivel nacional, de conformidad con la normatividad vigente.

(Su entrada en vigencia será el 4 de agosto de 2023 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley) ARTÍCULO 29. Instalaciones e infraestructura y medios de transporte. Las Comisarías de Familia deben contar con instalaciones que respondan a las necesidades propias del servicio y que garanticen al menos: 1.

  1. Espacios que protejan el derecho a la intimidad y al debido proceso de las víctimas de violencia en el contexto familiar.2.
  2. Accesibilidad para las personas con discapacidad.3.
  3. Condiciones dignas de trabajo para el personal de la comisaría de familia.4.
  4. Dotación adecuada a las necesidades del servicio y la ubicación geográfica.5.

Servicios de internet permanente.6. Unidades sanitarias habilitadas para el público.7. Línea telefónicas exclusivas.8. Dotación de medios tecnológicos por parte del ente territorial, garantizando las audiencias virtuales.9. Transporte Permanente. PARÁGRAFO 1.

Las Alcaldías distritales y municipales, destinarán y/o adecuarán los espacios requeridos para el funcionamiento de las Comisarías de Familia y el mobiliario correspondiente, para lo cual, atendiendo los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, podrán celebrar convenios interadministrativos con las Gobernaciones.

PARÁGRAFO 2. La dotación de equipos, y de los demás elementos requeridos para el funcionamiento de las Comisarías de Familia, se incorporará a los rubros de financiación señalados en los Artículos 21, 22 y 25 de la presente ley. (Su entrada en vigencia será el 4 de agosto de 2023 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley) PARÁGRAFO 3.

El Ministerio de Justicia y del Derecho reglamentará, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, lo referente a las comisarías móviles establecidas en el parágrafo 1 del Artículo 6 de la presente ley. ARTÍCULO 30. Disponibilidad permanente. Las Alcaldías municipales y distritales según los lineamientos del ente rector, deben establecer mecanismos que garanticen la disponibilidad por medio virtual o presencial de siete (7) días a la semana y veinticuatro (24) horas al día de las Comisarías de Familia, así como la atención a las y los usuarios y el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas y jurisdiccionales a cargo de las comisarías de familia, frente a la protección en casos de violencias en el contexto familiar y la adopción de medidas de urgencia para la protección integral de niñas, niños y adolescentes, a fin de asegurar a las personas en riesgo o víctimas de violencia en el contexto familiar la protección y restablecimiento de sus derechos.

Para el efecto las Alcaldías municipales deberán: a. Priorizar en el marco de las funciones de policía judicial, los actos urgentes, especialmente cuando esté en peligro la vida e integridad física de la víctima, las capturas en flagrancia y las inspeccione a los cadáveres.b.

Ofrecer medios de transporte adecuado para el traslado de los funcionarios con el fin de practicar pruebas, realizar verificación de derechos, efectuar rescates, como también para el traslado de niñas, niños, adolescentes, mujeres, y cualquier persona víctima de violencia intrafamiliar a lugares de protección y aislamiento.c.

Suministrar inmediatamente los medios telefónicos y virtuales de uso exclusivo para que las comisarías de familia brinden orientación psicosocial y asesoría jurídica permanente a las y los usuarios, realizar entrevistas y seguimientos.d. Disponer los mecanismos para que las comisarías de familia realicen notificaciones y citaciones por medios virtuales o telefónicos.e.

  • Adecuar espacios para que las mujeres, niños, niñas, adolescentes, y adultos mayores puedan ser acogidos para su protección en el evento que exista riesgo de agresión o violencia en el hogar, los cuales deberán contar con asesoría y asistencia legal, acompañamiento psicosocial y psicopedagógico.f.
  • Generar estrategias encaminadas a informar a la ciudadanía sobre los servicios de las comisarías de familia, y los medios telefónicos y virtuales de atención dispuestos para el efecto, utilizando los mecanismos de difusión y comunicación más efectivos que estén al alcance del Distrito o municipio, entre ellos las emisoras comunitarias.

Las emisoras comunitarias tendrán la obligación de difundir de forma gratuita los servicios de las comisarías de familia y los medios telefónicos y virtuales de atención dispuestos para el efecto.g. Desarrollar campañas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales utilizando todas las herramientas y mecanismos de difusión, virtuales y/o audiovisuales posibles.

Las emisoras comunitarias tendrán la obligación de difundir de forma gratuita las campañas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.h. Generar mecanismos de articulación con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer o la entidad que subrogue o modifique sus funciones, organizaciones de mujeres, organismos internacionales y de cooperación en los territorios, que puedan brindar apoyo en atención psicosocial y acogida, en caso de requerirse.

Toda Comisaría de Familia debe garantizar la posibilidad de adoptar las medidas de protección provisionales y de atención a las que hace referencia el Artículo 16 de la presente ley, en cualquier momento. PARÁGRAFO 1. La Alcaldía municipal o distrital tomará las medidas administrativas requeridas para garantizar el cumplimiento de lo señalado en este Artículo, la disponibilidad de la Policía para apoyo al equipo interdisciplinario, y el respeto de los derechos la laborales de los funcionarios de las Comisarias de Familia, de acuerdo con la normativa vigente.

  • PARÁGRAFO 2.
  • La implementación de la atención virtual deberá considerar la situación de conectividad del territorio.
  • En todo caso se deberán crear estrategias de apropiación digital en la población para que puedan acceder a los servicios, para ello se contará con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

La respuesta a las solicitudes recibidas de manera virtual no puede superar los tiempos estipulados por la Ley, y en casos donde esté en riesgo la vida de la persona, se debe fortalecer la red de atención. PARÁGRAFO 3. El Ministerio de Justicia y del Derecho en coordinación con el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones establecerá un programa especial de priorización para la implementación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones de las comisarías de familia, para garantizar el acceso a la justicia de manera virtual a la población ubicada en las zonas rurales.

  • PARÁGRAFO 4.
  • Las Comisarías de Familia en cooperación con la Policía Nacional, deberán facilitar el traslado acompañado de la víctima en caso de que se requiera una valoración inmediata por medicina legal, con el fin de que se pueda adelantar satisfactoriamente cualquier proceso.
  • Modificado por la Ley 2197 de 2022.) CAPÍTULO VI GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA ARTÍCULO 31.

Ente rector. El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces en la Rama Ejecutiva, será el ente rector de las Comisarías de Familia y el responsable de construir los lineamientos técnicos para el desarrollo de sus actividades. PARÁGRAFO 1.

Las Comisarías de Familia seguirán haciendo parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, creado por la Ley 7 ª de 1979, bajo la dirección del ente rector propio definido en la presente ley. El Instituto colombiano de Bienestar Familiar como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, definirá los lineamientos técnicos que las Comisarías de Familia deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, y asegurar su restablecimiento.

PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Justicia y del Derecho dará especial acompañamiento a las autoridades de los municipios descritos en el Decreto Ley 893 de 2017 o la norma que la modifique o adicione, dándoles prioridad en los procesos de fortalecimiento de las Comisarías de Familia.

ARTÍCULO 32. Funciones y obligaciones del ente rector.1. Llevar el registro de las Comisarías de Familia conforme a lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 6 de la presente ley.2. Establecer protocolos estandarizados para la atención de las víctimas de violencia en el contexto familiar.3. Definir los protocolos, guías y rutas de atención conforme a lo establecido en los principios rectores de la presente ley, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de las Comisarías de Familia.4.

Crear y administrar el Sistema de Información establecido en el Artículo 33 de la presente ley, teniendo en cuenta las necesidades del servicio de las Comisarías de Familia.5. Garantizar una formación periódica y adecuada del personal de las Comisarías de Familia conforme a las necesidades del servicio y a los términos de la presente ley, en especial, lo definido en el Artículo 26 de la presente ley.6.

Diseñar programas de prevención de violencias en el contexto familiar para que sean implementados por los municipios y distritos.7. El ente rector tendrá las facultades de inspección, vigilancia y control de las Comisarías de Familia.8. Presentar un informe anual ante el Congreso de la República sobre los avances de su gestión el cual deberá contener, como mínimo, la siguiente información: estado del sistema información, tiempos de atención y respuesta, número y cobertura de las Comisarías de familia, formación y actualización del talento humano, acceso a los servicios, funcionamiento de las comisarías, garantías de disponibilidad y análisis de reincidencia.9.

Realizar estudios de investigación que permitan identificar causas, construcciones socioculturales y nuevas dinámicas de la violencia de género en el ámbito familiar.10. Establecer un plan de financiamiento progresivo para la creación de nuevas comisarías de familia en los municipios de categoría 5 y 6, así como en áreas no municipalizadas.

Este plan deberá presentarse dentro de los 2 años siguientes a la vigencia de la presente ley y se renovará cada 5 años.11. Establecer un instrumento de valoración de riesgo de feminicidio con un enfoque diferencial, en cuya formulación participen las Comisarías de Familia en el marco de sus funciones, y la sociedad civil, dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.12.

Definir indicadores de resultado o impacto que permitan analizar los efectos de los programas y acciones adelantadas para la prevención de la violencia basada en género en el contexto familiar.13. Coordinar acciones interinstitucionales para identificar alertas y adoptar medidas efectivas de protección y atención de las víctimas, en cumplimiento del principio de la debida diligencia.

ARTÍCULO 33. Sistema de información. El Ministerio de Justicia y del Derecho creará y mantendrá en funcionamiento un Sistema de Información para las Comisarías de Familia, que registre las medidas de protección y sanciones impuestas, así como los datos establecidos en los lineamientos técnicos definidos por este.

PARÁGRAFO 1. En lo que tiene que ver con la competencia subsidiaria otorgada por el Artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, la Comisaría de Familia, reportará y mantendrá actualizada la información, en el sistema que para el efecto tenga dispuesto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

PARÁGRAFO 2. La herramienta que desarrolle el Sistema de Información deberá garantizar la interoperabilidad con el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género SIVIGE y con otros sistemas relacionados con las funciones de las Comisarías de Familia. CAPÍTULO VII INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA (Su entrada en vigencia será el 4 de agosto de 2023 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley) ARTÍCULO 34.

Competencia. El Presidente de la República ejercerá por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, la inspección, vigilancia y control de las Comisarías de Familia. ARTÍCULO 35. Inspección. El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá la atribución para solicitar, verificar y analizar en los términos que determine, la información que requiera para procurar, exigir y constatar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias a cargo de las Comisarías de Familia.

  • ARTÍCULO 36.
  • Vigilancia.
  • La vigilancia consiste en la atribución permanente del Ministerio de Justicia y del Derecho para advertir, prevenir, orientar y propender porque las Comisarías de Familia cumplan con su objeto misional, de acuerdo con lo señalado en la ley.
  • ARTÍCULO 37. Control.
  • El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá la atribución de ordenar los correctivos necesarios para subsanar las situaciones que pudieren constituir alguna o varias de las faltas establecidas en el Artículo 40 de la presente ley.

El Ministerio de Justicia y del Derecho podrá promover la presentación de planes de mejora de la situación que dio origen al control, y vigilar el cumplimiento de la ejecución de los mismos. Cuando en concepto del Ministerio de Justicia y del Derecho no se hubieren adoptado los correctivos a la situación identificada o la Comisaría de Familia haya incurrido en una falta grave, se iniciará un proceso administrativo sancionatorio conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 38. Sanciones. El Ministerio de Justicia y del Derecho, una vez comprobada la infracción y previas las garantías del debido proceso, podrá imponer a la Alcaldía municipal o distrital, o a la Comisaría de Familia según corresponda, cualquiera de las siguientes sanciones: 1. Amonestación escrita.2.

Multa no inferior a diez (10) ni mayor a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Tesoro Público. ARTÍCULO 39. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios: 1.

  1. El grado de perturbación del servicio.2.
  2. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.3.
  3. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta.4.
  4. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.5.
  5. La ocurrencia de hechos de violencia institucional.

ARTÍCULO 40. Faltas. El Ministerio de Justicia y del Derecho podrá sancionar a la Alcaldía Municipal o Distrital, o a la Comisaría de Familia según corresponda, en los siguientes eventos: 1. Cuando no se creen comisarías de familia conforme a los parámetros del Artículo 6° de la presente ley.2.

Cuando no se realice la inscripción de la comisaría de familia según lo establecido en el Artículo 6° de la presente ley.3 Cuando no se reporta mensualmente al ente rector la información de las comisarías de familia que se encuentren funcionando y las que se creen, indicando el personal que las integra, la modalidad de funcionamiento, los horarios y canales de atención.4.

Cuando las Comisarías de Familia no cuenten con el equipo interdisciplinario mínimo establecido en el Artículo 8° de la presente ley.5. Cuando la Comisaría de Familia no cuente con las instalaciones e infraestructura mínima establecida en el Artículo 29° de la presente ley.6.

Cuando la Comisaría de Familia no cuente con la disponibilidad permanente a la que se refiere el Artículo 30° de la presente ley.7. Cuando no se cumpla con los requisitos establecidos para el cargo de Comisario de Familia y de los integrantes del equipo interdisciplinario.8. Cuando el proceso de selección del personal de la Comisaría de Familia, no se adelanta conforme a lo estipulado en esta ley.9.

Cuando no se adopta e implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.10. Cuando no se garantiza la accesibilidad física, de la información y las comunicaciones.11. Cuando la Comisaría de Familia no aplique los protocolos, guías y rutas de atención establecidos por el ente rector.12.

  1. Cuando no se registre o no se actualice la información en el Sistema de Información de Comisarías de Familia.13.
  2. Cuando no se realice orientación a las víctimas de las violencias de que trata esta ley, sobre sus derechos y obligaciones.14.
  3. Cuando no se reciban denuncias en casos de violencia en el contexto familiar.15.

Cuando no se active la ruta de atención integral de las víctimas de violencia en el contexto familiar.16. Cuando no se divulguen los derechos y rutas de atención de las personas usuarias. PARÁGRAFO. No será susceptible de aplicar la multa pecuniaria prevista en el Artículo 38, al numeral 5 del presente Artículo, cuando se trate de municipios de sexta (6) categoría, previa certificación formal por parte de la administración que no existe disponibilidad presupuestal para realizar las adecuaciones de infraestructura tal como lo prevé la presente.

  • ARTICULO 41.
  • Publicación de sanciones.
  • Las sanciones impuestas por el Ministerio de Justicia y del Derecho a una Comisaría de Familia, serán publicadas en el Sistema de Información.
  • CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES VARIAS ARTÍCULO 42.
  • Asesoría del departamento administrativo de la función pública a los entes territoriales.

Corresponderá al Departamento Administrativo de la Función Pública en coordinación con las entidades competentes en la materia, asistir técnicamente y capacitar a las entidades territoriales en: la organización e implementación de las Comisarías de Familia, en la creación de estas dependencias o entidades, la modificación de la planta de personal, el ajuste a los manuales de funciones y competencias laborales, conforme a la normativa vigente.

ARTÍCULO 43. Todas las erogaciones que se causen con ocasión de la implementación y ejecución de la presente ley deberán consultar la situación fiscal de la Nación y ajustarse al Marco de Gasto de Mediano Plazo de cada sector involucrado, en concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las normas orgánicas de presupuesto.

ARTÍCULO 44. El Gobierno nacional en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en coordinación con las entidades competentes, en un plazo no mayor a dieciocho (18) meses, a partir de la vigencia de la presente ley, tomará las medidas administrativas y presupuestales necesarias de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para fortalecer la capacidad institucional de las Defensorías de Familia y mejorar las condiciones laborales de los defensores de familia a nivel nacional, con el fin de garantizar el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de sus funciones las cuales están orientadas a prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

  1. ARTÍCULO 45.
  2. La presente ley aplicará para las comisarías de familia de carácter departamental que funcionen en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
  3. ARTÍCULO 46.
  4. Adiciónese un parágrafo 3 al Artículo 53 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así: PARÁGRAFO 3°.
  5. Cuando el niño, niña o adolescente se encuentre con una medida de restablecimiento de derechos de ubicación en una modalidad de apoyo y fortalecimiento en medio diferente a la familia, los equipos de las Comisarías y Defensorías de Familia deberán realizar visitas presenciales mínimo una vez al mes.

El acompañamiento deberá iniciar desde que la autoridad administrativa adopta esta medida de restablecimiento de derechos, en el auto de apertura, antes del fallo o en las etapas de seguimiento y entre tanto se encuentre en esta ubicación. ARTÍCULO 47.

Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación, salvo el parágrafo 1 del Artículo 5, los Artículos 6, 8, 9, 11, 22, 25, el inciso 1 del Artículo 27, el Artículo 28, el Artículo 29 a excepción de su parágrafo 3o y el capítulo VII, que entrarán a regir a partir de los dos (2) años de su entrada en vigencia.

PARÁGRAFO 1°. Los casos que estén bajo el conocimiento de las Defensorías de Familia y de las Comisarías de Familia, y que difieran de la competencia establecida en el Parágrafo Primero del Artículo 5 de la presente ley, continuarán siendo tramitados hasta su finalización, ante la autoridad que los esté conociendo.

  1. PARÁGRAFO 2°.
  2. La Fiscalía General de la Nación tendrá un plazo de máximo dos (2) años para organizar de manera coordinada, el traslado de las funciones transitorias de policía judicial asignadas a las Comisarías de Familia, a las Inspecciones de Policía.
  3. Vencido este plazo, dichas funciones no podrán volver a ser otorgadas a las Comisarías de Familia.

ARTÍCULO 48. Derogatorias. Deróguese las siguientes disposiciones: a. A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados los Artículos 83, 85 y 86 de la Ley 1098 de 2006; la expresión «el comisario de familia» del Artículo 109 de la Ley 1098 de 2006; la expresión «el comisario de familia y en defecto de este por» del Artículo 113 de la Ley 1098 de 2006; la expresión «el Comisario de Familia del lugar donde se cometió la contravención o en su defecto» del Artículo 190 de la Ley 1098 de 2006 modificado por el Artículo 91 de la Ley 1453 de 2011; la expresión «los comisarios de familia» del Artículo 31 de la Ley 640 de 2001 y toda otra disposición que resulte contraria a lo establecido en esta ley.b.

¿Qué tipo de ley es la ley 2155 de 2021?

Información que necesita saber sobre la Ley de Inversión Social – Ley 2155 de 2021 1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS JURÍDICAS 1.1. Tarifa general en el impuesto sobre la renta y puntos adicionales para instituciones financieras. Incrementa la tarifa general del impuesto sobre la renta a partir del año 2022 a 35%.

  • Por lo que desaparece la reducción gradual en la tarifa como quedo con la anterior reforma tributaria.
  • Por el periodo gravable 2022, 2023, 2024 y 2025, las entidades financieras que tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT tiene la obligación de liquidar tres (3) puntos porcentuales adicionales a la tarifa general del 35%, es decir se incrementa su tributación al 38%.

El incremento de la tarifa para personas jurídicas no se extiende a contribuyentes con tarifas especiales.1.2. Descuento de ICA en el impuesto sobre la renta El artículo 115 establece que los contribuyentes pueden tomar como descuento tributario del impuesto sobre la renta el 50% del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros.

Este porcentaje se incrementarían al 100% a partir del año 2022, con la presente reforma tributaria se deroga dicha disposición y se mantuvo el descuento al 50%.1.3. Incentivo tributario para las empresas de economía naranja Se elimina el requisito del monto mínimo de inversión requerido para acceder al incentivo tributario de que trata el literal f) del numeral 1 del artículo 235-2 ET.

Las sociedades no tendrán que realizar una inversión de 4.400 UVT en un plazo máximo de tres (3) años, contados a partir de la aprobación del proyecto de economía naranja por parte del Ministerio de Cultura. Se reduce de 7 a 5 años el término de vigencia del beneficio de renta exenta proveniente de las actividades realizadas por las empresas de la económica naranja.

Se amplía el término para acceder a este beneficio hasta el 30 de junio de 2022 (hoy hasta el 31 de diciembre de 2022). Las sociedades deben ser constituidas e iniciar su actividad económica antes de esa fecha.1.4. Beneficio de Auditoría Se establece el beneficio de auditoría para los periodos gravables 2022 y 2023.

El cual operará cuando el contribuyente aumente su impuesto neto de renta en mínimo 35% o un 25% respecto de la declaración de renta del año anterior e implica que dicha declaración quedará en firme si la DIAN no ha iniciado formalmente un proceso de fiscalización dentro de los 6 o 12 meses, respectivamente.

  • Este beneficio no es aplicable a los contribuyentes que gocen de beneficios tributarios en razón a su ubicación en una zona geográfica determinada.2.
  • IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 2.1.
  • Exención de IVA por 3 días al año y bienes cubiertos Se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, sin derecho a devolución y/o compensación, una lista de bienes que incluye vestuario, electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, elementos deportivos, juguetes, juegos, útiles escolares, y bienes e insumos para el sector agropecuario.2.2.

Requisitos i) Las ventas deben efectuarse de manera presencial y/o a través de medios electrónicos y/o virtuales, y directamente a la persona natural que sea consumidor final de dichos bienes cubiertos; (ii) La obligación de facturar debe cumplirse mediante los sistemas de facturación vigentes; (iii) La factura debe ser emitida en el día en el cual se efectuó la enajenación de dichos bienes, en caso que la venta se realiza por comercio electrónico, la emisión se deberá realizar más tardar a las 11:59 p.m.

del día siguiente al día en el que se efectuó la venta; (iv) Los bienes se deben entregar o ser recogidos dentro de las dos (2) semanas siguientes, contadas a partir de la fecha en la cual se emitió la factura o documento equivalente; (v) La fecha del comprobante de pago por la adquisición de los bienes cubiertos deberá corresponder al día exento de IVA en el que se efectúo la venta; (vi) El consumidor final puede adquirir hasta 3 unidades del mismo bien cubierto.2.3.

Exención transitoria de IVA en servicios de hotelería y turismo Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022 la 6 exención transitoria de IVA para servicios de hotelería y turismo prestados a residentes en Colombia, incluyendo turismo de reuniones, congresos, convenciones y exhibiciones, y entretenimiento.2.4.

Limitación a la exclusión de IVA para importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida Se limita la exclusión de IVA prevista para importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida, cuyo valor no exceda de 200 USD, y sean procedentes de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o tratado de Libre Comercio, en virtud del cual, se obligue expresamente al no cobro de este impuesto.

Este beneficio no podrá ser utilizado cuando las importaciones tengan fines comerciales.3. IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA 3.1. Sujetos pasivos y hecho generador Se crea este impuesto complementario para el año 2022, el cual estará a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre renta o de regímenes sustitutivos –RST- del impuesto sobre la renta, que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2022.

  • El impuesto complementario de normalización tributaria también podrá utilizarse para el saneamiento de los activos diferentes a inventario, declarados a valores inferiores al de mercado en normalizaciones anteriores, incluyendo a su valor las sumas adicionales como base gravable.3.2.
  • Base gravable La base gravable del impuesto será el valor del costo fiscal histórico de los activos omitidos o el autoevalúo comercial que establezca el contribuyente con soporte técnico, que se compone del precio de adquisición de dichos bienes para efectos de determinar su costo fiscal.

En caso de repatriación esta base se puede reducir al 50%.3.3. Tarifa, declaración, liquidación y pago La tarifa del impuesto será del 17%, y se debe declarar y liquidar en una declaración independiente hasta el 28 de febrero de 2022, en cuyo caso no se permite corrección o presentación extemporánea de la declaración por parte de los contribuyentes.

  1. La declaración presentada con pago parcial o sin pago no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.
  2. El 50% del impuesto se pagará como un anticipo en el periodo gravable 2021, y en los plazos que determine el Gobierno a través del reglamento respectivo.3.4.

Exoneración de riesgos en otras declaraciones y obligaciones fiscales El incremento patrimonial con ocasión de la declaración de activos omitidos o pasivos inexistentes no dará lugar a:

Renta gravable por el sistema de comparación patrimonial. Renta líquida gravable por activos omitidos en el año en que se declaren ni en los años anteriores. Sanción alguna en el impuesto sobre la renta, regímenes sustitutivos –RST-, ni en el impuesto sobre las ventas –IVA., ni en materia del régimen de precios de transferencia, ni en materia de información exógena. Sanción respecto de declaración anual de activos en el exterior. Acción penal por la omisión de activos omitidos o pasivos inexistentes. El registro extemporáneo ante el Banco de la República para efectos del cumplimiento del régimen cambiario, de la inversión colombiana en el exterior o las inversiones financieras y en activos en el exterior, no genera infracción cambiaria

4. RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Se amplía la cobertura del régimen, incrementando el umbral para acceder al régimen de 80.000 UVT a 100.000 UVT (aproximadamente $3.630.800.000 para el 2021), y en esa medida, se modifican los ingresos brutos anuales para todos los contribuyentes del simple, pasando a ser inferiores a 100.000 UVT.

Se extendió el plazo para inscribirse en el SIMPLE hasta el último día hábil del mes de febrero del año gravable para el que ejerce la opción. Se estableció que para el año gravable 2022, los contribuyentes pertenecientes a este régimen cuya actividad exclusiva sea el expendio de comidas y bebidas no serán responsables de IVA ni del INC de restaurantes y bares.5.

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 5.1. Registro Único Tributario La DIAN podrá inscribir de oficio en el RUT a cualquier persona natural, que de acuerdo con la información que disponga, sea sujeto de obligaciones tributarias de orden nacional. Para lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, compartirán de forma estándar la información básica necesaria para la inscripción.5.2.

Sistema de Facturación En las operaciones a crédito o a plazos, soportadas en facturas electrónicas, el adquirente deberá confirmar el recibo de la factura electrónica y de los bienes o servicios adquiridos mediante mensaje electrónico remitido al emisor de la factura, para soportar los costos y gastos en renta relacionados con dichas facturas, así como impuestos descontables.

El tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. lo podrán expedir los sujetos obligados a facturar, siempre que la operación económica no supere cinco (5) UVT, sin incluir ningún impuesto, de conformidad con el calendario que para tal efecto expida la DIAN.

El sistema P.O.S. no otorga derecho a descontables en el impuesto sobre las ventas. Para que se materialice la transferencia de derechos económicos contenidos en una factura electrónica que sea un título valor, el enajenante, cedente o endosatario deberá inscribir en el RADIAN la transacción realizada.

Hasta tanto no se realice el registro de las operaciones en el RADIAN, no se hará efectiva la correspondiente cesión de derechos. Sanciones relativas a los documentos del sistema de facturación: Sanción por no enviar información prevista en el art.651 ET por la no transmisión en debida forma de los documentos del sistema de facturación.

  • Sanción por expedir facturas sin requisitos prevista en el art.652 ET por expedir los documentos que hacen parte del sistema de facturación sin los requisitos establecidos.
  • Sanción por no facturar prevista en el art.652-1 ET cuando no se expidan los documentos del sistema de facturación.5.3.
  • Determinación oficial del impuesto sobre la renta mediante facturación Se autoriza a la DIAN para establecer la facturación del impuesto sobre la renta, la cual constituye la determinación oficial del tributo y presta mérito ejecutivo.

La base gravable como los demás elementos del tributo, se establecerán por parte de la DIAN conforme a la información obtenida de terceros, el sistema de facturación electrónica y demás mecanismos previstos en la Ley para el efecto. La DIAN reglamentará los sujetos a quienes se les facturará, los plazos, condiciones, mecanismos tecnológicos, fecha de entrada en vigencia, entre otros.

  • La factura se notificará con su inserción de la página web de la DIAN y, solo en el caso en el que el contribuyente esté inscrito en el RUT y tenga correo electrónico registrado en él, deberá enviarse además la notificación a dicho correo electrónico.
  • La omisión de la divulgación por este último mecanismo no invalida la notificación efectuada.

Cuando el contribuyente no esté de acuerdo con la factura del impuesto de renta expedida por la DIAN, deberá proceder a declarar y pagar el tributo conforme al sistema de declaración tradicional, dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir del procedimiento de inserción en la página web o contados desde el día siguiente al envío del correo electrónico.

En este caso la factura pierde fuerza ejecutoria y en consecuencia no procede recurso alguno. Si contribuyente presenta la declaración correspondiente, la DIAN podrá expedir una liquidación provisional o determinar el impuesto a cargo según las normas establecidas en el Estatuto Tributario. En caso contrario, la factura quedará en firme y prestará mérito ejecutivo para efectos de iniciar el procedimiento de cobro de la misma.5.4.

Beneficiarios finales Se incluye una nueva definición del concepto de beneficio final y se crea el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) el cual hará parte integral del RUT. La DIAN reglamentará los términos y condiciones correspondientes a este asunto.6.

ALIVIOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, SANCIONES E INTERESES 6.1. Reducción transitoria de sanciones e intereses para obligaciones en mora Este beneficio otorga una reducción en las sanciones y los intereses moratorios al 20% del monto previsto en la legislación aduanera, cambiaria y tributaria.

Se incluyen aquellas sanciones liquidadas en actos administrativos independientes y sus actualizaciones. Reducción de la tasa de intereses moratorio al 20% del interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo, liquidada diariamente a una tasa de interés diario.

Tengan obligaciones en mora en el pago a 30 de junio de 2021. Cuyo incumplimiento haya sido ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia. Están sean de aquellas administradas por la DIAN, impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial, como a las obligaciones parafiscales de determinación y sancionatorias que se encuentren en proceso de cobro adelantados por la UGPP. No aplica a los aportes e intereses del Sistema General de Pensiones. Se paguen a 31 de diciembre de 2021 o, tengan facilidades de pago suscritas con la DIAN y los entes territoriales hasta el 31 de diciembre de 2021.

6.2. Aplicación del principio de favorabilidad a obligaciones en etapa de cobro La posibilidad de solicitar ante el área de cobro respectiva de la DIAN, la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria, que aplicará únicamente respecto de todas las sanciones tributarias que fueron reducidas de conformidad con la Ley 1819 de 2016, siempre y cuando el solicitante: 6.3.

Terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios Consiste en la posibilidad de transar con la DIAN hasta el 31 de marzo de 2022 el 80% de las sanciones o intereses contenida en requerimiento especial, liquidación oficial o resolución del recurso de reconsideración, siempre y cuando el contribuyente corrija su declaración privada, pague el 100% del impuesto a cargo, y el 20% restantes de sanciones e intereses.

Cuando se trate de pliego de cargos y resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones dinerarias, en las que no hubiere impuesto o tributo aduanero en discusión, la transacción operará respecto del 50% de las sanciones actualizadas. Respecto a sanciones por no declarar y las resoluciones que fallen recursos, la DIAN podrá transar el 70% del valor de la sanción e intereses, siempre y cuando el contribuyente presente la declaración correspondiente al impuesto objeto de discusión, pague el 100% del impuesto y el 30% de las sanciones e intereses.

El mismo porcentaje del 50% a transar, operará frente a sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, pero el obligado deberá adicionalmente reintegrar las sumas devueltas o compensadas o imputadas en exceso y sus respectivos intereses (reducidas al 50%). El acta que aprueba la terminación por mutuo acuerdo pone fin a la actuación administrativa tributaria, aduanera o cambiaria y presta mérito ejecutivo.

También podrán trazarse sanciones e intereses derivados de procesos administrativos de determinación o sancionatorios ante la UGPP.6.4. Conciliación de procesos en sede judicial Consisten en la facultad para conciliar sanciones e intereses con la DIAN en procesos judiciales de asuntos tributarios, aduaneros y cambiarios, discutidos contra liquidaciones oficiales, como de procesos judiciales en que se discuten sanciones dinerarias provenientes de resoluciones.

  • También podrá conciliarse con la UGPP sanciones e intereses derivados de procesos administrativos en sede de determinación o sancionatorio.
  • No aplicará a procesos de determinación de aportes al Sistema General de Pensiones.
  • Cuando el proceso se halle en segunda instancia (el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia ya ha sido admitido) ante el Tribunal Contencioso Administrativo o el Consejo de Estado: por el 70% del total de sanciones, intereses y actualización según el caso, siempre y cuando el demandante pague el 100% del impuesto en discusión y el 30% restante de sanciones, intereses y actualización.

Cuando se trate de procesos judiciales sobre sanciones dinerarias de carácter tributario, aduanero y cambiario, en las que no hubiere impuesto a discutir, la conciliación operará respecto del 50% de las sanciones actualizadas. El mismo porcentaje opera frente a sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, pero el obligado deberá adicionalmente reintegrar las sumas devueltas o compensadas o imputadas en exceso y sus respectivos intereses (reducidas al 50%).

Haber presentado la demanda antes del 30 de junio de 2021. Que la demanda haya sido admitida antes de la presentación de la solicitud de conciliación ante la Administración. Que no existe sentencia en firme que le ponga fin al respectivo proceso judicial. Adjuntar prueba del pago, de las obligaciones objeto de conciliación de acuerdo con lo indicado en los puntos anteriores. Que la solicitud de conciliación sea presentada ante la DIAN hasta el 31 de marzo de 2022.

6.5. Los deudores de multas por infracciones de las normas de tránsito que se hayan hecho exigibles con anterioridad al 30 de junio de 2021. Los deudores de infracciones de tránsito de vehículos, tendrán derecho a la siguiente condición especial de pago: 1.

  • Dentro de los 4 meses siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 2155 se pague el 50% del capital sin intereses de mora.2.
  • Entre los 4 y 8 meses siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 2155 se pague el 50% del capital sin intereses de mora.3.
  • Entre los 8 y 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 2155 se pague el 80% del capital sin intereses de mora.

No aplica para el pago de infracciones a las normas de tránsito impuestas a conductores bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas. La condición especial de pago aplica de igual forma a los deudores de infracciones de tránsito de motocicletas, en una proporción diferente a la anterior.

¿Qué dice la ley sobre el uso del celular?

¿Dónde debo llevar mi teléfono si voy manejando? – De acuerdo con el nuevo reglamento, ya no podrás llevar tu celular en cualquier parte del auto:

Tu teléfono o cualquier otro dispositivo electrónico o digital deberán ir en un lugar que impida su desplazamiento durante la marcha o su proyección en caso de accidente. Donde sitúes tu teléfono o tablet, no debe obstaculizar la visión del panel de instrumentos del vehículo, ni tu visión directa como conductor, así como tampoco interferir con la operación segura del vehículo.

¿Que no te pueden exigir los colegios?

En menos de dos meses iniciará el Año Escolar 2023, pero ¿sabes cuáles son tus derechos como padre de familia o estudiante al adquirir un servicio educativo privado? Según el Indecopi, los padres deben recordar que solo está permitido el cobro de la cuota de ingreso, matrícula y pensión.

  • En caso sea la primera vez que vas a matricular a tu hijo es usual que se pague una cuota de ingreso, a esto se suma la cuota de matrícula, que es anual, y la pensión mensual.
  • Pero, los colegios no están habilitados para cobrar una cuota adicionales sea por el conceptoque sea.
  • En caso el colegio haya decidido aumentar los costos de su matrícula o mensualidad, esto debe haber sido informado con antelación al terminar el año escolar anterior.

Anteriormente, representantes del Indecopi precisaban que si en el 2022 no se te informó que se iba a incrementar la pensión entonces ya no pueden subir ni un sol. Incluso se indica que los padres de familia pueden solicitar devuelta el cobro de matrícula y cuota de ingreso en caso decida trasladar a su hijo a otra institución educativa.

  1. El colegio tampoco te puede exigir ni sugerir dónde comprar los uniformes ni la marca de los útiles de tus hijos, pues esto debe depender de tu presupuesto.
  2. Además, los colegios no pueden exigir todos los materiales educativos y/o útiles escolares en el primer día de clases, estos deberán ser enviados según sean necesitados para el desarrollo de las clases.

«El Reglamento Interno de la institución educativa debe contener información sobre el plazo para su entrega gradual, el cual no puede ser menor a treinta días calendario posterior a la fecha de inicio de clases», sostienen. Respecto a los libros, el Indecopi señala que estos pueden ser nuevos o de segundo uso y no es obligatorio comprar nuevos, a diferencia de los cuadernos de tarea, trabajo o actividades, que solo se pueden utilizar por única vez, pueden ser físicos (en papel) o virtuales (plataformas virtuales).

¿Cuáles son los países que prohíben el celular dentro del salón de clases?

(CNN) – Una prohibición de teléfonos celulares en las aulas en el estado australiano de Victoria fue anunciada el miércoles. La prohibición, que se aplicará a los estudiantes de primaria y secundaria, está diseñada para acabar con el ciberacoso y las distracciones en el aula, dijo el gobierno de Victoria en un comunicado.

  1. Aunque algunas escuelas en Australia ya han prohibido el uso de teléfonos celulares, esto marca la primera prohibición estatal en el país.
  2. Comenzará a partir del primer periodo escolar de 2020.
  3. Los estudiantes deberán apagar sus teléfonos y guardarlos de forma segura en los armarios desde el comienzo del día escolar hasta la campana final.

Cuando ocurran emergencias, los padres o tutores pueden comunicarse con sus hijos llamando a la escuela «, decía el comunicado. El ministro de Educación de Victoria, James Merlino, dijo que no esperaba que la medida fuera «universalmente popular», pero dijo en sus redes sociales oficiales que era lo «correcto».

  1. This was something I thought about long and hard.
  2. It won’t be universally popular.
  3. But banning mobile phones at schools is the right thing to do.
  4. It will cut down on distraction in the classroom and cyber-bullying in the schoolyard.
  5. Https://t.co/Mblz4wBcnl — James Merlino (@JamesMerlinoMP) June 25, 2019 La medida tiene precedentes.

El estado más grande de Australia, Nueva Gales del Sur, prohibió los teléfonos móviles en las escuelas primarias en 2018, y Francia prohibió todos los teléfonos inteligentes y dispositivos inteligentes de las escuelas. LEE : Los niños de Francia ya no pueden tener celulares en las escuelas El ministro de Educación australiano, Dan Tehan, dijo en una declaración que apoyaba la prohibición de Victoria.

  • Cuando hablo con padres y maestros, la gran mayoría quiere que se tomen medidas para prohibir los teléfonos móviles en el aula», dijo Tehan en una declaración.
  • En una encuesta realizada en 2019 a aproximadamente 2.000 adultos australianos, hecha por el profesor Neil Selywn de la Universidad de Monash, casi el 80% apoyó una restricción en el uso de teléfonos celulares en las escuelas, mientras que un tercio apoyó una prohibición total.

Ann Marie, directora de una escuela secundaria en un colegio en Victoria, le dijo a ABC Radio Melbourne que los alumnos de su escuela habían acordado restringir el uso de su teléfono celular durante el día, explicando que esperaban reducir el «bullying», la distracción y la rivalidad».

MIRA : Ahora los jóvenes tienen un ‘cuerno’ en el cráneo; la razón: los celulares, dice estudio Pero ha habido algunas preocupaciones. El Sindicato de Educación Australiana de Victoria dijo en un comunicado que si bien apoya la prohibición, «no podemos perder de vista los beneficios que la tecnología, incluidos los teléfonos móviles, pueden brindar a la enseñanza y al aprendizaje de alta calidad».

Algunos alumnos con necesidades especiales estarán exentos de la prohibición, incluidos aquellos que requieren teléfonos para controlar las condiciones de salud o aquellos que han recibido el permiso de un maestro.

¿Cuándo entra la Ley de celulares?

El Mostrador, el primer diario digital de Chile. La ley, que ya entró en vigencia, prohíbe la conducción de un vehículo, sea motorizado o no no, haciendo uso del teléfono celular o cualquier otro artefacto electrónico o digital. Esto no contempla a quienes tengan un vehículo que incluya un dispositivo móvil de fábrica.

  1. Llamadas telefónicas, envío de mensajes, envío de correos o manejo de un GPS.
  2. Sobre esto último, la ley establece que se permite el uso de aplicaciones, tales como mapas, siempre y cuando la acción no implique la manipulación del dispositivo.
  3. Las sanciones, que califican el hecho como una infracción gravísima, contempla multas entre los $80 mil y $160 mil.

Además, se suspende la licencia entre 5 y 45 días y en caso de reincidencia, puede ser suspendida hasta por tres meses. El capitán de Carabineros, César Sandoval, experto en zonas de tránsito, carreteras y seguridad vial, dijo que los ha habido un alza en los accidentes de tránsito a raíz de la pandemia, por lo que la situación «no es chiste». La Ley «No Chat» fue publicada en el Diario Oficial y comenzó oficialmente su entrada en vigencia. Su modificación, prohíbe la manipulación de dispositivos electrónicos dentro de un vehículo, hecho que ha generado una serie de accidentes de tráfico debido a personas que envían mensajes de texto cuando conducen un automóvil.

Detalladamente, la Ley prohíbe la conducción de un vehículo motorizado o no, manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital. Esto no contempla a quienes tengan un automóvil que incluya el dispositivo telefónico de fábrica. De esta forma, todos quienes manejen autos, buses, camiones, motocicletas y bicicletas, no podrán llamar, enviar mensajes, correos electrónicos o manipular un GPS.

Según las especificaciones del reglamento, se puede autorizar su manipulación solamente a través del uso de un equipo de manos libres. Otra de las medidas que sostiene la Ley, es una prohibición de la manipulación de los artefactos electrónicos durante el tiempo completo de conducción, lo que incluye que el conductor no puede tomar el teléfono hasta cuando esté esperando una luz roja o en medio de una congestión vehicular.

Las sanciones o multas por hacer caso omiso a la Ley, van desde las 1,5 a 3 UTM ($80mil- $160 mil) y está considerada como una infracción gravísima. Además, comprende la suspensión de la licencia de conducir entre 5 y 45 días y en caso de reincidencia, la suspensión se puede alargar hasta por tres meses.

En conversación con Radio ADN, el capitán de Carabineros César Sandoval, experto en zonas de tránsito, carreteras y seguridad vial, comentó que la finalidad de la Ley es «prevenir accidentes de tránsito en el país». «La importancia que tiene esta ley es prevenir la segunda causa más grande de accidentes de tránsito en este país, que es no estar atento a las condiciones del tránsito del momento», expresó.

  • Esta ley viene a reconfortarnos a nosotros, a tener mejores herramientas para fiscalizar y en el fondo podamos entender y concientizar a la ciudadanía», agregó.
  • Por otro lado, el capitán llamó a no tomarle el peso a la situación, ya que «no es chiste», debido a la gran cantidad de personas que fallecen día a día a causa de estos accidentes.

«La gravedad de los hecho que estamos viviendo a diario en el país es lamentable, esta pandemia nos ha llevado la vida de muchos compatriotas y los Siad de Carabineros que investigamos los accidentes de tránsito, vemos fallecidos todos los días. No es chiste, no es algo superficial, estamos hablando de la vida de las personas de Chile», concluyó.